El destacado jurista Jottin Cury hijo acaba de lanzar dardos al Fideicomiso Pro Pedernales, creado en diciembre de 2020 mediante el decreto 724 del presidente Luis Abinader. Cree que se trata de una trampa para enajenar zonas protegidas de la provincia. Y, según su perspectiva, es inaplicable porque contradice la Constitución y disposiciones de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y Recursos Naturales 202-04.
Lo plantea en su artículo “Nadie está por encima de la ley: el caso Pedernales”, publicado el 2 de febrero de 2021, en El Nuevo Diario.
https://elnuevodiario.com.do/nadie-esta-por-encima-de-la-.
La pieza en cuestión, publicada justo ahora, más que un ejercicio académico para alertar al Gobierno y defender a Pedernales, implícitamente representa una apuesta a frenar los proyectos en carpeta mediante la construcción de un estado de opinión dominante.
Y eso es inaceptable. El pueblo de Pedernales debe salir al frente para evitar que ideas ruidosas como la mencionada, abundantes en el patio de los intereses económicos, cobren fuerza en el concierto de la opinión pública. Son muchos años de empobrecimiento continuo y sobresaltos. Y siempre un cuento nuevo.
El presidente Abinader, los ministros de Medio Ambiente y Turismo, Orlando Jorge Mera y David Collado, y el director nacional de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freund, han reiterado que los parques Jaragua y Sierra Baoruco no serán tocados.
Cury suscribía una solución negociada con quienes se apropiaron ilícitamente a inicios de los años noventa de 362 millones de metros cuadrados de tierras con vocación turísticas como si fuesen agrícolas (parcela 215-A, Distrito Catastral 3, Enriquillo, Barahona).
Ha escrito: “… La zona de Pedernales se hubiese desarrollado hace muchos años si las autoridades, acogiéndose a lo prescrito en el artículo 9 de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y amparándose en la teoría del dominio eminente del Estado, hubiesen llegado a un acuerdo amigable con los propietarios de terrenos en la zona…
…Si bien es verdad que determinados títulos fueron obtenidos en condiciones dudosas, no es menos cierto que otros fueron adquiridos legítimamente, pero se optó por el uso de la fuerza y otros mecanismos espurios para imponer una solución que todavía sigue generando cuestionamientos y conflictos”.
Y enfatiza: “Claro, aunque ello signifique corregir entuertos de funcionarios del antiguo régimen danilista, que con su ambición de usufructuarlos para ellos, revelada en la firma de un contrato de cuota litis reprochable, utilizaron todo el poder de que disponían para obtener espurias soluciones judiciales que han terminado por colocar dicho patrimonio en la situación jurídica actual…”
Para él, hay adquirientes de buena fe que deberían ser reconocidos.
Esa, no otra, es la matriz que subyace en su análisis jurídico bajo el ropaje de alerta sobre aspectos ilegales y su enunciado de solidaridad con la provincia ubicada en el extremo sudoeste de la frontera con Haití. Lo único que “la buena fe”, defendida por él, carece de credibilidad en la sociedad.
En un país isleño, de 48 mil kilómetros cuadrados, todo el mundo se conoce. Ningún comprador con juicio sano arriesgaría su dinero en compra de terrenos en una zona inhóspita, sólo basado en tal eufemismo. O sea, en el azar. Quienes compraron, sabían qué hacían, pero ni se imaginaron el berenjenal ni el desenlace negativo dos décadas después. Pensaron que la historia tendría un final feliz. Pero les ha resultado triste. Ahí está el detalle.
Los demonios se han soltado ahora porque el Gobierno recuperó en 2018 el título definitivo de su propiedad, tras 53 sentencias que rechazaron recursos de casación interpuestos por particulares. Y porque se ha echado a andar el Fideicomiso Pro Pedernales.
Corresponde a los pedernalenses, sin distinción de colores políticos ni resentimientos, unir fuerzas para detener la avalancha de bloqueos que viene en camino. Y al Gobierno, que arranque ya, sin miedo. Porque “el corazón de la auyama sólo lo conoce el cuchillo”. El tiempo de espera ya terminó.