Según su definición, “el asistencialismo es un mecanismo político-social” utilizado por los gobernantes para abordar la pobreza y la exclusión social, en los países en vías de desarrollo como el nuestro” (Estudios de la Escuela de Sociología de la UNAM, 2001-2016).
Por su parte, el último informe presentado por los evaluadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2022 refiere que, “los programas para enfrentar la pobreza con visión asistencialistas, han creado mayor pobreza y segregación social en los países en vías de desarrollo, incluyendo el nuestro” (INFORME OCDE, 2022).
Como se sabe, la OCDE trabaja con los gobiernos para entender las causas de los cambios económicos, sociales y medioambientales, así como medir la productividad y los flujos globales de comercio e inversiones y, al mismo tiempo, analizar y comparar los datos para predecir tendencias futuras y establecer estándares internacionales en materia económica y social.
En tal sentido, el informe de la OCDE al que hicimos mención en el segundo párrafo de este artículo refiere que la pobreza genera, entre otros: (1) Analfabetismo; (2) alimentación precaria o malnutrición; (3) educación de mala calidad; (4) deficiencia de los servicios de salud; (5) alta tasa de mortalidad infantil; (6) condiciones sanitarias deplorables; (7) déficit de agua potable y electricidad; y, (8) falta de empleos dignos (Datos extraídos del informe de la OCDE, 2022).
No obstante, la OCDE insiste en que, la clave para atacar la pobreza radica en que,” los programas de creación de empleos deben estar acompañados de políticas públicas orientadas a una buena remuneración, dejando a un lado las políticas, los programas y las iniciativas asistencialistas que perpetúan la pobreza y la exclusión social” (INFORME OCDE, 2022).
Según la OCDE, para atacar las causas que generan pobreza y exclusión social en los países integrantes de la Organización, “se requiere compromisos y voluntad política para fomentar y apoyar actividades económicas, productivas y comerciales que beneficien, directas e indirectamente, a los sectores vulnerables de los países en vías de desarrollo como el nuestro” (OCDE, 2022 y END/2030).
Además, la OCDE refiere que, para atacar las causas que generan pobreza y exclusión social hay que, especializar e invertir recursos focalizados que propendan a “mejorar la calidad de la educación, ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de salud, así como fomentar la generación de empleos dignos” (OCDE, 2022).
También, “atacar la desnutrición y mortalidad infantil, corregir el déficits de agua potable y electricidad, crear centros de capacitación técnico-vocacional en todos los barrios marginados del Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega, SFM, SPM, Azua, La Vega, Bonao y Espaillat, así como perseguir la corrupción pública y privada (OCDE, 2022).
Según la OCDE, “la disminución de los índices de pobreza reportados hasta el año 2022 por los países miembros de dicha Organización, incluyendo nuestro país, son insignificantes en comparación con el crecimiento económico que registraron dichos países en los últimos veinte años” (OCDE, 2022 y MEPyD, 2023).
Como se sabe, las lluvias provocadas por la tormenta Franklin sacaron a la luz pública, “la realidad en las que viven los sectores vulnerables que residentes en los barrios marginados del Gran Santo Domingo y en la Costa Sur de nuestro país”. En tal sentido, las lluvias `provocadas por la Tormenta Franklin “hablaron sobre la ineficiencia de los programas sociales que han venido implementando los gobiernos dominicanos en los últimos 27 años”.
Por su parte, los impactos causados por la Tormenta Franklin los días 23 y 24 de agosto de este año, “justifica la puesta en marcha de la Ley No. 368-22 sobre “ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos”, promulgada hace varios meses por el Poder Ejecutivo” (Informe del COE, 25 de agosto, 2023).
Desde nuestro punto de vista, atacar las causas que generan pobreza y exclusión social en nuestro país, requiere de un Pacto Político-social que comprometa a todos los actores claves de nuestra sociedad, incluyendo a los empresarios y sus gremios, a los sindicatos, a las universidades, a las iglesias de todas las denominaciones, a los movimientos y a los partidos políticos, así como a las organizaciones sin fines de lucros.
En tal sentido, el Pacto Político-social al que nos referimos en el párrafo anterior, es el principal desafío que tienen las autoridades que resulten electas en las elecciones congresionales y presidenciales a celebrarse el 19 de Mayo del año 2024.
Una vez se instalen las nuevas autoridades el 16 de agosto del año 2024, el Consejo de Desarrollo Social (CES) debe convocar a todos los sectores políticos, económicos y sociales para discutir y consensuar los aspectos fundamentales del Pacto Político-Social, el cual deberá ser sometido al Congreso Nacional, para su enmienda y aprobación sin demora.
“El asistencialismo no resuelve la desigualdad social, si no que perpetúa sus causas” (DTGM)