Desde hace varios años hemos visto una fuga de cerebros forzada por la falta de oportunidades en las economías de los países en vía de desarrollo. Las causas son diversas, pero todas confluyen hacia la presión sobre millones de personas que buscan mejores oportunidades y salen de sus naciones de origen.
Uno de estos factores determinante es la miseria y los problemas asociados a esta, provocando que países con altos ingresos adquisitivos se conviertan en espacios económicamente atractivos para trabajadores comunes y también para graduados en educación superior.
La iniciativa de ayudas en el lugar, para el lugar y dentro del lugar, se le atribuye a la capacidad estatal y gubernamental de crear programas generadores de empleos y oportunidades de crecimiento en localidades suburbanas de poco acceso a bienes y servicios; con miles de profesionales en diversas áreas sin acceso a empleo.
Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “el número de trabajadores migrantes internacionales ascendió a 169 millones, un aumento de tres por ciento desde 2017”. Sin embargo, este principio de creación de fuentes de bienestar solo se logra con la voluntad política de construir iniciativas de esta naturaleza.
Conjuntamente, con los esfuerzos de los gobiernos -en su mayoría- con poca visión de futuro en pro de evitar la fuga de talentos y/o reducción de la brecha de la pobreza, de donde huyen hombres y mujeres. Porque mientras la desigualdad social impere como un factor determinante en perjuicio de los países pobres con poquísima capacidad de gestión humana.
El beneficio seguirá siendo para las naciones industrializadas. Según la Organización Internacional de la Migración OIM, “Los migrantes internacionales constituían el 3,5% de la población mundial en 2019, en comparación con el 2,8% en 2000 y el 2,3% en 1980”.
Es notorio que la fuga de cerebros sigue estimulada por la gran diferencia entre los salarios de los países de origen y los países de acogida y que esto haga que se pierda la capacidad de mantener a personas calificadas trabajando por y para el desarrollo de sus sectores; como entes productivos; pero sin las iniciativas gubernamentales correspondientes; el motor que dinamiza un país se verá comprometida a desaparecer.
Proporcionar ayudas a los profesionales, invertir en sus comunidades para el beneficio de sus comunidades es algo prioritario, si se orientan a la generación de ingresos que estimule el crecimiento de dichas zonas, que a la vez produzcan los inventivos para la propia creación de fuentes permanentes de empleos y de seguridad que eviten la fuga de cerebros.
La protección que garantice el bienestar de dichos profesionales es fundamental, para que las carencias exclusivas de nuestros países no sigan siendo una causa que justifique que la mano de obra calificada se marche. Para quienes se formaron allí, permanezcan; pero como dice refrán, “la necesidad tiene cara de hereje”.
Mientras la seguridad que sostiene la estructura del creciente mercado de profesionales calificados se tambalea ante los ojos de los estados, el cambio no será posible. El reto es y será el replantearse cómo se crearán los mecanismos que le permita a tanta gente valiosa a no irse de sus nacional y literalmente, echar el pleito en su patio trabajando por y para sus comunidades.