La espeluznante masacre de las tropas de Imbert en la zona norte
El general Imbert, como se ha visto, le reclamó a quienes le exigían su renuncia a la Presidencia del Gobierno de Reconstrucción Nacional (GRN) se le permitiera también aniquilar a los constitucionalistas de Ciudad Nueva y la zona Colonial, que habían quedado aislados por el cordón de seguridad establecido por las tropas interventoras estadounidenses, cuyos cañones Howitzer de 105 mm., así como los de los paracaidistas de la 82a, apuntaban hacia la zona constitucionalista, desde ambos lados de la ciudad. Lo anterior significa que no se encontraba satisfecho con la masacre ejecutada por sus tropas en la zona norte y mientras se negociaba su salida, como se ha visto, intensificó la escalada criminal.
Sus tropas, comandadas por los coroneles Enrique Pérez y Pérez, adalid de la contrarrevolución, Jacinto Martínez Arana y Anselmo Pilarte, acrecentaron los cañoneos indiscriminados para exterminar a los constitucionalistas, a los sospechosos de rebeldía, a los supuestos comunistas y en general a todos los habitantes de los barrios pobres de la zona. Los soldados penetraban de forma violenta a cada una de las casas que caían bajo su dominio tras la búsqueda de “rebeldes comunistas”, además de inquirir y requisar cada ámbito de las humildes viviendas tras las municiones abandonadas por los constitucionalistas en su retirada.
A los hombres los obligaban a despojarse de su camisa o franela para identificar las marcas, “el rojo” o moratón, que dejaban en el hombro los fusiles Máuser o Cristóbal, con cada disparo. En caso de dudas la orden recibida era de ejecutarlos de inmediato, sin previo juicio. Con este infame procedimiento “fueron muchos los asesinados por una ligera duda de algún soldado atemorizado por los combates o nervioso por considerarse en territorio enemigo en su propio país”. (Hermann, 2013, p. 189). La Cruz Roja daba cuenta de centenares de muertos a consecuencia del ataque masivo contra la población indefensa y de las ejecuciones sumarias.
El periodista Martin Arnold describió la situación imperante en el hospital Salvador B. Gautier:
“Dentro del hospital, en un amplio vestíbulo donde generalmente se entregan los medicamentos, hormigueaba una muchedumbre de mujeres y niños con trajes desgarrados, algunos desnudos. Estos formaban parte de los primeros refugiados huidos de la zona de batalla. Nos contaban sus historias serenamente. Tengo una casa de dos pisos, manifestó Aurora Ramírez. Llegó el tanque, un tanque de la Junta. El hombre que iba dentro dijo que estaba buscando a los constitucionalistas. Yo ni siquiera sabía de qué estaba hablando, pero dispararon contra la casa y la destruyeron. Yo salí corriendo”. (Szulc, 2014, pp. 292-293).
Una evidencia documental de la matanza y el horror de la zona norte son las estadísticas del Hospital Luis E. Aybar, que registró durante la bestial ofensiva más de 490 muertos y 800 heridos. Las continuas balaceras, que incluso atravesaban la sala de cirugía y mantenían en zozobra a los galenos, impedían que desde la Cruz Roja le llevaran sangre para asistir a pacientes gravemente heridos, además de que la misma escaseaba. Los datos de otros hospitales y clínicas son aún más pavorosos. Se ha considerado un total de 25 dominicanos fallecidos por cada yanqui muerto en el hospital Luis E. Aybar. La cifra de víctimas no era una exageración para la Cruz Roja”. (La Nación, 22 de mayo de 1965).
En este mismo centro hospitalario un grupo de criminales uniformados del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas (CEFA), al servicio de la GRN, se presentó con el pretendido propósito de trasladar al hospital militar Dr. Lithgow Ceara a los heridos en la batalla del Puente Duarte que todavía no habían sido dados de alta, a lo que se opusieron los médicos, enfermeras y hasta las monjas voluntarias que ofrecían servicio allí, quienes, conscientes de que se los llevarían para fusilarlos, se negaron rotundamente a entregarlos. (Patria, 28 de mayo de 1965).
En el hospital Salvador Gautier también se presentaron miembros del CEFA y agentes policiales acompañados de un médico militar, quienes reclamaron se le entregara al combatiente José Belarminio Quezada, un humilde sastre de la calle Paraguay, quien había sido herido en los combates de la zona norte de la ciudad. Cuando presuntamente le dieron de alta en el hospital Lithgow Ceara, al llegar a su casa ya una patrulla del CEFA lo esperaba y de inmediato le fusiló. (Ibidem).
Otra mujer, propietaria de una pequeña pulpería, le relató a Martin que los soldados penetraron a su local, asesinaron al dependiente de 24 años. “Se llevaron todo lo que había, dijo. Cuatrocientos pesos y la vida de un hombre. Claro que estamos de parte de los constitucionalistas”. (Ibidem, pp. 293-294).
Los constitucionalistas de la zona norte no pudieron resistir la poderosa ofensiva de las tropas de Imbert y los infantes de marina norteamericanos por la intensidad de los combates, la deficiente alimentación y la inferioridad en la calidad de las armas en relación con sus rivales. Con sus fuerzas muy menguadas solo trataban de mantener a raya a las tropas enemigas y organizar el repliegue:
“Huyendo de la batalla y del indiscriminado tiroteo de las tropas de la Junta, miles de fugitivos escapaban del distrito norte. Unos iban a pie y otros en coches por la carretera de Baní, improvisando campamentos a ambos lados de la ruta a distancia prudente de Santo Domingo. Otros se refugiaban en la Zona Internacional de Seguridad. Las tropas de los Estados Unidos que guardaban la Zona y el corredor de seguridad les permitían entrar, pero solo después de un cuidadoso registro en busca de armas y municiones”. (Szulc, p. 298).
En el Ensanche la Fe fueron asesinadas unas 50 personas, víctimas de los tanques que asolaron el lugar durante dos días. Por temor a los fusilamientos indiscriminados, los saqueos y los atropellos numerosas familias huyeron hacia sitios rurales donde tenían algún familiar. Otros pobladores lograron penetrar a las zonas sitiadas donde se integraron a otros comandos. Mientras la mayoría se replegaba peleando en dirección a la zona donde se hallaba ubicado el comando central y el coronel Caamaño. Y solo una minoría prefirió permanecer en el barrio enfrentando a las tropas de la Junta de Imbert. (Urbiñas Renville, p. 92).
La Cruz Roja solicitó una tregua a las partes enfrentadas, que fue acogida por el coronel Caamaño, para poder recoger los muertos y heridos y también para evacuar a la población civil que había quedado atrapada entre los dos fuegos, además de intentar salvar algunas personas con heridas graves, pero el general Imbert respondió que no era necesaria debido a que sus fuerzas tenían asegurada la victoria. Las lluvias torrenciales de esos días aceleraron la descomposición de los cadáveres y aumentaron la posibilidad de que se desatara una epidemia.
El canciller del Gobierno constitucionalista, Dr. Jottin Cury, en un discurso que pronunció a través de Radio Santo Domingo, denunció también otros desafueros que cometían las tropas de Imbert en los barrios de Gualey, Guachupita y Villa Francisca:
“Los informes que se nos suministran, y que nos merecen absoluto crédito, indican que en la parte de la ciudad tropas policiales cometen atrocidades inenarrables. Hombres, mujeres y niños a su sed de crímenes. Matan con placer morboso. El pillaje es la orden del día. Embriagados de alcohol y estimulados por la indiferencia del señor Imbert Barrera, esta policía no perdona sexo ni edad. (La Nación, 28 de mayo de 1965).
Los representantes de la OEA y la Cruz Roja insistieron ante el general Imbert para que les concediera una tregua humanitaria de doce horas, pero eludió ofrecer una respuesta definitiva y les dijo que debía consultarlo con sus “colaboradores militares”. La decisión de Imbert de negar la tregua estuvo mediada por la intención de los Estados Unidos de permitir que este finiquitara la barbarie que había acometido contra los pobladores de la zona norte. Se estima que al finalizar los ataques simultáneos de las tropas de Imbert y de los marines estadounidenses había más de 3,000 personas en campos de concentración ubicados en Sans Souci y el Estadio Quisqueya del Ensanche La Fe, la mayoría de ellos por sus simpatías con la causa constitucionalista.
Según las versiones de personas recluidas allí, y que luego lograron ser liberadas, en Sans Souci operaba un auténtico campo de concentración: fotografías de frente y de perfil, con números colgados al cuello, torturas, golpes, focos en la cara durante la noche, interrogatorios a altas horas de la madrugada, alambrada electrificadas, prisioneros desnudos y otras técnicas típicas del horror nazi. (Patria, 28 de mayo de 1965, p. 1).
Otros testimonios de las atrocidades de la Junta de Imbert
Carlos Campusano, quien admite que no tenía “conocimiento de los aspectos militares en el sentido absoluto de la palabra”, asegura haber quedado “impregnado” por los crímenes de la zona norte. A él le habían encomendado detener el avance de uno de los tanques de las tropas de la Junta de Imbert que se desplazaba por una de las calles del Ensanche La Fe, para lo cual se colocó en la azotea de un edificio y desde allí pudo observar cómo asesinaban a un compañero suyo a quien apodaban Alberto El Fiscal, junto a su hermano y a cinco personas más, además de otro con una niña de pocos años en sus brazos que continuaba llamándole ¡papá, papá!”.
“Operación Limpieza venía matando a todo el mundo que encontraba a su alrededor. Mi casa, que se encontraba en las inmediaciones del comando Cucaracha 20, ellos sabían plenamente, parece que los que venían, conocían que realmente yo vivía ahí y como no estaba, y era una casa de madera, desde el tanque le tiraron un tablazo de disparo que le llevó la parte de arriba”. (Archivo General de la Nación (AGN), Voces de la Revolución, 2020, p. 297).
La revista ¡Ahora!, ubicada en la zona norte de la ciudad, también fue víctima de las tropas del CEFA al servicio de Imbert, las cuales, además de asesinar a dos de sus empleados, mantuvieron en zozobra al personal y provocaron considerables daños y pérdidas materiales a causa de las violentas incursiones que realizaron en tres ocasiones. Con la coartada de que buscaban armas y fugitivos dichas tropas destruyeron sus vehículos, hurtaron equipos y dinero en efectivo, averiaron maquinarias, archivos y otros mobiliarios, “en injustificados actos de violencia y pillaje”. (¡Ahora!, No. 108, 18 de septiembre de 1965, p. 91).
El 9 de junio la agencia France Press emitió un cable, firmado por Pierre Lambert, en el cual denunciaba los “brutales actos de genocidio cometidos por fuerzas del GRN a finales del mes de mayo y principios de junio”. Dio cuenta de la denuncia de dos embajadores ante el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, doctor Manuel Bianchi, para que asumiera el caso. Un testigo denunció los asesinatos de 56 personas y sostuvo que existían pruebas gráficas de los crímenes. Conforme a los detalles se registraron 39 ejecuciones sumarias se habían realizado el sábado 22 de mayo a las doce de la noche en un lugar situado a 100 metros del puente que estaba junto a la entrada de la finca Haras Nacionales en la carretera de Villa Mella.
Según el cable, el 5 de junio asesinaron tres hombres en el mismo sitio cuyos cadáveres fueron dejados a la vista de todos para que se descompusieran lentamente para advertir, o amedrentar, a quienes osaran apoyar a los constitucionalistas. Los moradores del lugar sepultaron luego estos cadáveres. A partir de informaciones orales se determinó que las víctimas se traían de Santo Domingo y que, una vez abandonados, sus asesinos se dirigían a la mazmorra de La Victoria. Para evitar ser asesinado por los militares de Imbert, Lambert fue sacado del país bajo protección diplomática. (Hermann, p. 207 y Patria, 11 de junio de 1965, p. 6).
Un balance final del periódico Patria estima en 3,000 las personas asesinadas, 2,000 mil heridos y 10,000 prisioneros por su mera simpatía con el movimiento constitucionalista desde que se inició el GRN.
Breve contrapunteo entre el coronel Caamaño y el general Imbert
Por haber participado en la liquidación del tirano Trujillo, el general Imbert barreras se había granjeado la simpatía y admiración de gran parte del pueblo dominicano. Sin embargo, su descomunal embestida criminal contra los barrios pobres de la zona norte, su adhesión a los militares derechistas y su alianza explícita con el poder imperial norteamericano mellaron considerablemente su popularidad. Imbert fue siempre un pronorteamericano, con vínculos estrechos con la Embajada, nunca se identificó con los sectores populares, salvo de manera oportunista. La antipatía y repulsa del pueblo dominicano hacia las fuerzas invasoras estadounidenses, luego de la intervención militar del 28 de abril, también se extendió hacia su figura.
La Junta, o Gobierno de Reconstrucción Nacional, de Imbert representaba los intereses de los grupos más poderosos de la sociedad dominicana como las clases gobernantes tradicionales, los jerarcas militares de la ultraderecha (Wessin, Benoit, Pérez y Pérez, Milo Jiménez y otros), los terratenientes, la Iglesia católica, los grandes hombres de negocios y banqueros. Y, por supuesto, disponía de un pilar fundamental sin el cual nunca hubiera sido viable el GRN: el poder imperialista. Un humilde ciudadano del Ensanche la Fe, apodado Caimán, describe su desencanto con los infantes de la marina norteamericanos: “Yo creía que los yanquis habían venido de verdad a impedir que nos peleáramos, pero ellos vinieron a defender a los golpistas y a ametrallarnos a nosotros, al pueblo, con sus jeepesitos y armados con ametralladoras 50 y 70. (En: Guaroa Urbiñas, Resistencia patriótica en la zona norte durante la llamada “Operación Limpieza”, S. D. AGN, 2023, p. 72).
Por actuar de espalda a los intereses del pueblo, por todos los crímenes, torturas y atrocidades de su Junta o GRN, en el imaginario colectivo de muchos dominicanos prima una imagen negativa de Imbert y solo se le recuerda por su participación en el tiranicidio de 1961.
Contrario a la Junta de Imbert, el movimiento constitucionalista era muy heterogéneo y lo integraba una fuerza social emergente, de la cual formaban jóvenes oficiales militares con formación académica, ansiosa por disfrutar de la libertad y la democracia luego de una larga dictadura. También profesionales de diversas ramas como abogados, médicos, artistas, maestros, intelectuales liberales, estudiantes, mujeres y el proletariado capitalino. Igualmente, gente de todas las edades y estratos sociales de casi todos los pueblos del país, portadores de las más variadas y dispares ideologías
El coronel Caamaño, integrado al Movimiento Enriquillo a fines de 1964, se compenetró rápidamente con la demanda básica del mismo que se reducía a exigir el retorno al poder de Bosch sin elecciones y a la Constitución de 1963. Carecía de la aureola de héroe que rodeaba a Imbert, pero luchó con denuedo para evitar que los militares de ultraderecha masacraran al pueblo pobre. Le correspondió trazar las estrategias militares correctas y eficaces contra los militares aliados al poder imperial. Esto le permitió adquirir una extraordinaria popularidad y prestigio entre la población.
