En la entrega próximo pasada de esta columna publicamos íntegramente lo que calificamos como “humillante nota diplomática”, es decir, lo que se conoce en los anales de la diplomacia dominicana como la nota 14, la cual, cumpliendo instrucciones del Departamento de Estado, entregó a la cancillería dominicana el entonces Ministro de los Estados Unidos en la República Dominicana William W. Russell, el 19 de noviembre de 1915.
Tan insólita requisitoria diplomática contenía inauditas exigencias, que como se indicara anteriormente, presagiaban lo que ocurriría justo un año después, al lanzar a los cuatro vientos el Comandante Knapp su prepotente proclama que declaraba formalmente instaurada la ocupación militar de la República Dominicana por parte de las tropas norteamericanas.
Unos veinte días después, por encontrarse fuera de la ciudad el presidente Jimenes, la cancillería dominicana se dispuso a responder con responsabilidad y tacto la tristemente célebre nota 14.
Ocupaba a la sazón la titularidad de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores el distinguido intelectual e historiador dominicano Lic. Bernardo Pichardo (1877- 1924), hombre y ciudadano de pronunciadas calidades, que ya a los 23 años había sido Secretario de Estado y quien, además de ser un destacado periodista y tribuno, ocupó posiciones cimeras como servidor de Estado, entre las que destacan la de Procurador Fiscal de Santo Domingo, Administrador de Correos, Ministro de Gabinete, Enviado Especial ante la Santa Sede, Administrador de Correos y Cónsul General en Hamburgo.
Respecto a su valioso desempeño en la ocasión, expresó una valiosa publicación de la época: “ tuvo durante el gobierno de don Juan Isidro Jiménes, la cartera de Relaciones Exteriores, la cual desempeño de una manera honrosa y digna, demostrando un tacto y una pureza de principios que son, a justo título, su más alto timbre de orgullo”.
Y se ofrecía un retrato de su singular perfil político, destacando las cualidades y virtudes por las que se hizo acreedor del respeto de sus conciudadanos, incluso de sus más combativos adversarios:
“Como hombre público es bien conocido. Es un político vehemente y pasional tan sincero en sus odios como en sus afectos. Para él no existe la neutralidad, los términos medios ni las indecisiones de las penumbras. Es un extremista. Es un hombre definido respecto del cual, a la primera palabra cruzada, Usted sabe a qué atenerse.
Como hombre de acción es un radical. Para él no se han hecho los paños tibios ni las soluciones tímidas, ni los arrepentimientos hipócritas: habla como piensa, obra como siente; a veces con violencia excesiva, quizás si con impremeditada dureza, pero siempre de modo sincero, leal con los suyos, consecuente consigo mismo, con su vida pasada, con su vida actual, con su porvenir.
Para los asuntos más intrincados tiene él soluciones rápidas, audaces, decisivas, que cortan por lo sano, que asustan a los timoratos por su fuerte radicalismo, a las cuales la mayoría de los hombres no llega sino después de una serie de tentativas vacilantes, de hipócritas intermitencias, de ambiguos rebuscamientos y que son, sin embargo, hijas de un profundo conocimiento del corazón humano.
…Es hombre que tiene el valor de sus convicciones y al servicio de las causas que sirve y que siempre abrazó con extrema lealtad sabe asumir las responsabilidades históricas que le corresponde”.
Nos ha parecido oportuno reseñar con cierta amplitud este interesante perfil de don Bernardo, pues, a no dudarlo, fue su fecunda pluma responsable de la redacción a la humillante nota 14, la cual se transcribe íntegra, a continuación, para conocimiento y edificación de las presentes generaciones.
Cabe significar, como lo hizo manifiesto don Max Henríquez Ureña, que no hubo respuesta a la misma por parte de la Legación norteamericana, prefiriendo “dejar en pie con su silencio, la nota del 19 de noviembre de 1915, como aviso preliminar del futuro desenvolvimiento de un plan político según el cual los Estados Unidos debían tener el manejo y la dirección absoluta de la hacienda y del ejército en la República Dominicana”.
Santo Domingo, 8 de diciembre de 1915
Honorable William W. Russell, E.E. y ministro plenipotenciario de los EE.UU.
Ciudad.
Señor ministro:
Acuso a V.E. recepción de su atenta nota número 14, de fecha 19 del mes próximo pasado.
El Presidente de la República, de regreso y en conocimiento de los particulares que informan su contenido, me encarga expresar a V.E. lo siguiente:
El Gobierno dominicano ha hecho todo cuanto está a su alcance para evitar y luego reprimir las turbaciones del orden público que han originado por gastos los desequilibrios en la Hacienda pública a que V.E. se refiere en dicha nota.
Las evitó respetando las leyes, garantizando a cada ciudadano sus derechos, aunque algunos hacían evidente nocivo uso de ellos.
Las reprimió destacando fuerza armada para combatir la rebelión hasta debelarla por completo. Pero el Gobierno dominicano, como cualquier otro Gobierno de la tierra, en caso idéntico, no pudo impedir que la turbación del orden público y los sacrificios para restablecerlos fueran onerosos para el Fisco y aún interrumpiera el ordenado funcionamiento de las instituciones y de la recaudación de las rentas internas.
Tan sincero ha sido el propósito del Gobierno dominicano de rectificar esos inconvenientes para entrar en la vía de la estricta organización en todos los órdenes, que el aumento de la Guardia Fronteriza y el decreto últimamente dictado con respecto a municiones y armas van dando los resultados satisfactorios que se esperaron, tanto en el orden administrativo como en el político.
No es culpa del Gobierno que los enemigos del sosiego público, en menos de un año, levantaron en tres ocasiones el pendón de la revuelta, distrayendo recursos y energías que siempre se ha tenido el propósito de aplicar al desarrollo de los grandes intereses del país.
Perturbado el orden público, su primer deber era restablecerlo. Sin la paz no hay progreso, ni bienestar, ni organización.
Prueba de tales ocurrencias fue el intermedio que por medio de esa Legación dirigió el Gobierno americano, en meses anteriores, de una ayuda que el Gobierno dominicano agradeció, pero que no pudo aceptar. Y ello porque cada pueblo tiene lo que podríamos llamar su criterio nacional, y es indudable que el nuestro, muy joven aún, vio siempre con el mayor sobresalto toda ingerencia que más tarde puede traerle intranquilizadoras versiones acerca de su soberanía.
Terminada la guerra civil que originó, indudablemente, incorreciones involuntarias en la ejecución de la ley de Gastos públicos, porque era suprema ley, necesidad ineludible restablecer la paz, el Gobierno dominicano se ha consagrado de manera inequívoca a robustecer, a la vez que el orden político, el orden económico y el rentístico de la nación.
A ese efecto convocó al Congreso y le ha sometido un proyecto de ley de Gastos públicos amoldado a los recursos actuales, y en breve le someterá también otros proyectos de leyes, tendientes todos a restablecer la normalidad financiera; porque el Gobierno tiene no tan sólo el deseo de llegar a ese fin, sino necesidad imperiosa de obtenerlo, puesto que sabe que la estabilidad no se origina de la fuerza armada, sino del armónico funcionar de todas las actividades saludables del país.
La contestación que dieran D. Juan I. Jimenes y D. Federico Velásquez y H., jefes de los partidos conjuncionados, al Hon. J. C. White, con anterioridad al juramento del primero, entraña la seguridad de continuar respetando los actos de gobiernos anteriores, pues ellos estimaron entonces, y consideran hoy, que el poder no tiene solución de continuidad.
Cuando el actual Gobierno se instauró, el desequilibrio económico existía. Además de las cuantiosas erogaciones que se hicieron en la administración del general José Bordas Valdez, y de los cuatro millones en especies timbradas que habían salido de las arcas nacionales, encontró el gobierno que la administración de Báez había dejado un déficit de $ 269.609, 34, que se debían a los fondos de obras públicas, más $ 100.000 que se quedaron debiendo a los empleados por concepto de sueldos.
Estos ligeros datos serán próximamente ampliados por una comunicación explicativa que contendrá el verdadero estado de la deuda y que revelerá a V.E. que al actual Gobierno no puede imputársele la responsabilidad del caso, quedando a la vez evidenciada la exageración de ciertos datos que parece le han sido suministrados a V.E.
Se entiende perfectamente que la Convención es un tratado, es una ley internacional que fija y precisa el deber de cada uno de los contratantes.
El actual gobierno dominicano aspira a mantenerse dentro de sus estipulaciones y significa que las irregularidades intervenidas como consecuencia de los desaciertos administrativos anteriores y de las tres revoluciones de que se ha visto amenazado en nada han afectado al servicio de la deuda exterior, que se paga religiosamente, y cuyos bonos sostienen una expresión a tipo en los mercados extranjeros, que denota la seriedad con que se satisface el compromiso internacional que ellos representan.
Por no considerarla concurrente a lograr el fin deseado es que el Gobierno no acoge la insinuación de V.E. de trabajar por el restablecimiento del perito financiero, suprimido por acuerdo de ambos gobiernos después que el de Washington oyó los alegatos de la Comisión dominicana. No es útil el perito financiero porque aunque su gestión fuera por un lado provechosa, por otro constituiría un elemento permanente de inquietud y de disgusto en el pueblo dominicano, que a unanimidad ha expresado su repulsión a las funciones de dicho empleado. Restablecerlo sería promover movimientos de opinión absolutamente peligrosos.
Y como el propósito del Gobierno dominicano es ayudar sinceramente al dominicano a la realización de sus deberes, esa ayuda tiene que asumir formas despojadas de todo peligro, de todo lo que hiera las fibras del sentimiento nacional, celoso de su soberanía. La ayuda intelectual del Gobierno americano al dominicano en materia de finanzas no debe tener líneas que excedan las de la cláusula tercera de la Convención, dentro de la cual mediaron aclaraciones con la Comisión dominicana.
En cuanto a la transformación de la fuerza pública en una Guardia civil organizada y comandada por un oficial americano designado por su Gobierno y nombrado por el dominicano, levanta la misma objeción del perito financiero. Lo que hay que promover no es la paz obligada por la fuerza, que es siempre precaria, sino la paz moral, resultante de la tranquilidad de los ánimos, del desistimiento de los procederes belicosos y del bienestar económico.
Y el establecimiento de una política como la propuesta, interpretado por el pueblo dominicano como una abdicación de la soberanía nacional, lejos de ser un elemento pacificador, sería, al contrario, germen inextinguible de perturbaciones, de protestas, de arrebatos violentos que provocarían una situación más lamentable que la actual.
La cuestión no es de las que se resuelven con el aumento o la desaparición de las fuerzas armadas de la República. El lado más importante del asunto es económico, y, restableciendo la vitalidad productora del país, los fenómenos sociales y políticos que actualmente alarman a propios y extraños serán de fácil y provechosa modificación.
A ello se aplica constantemente el Gobierno, y el concurso exterior que haya de menester y que reiteradas veces le ha ofrecido el Gobierno americano, y que aceptará agradecido, ha de ser de tal suerte que no subleve las susceptibilidades del pueblo dominicano, porque todo lo que turbe la paz de los ánimos tiene obligatoriamente que resultar contraproducente para la totalidad de la vida social de la República Dominicana.
Reintegrado a la normalidad económica, pondrá el Gobierno dominicano especial empeño en que no se excedan los gastos, en vigilar el escrupuloso manejo de la renta interna y en obviar todas las dificultades que obstaculicen la organización y desarrollo de las fuerzas vivas del país, dentro del más absoluto respeto a sus compromisos internacionales.
Válgome de esta oportunidad para reiterar a V.E. la expresión de los sentimientos de mi mayor distinción.
(Fdo.) Bernardo Pichardo
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores.