En este año que se inicia serán celebradas las elecciones municipales, presidenciales y congresuales. Independientemente de quien resulte el candidato y el partido ganador, necesariamente habrá que someter una reforma fiscal integral, la cual está incluida en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y que por intereses políticos, la misma ha sido postergada.
Dicha reforma no debe aprobarse solamente para detectar nuevas fuentes que aumenten las recaudaciones fiscales como ocurrió en otrora. Esta vez deben ser corregidas todas las distorsiones, deben ser eliminados todos los privilegios e injusticias existentes, pues este país cuenta con uno de los sistemas impositivos menos equitativo, más desproporcionado e injusto de todo el área. Se debe tratar que los sectores de mayores ingresos sean los que más contribuyan al fisco, no los menos pudientes y vulnerables, como viene sucediendo, que son los que más contribuyen a través de los impuestos indirectos en el consumo, a través del ITBIS.
Nuestro país tiene una gran deuda social acumulada y una deuda pública consolidada ascendente a unos 75 mil millones de dólares, la cual absorbe la totalidad del Producto Interno Bruto (PIB), con una presión fiscal de apenas un 14%. Se deben eliminar la mayoría de las exoneraciones, exenciones y privilegios que hace años benefician a varios sectores de nuestra economía, que ya no tienen razón de existir, como los de zonas francas, turismo, generadores eléctricos, minería, entre otros, pues ya han recuperado su estabilidad económica y financiera. Por las mismas el Estado deja de percibir unos 300,000 mil millones de pesos, equivalente al 4.5% del PIB. El Gobierno no puede perjudicar a un sector de la población para continuar privilegiando a otros sectores poderosos,
La esperanza de vida de los dominicanos promedio es de 72 años, por lo que a las personas con 65 o más años de edad, que poseen un certificado de ahorros en una institución financiera, deben ser exoneradas del pago del 10% de impuestos, siempre que no dispongan de un seguro médico, que no reciban otros ingresos, una pensión del Estado dominicano ni de otro país, pues con los intereses que genere, tratarán de cubrir los gastos necesarios para los últimos años de su existencia, principalmente los relativos a la salud, ya que en nuestro país no existe un sistema eficiente de seguridad social que las proteja.
Debido al alto costo de la canasta familiar, de los servicios básicos, sobre todo, los de salud, se debe establecer un límite para la exoneración de dichos impuestos hasta RD$150,000.00 (ciento cincuenta mil) pesos mensuales, pues es con lo único que cuentan para su sustento y atenciones médicas, lo que les permitirá una vejez más digna. Dicha exoneración es justa y necesaria
Otras de las tantas medidas a ser consideradas son: la eliminación del anticipo del impuesto a las utilidades del año próximo, pues ya no tiene razón de ser; establecer las facturas electrónicas, disminuir y castigar las evasiones fiscales, ampliar la escala salarial del impuesto sobre la renta para los empleados de mayor ingreso. Este es un tema de interés para nuestros legisladores y para las autoridades del sistema financiero dominicano. Esperamos estas sean una realidad.