La administración o gestión pública, hace referencia a la aplicación de los recursos del Estado con el objetivo de fomentar el desarrollo y bienestar de una nación, por medio de la implantación de políticas gubernamentales que garanticen este objetivo. Por tanto, para lograr una mejora en la administración pública, es necesario la construcción de modelos de administración más eficientes, democráticos y menos propensos a la corrupción.

A finales del siglo XX en América Latina, surgió la necesidad de repensar profunda y radicalmente, el modo en que se concebía el Estado, proponiéndose una revisión de su funcionamiento y operación por medio de las diferentes entidades gubernamentales, saliendo de todo esto, propuestas significativas de modelos de eficiencia, excelencia y orientación al servicio público.

En tanto, la República Dominicana, no ajena a esta realidad en Latinoamérica, identificó como uno de sus grandes retos, la baja calidad en la gestión estatal a nivel nacional y local, y dentro del análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, ha llevado a cabo una serie de reformas en aras de la modernización del Estado, conforme los cambios gestados en América Latina y demandados por la sociedad actual.

Así pues, en este proceso de cambios significativos en la administración pública dominicana, encontramos la aprobación de varias leyes, tales como: la Ley de Compras y Contrataciones, Ley de Libre Acceso a la Información Pública, Ley Orgánica de Presupuesto, entre otras; en un intento, mediante estas reformas de establecer controles y aumentar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de esta función administrativa. No obstante estos esfuerzos, la percepción de corrupción e incumplimiento de la norma, han constituido el mayor  reto  a superar, amén de  la burocracia  y centralización del estado.

Desde tiempos considerables en los estados democráticos se ha fraguado la pérdida de confianza de la población por casos de corrupción,  abundando en nuestro país varios referentes negativos de este tema, y ante esta realidad en los países ha sido una tendencia, que las instituciones del Estado de manera imperativa se encaminen a implementar medidas de vigilancia y controles internos para prevenir y consecuentemente reducir los riesgos en materia de soborno y cumplimiento normativo, conformándose todo un sistema, extraído del Compliance del sector privado de las normas ISO 37001 y 37301.

República Dominicana cuenta con entidades gubernamentales certificadas dentro de sus procesos en las normas ISO 37001 y 37301

Debemos significar que la norma ISO 37001 de Sistemas de Gestión Antisoborno, tiene como base la prevención y tratamiento de la corrupción susceptible en las empresas, economías y países. Esta fue publicada en el año 2016 y tiene por objeto ayudar a las organizaciones a combatir el soborno, tanto en sus operaciones como en su cadena de valor. En tanto que la norma ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance, publicada en el año 2021, propone reducir los riesgos de corrupción y otros delitos por medio del cumplimiento de las leyes, los requisitos regulatorios y los códigos de la industria, ayudando a las empresas e instituciones a combatir el soborno y promover una cultura organizacional más ética.

En nuestro país, la implementación de este sistema de Compliance, se ha visto presente en las empresas privadas multinacionales, que han aplicado estas normas internacionales, haciendo de sus prácticas parte de su filosofía corporativa, mientras que, en el sector público, la actual administración ha asumido este reto estratégico, adoptando la cultura de cumplimiento como filosofía de la institucionalidad, con el compromiso del liderazgo máximo del gobierno.

De ahí que, actualmente dentro de las políticas gubernamentales orientadas a la prevención y reducción de riesgos en esta materia, encontramos el Decreto 36-21, que establece la figura del oficial de cumplimiento en las instituciones públicas, específicamente para velar por un correcto e integro proceso de compras y contrataciones públicas, para un área sensible de la administración, dando así muestras claras del compromiso de cumplimiento del ordenamiento jurídico, en el marco de la cultura de juridicidad y del Estado de derecho.

Del mismo modo, la República Dominicana cuenta con entidades gubernamentales certificadas dentro de sus procesos en las normas ISO 37001 y 37301, pasando a formar parte de esta tendencia global, que pone de manifiesto la alta prioridad del tema ético, la trasparencia y rendición de cuentas, que son parte del compromiso asumido como estado frente a la sociedad.

Actualmente, se identifican como entidades certificadas indistintamente, ISO 37001 Antisoborno e ISO 37301 Cumplimiento Regulatorio: el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), el Servicio Nacional de Salud (SeNAsa), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), este último, ya cuenta con esta acreditación por segundo año.

El hecho de que nuestras instituciones públicas adopten dentro de las mejores prácticas, políticas y procedimientos con un enfoque en la  prevención de riesgos de corrupción en sus operaciones y en los servicios que brinda al ciudadano, así como también abarque un  programa de cumplimiento normativo, supone que puedan   prevenirse   y detectarse las violaciones al marco jurídico, y a su vez que se implementen las medidas necesarias para mitigar o sancionar  conductas delictivas identificadas en la administración pública y en los procesos, teniendo como resultado evitar posibles sanciones o condenas penales, perjuicios  económicos y sociales, además de reputacionales, generando con esto una alta valoración de los grupos de interés.

Históricamente la sociedad dominicana ha demandado por décadas una administración eficiente, trasparente e integra, y hoy más que nunca, nos encontramos como Estado rompiendo paradigmas en la prevención de delitos con la abierta y frontal lucha desde dentro contra la corrupción administrativa en todas sus formas, por medio del establecimiento de  normativa  e implementando estándares  como las normas  ISO 37001 Antisoborno e ISO 37301 Cumplimiento Regulatorio en los procesos y  procedimientos institucionales, todo lo cual genera una cultura de cumplimiento y prevención, y  una amplia gestión de mejora que ya ha impactado significativamente la percepción ciudadana, frente a una administración responsable.

Todo esto para hacer realidad el reto global en la agenda  2030 planteada por Naciones Unidas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): “la reducción sustancial de la corrupción y el soborno en todas sus formas (16.5)”, “la creación a todos los niveles de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas (16.6)” y a “la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades (16.7)”, a fin de lograr como resultado, la justicia, equidad e instituciones más sólidas, lo cual constituye el reto y futuro de la administración  pública en nuestro país.

-La autora es Doctora en Derecho y  Enlace de Cumplimiento Normativo de la Dirección de Supervisión y Control de Estaciones de Expendio del Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM).