El 2022 se plantea como un año en el cual se pretende la recuperación de las secuelas que produjo el COVID-19 en el año 2020 y el que acaba de finalizar año 2021, tanto desde le punto de vista económico, de salud y temas que están pendientes en el ámbito de la seguridad ciudadana, educación, protección social, inversión pública, entre otros ámbitos.
El mecanismo más importante que tiene el Estado para intervenir en los asuntos económicos y sociales es a través del presupuesto público.
El 2020 fue un año en el cual, producto de la situación de la pandemia, se produjo un déficit en el presupuesto público de 6,253 millones de dólares, 7.91% con relación al Producto Interno Bruto (PIB), muy superior al ya de por si alto déficit del año 2019 de 1954 millones de dólares, 2.2% del PIB y superior a los déficit de los años 2003 y 2012 que fue de 6.19% y 6.56% respectivamente; para el presupuesto del año 2021 se anunció una reducción del déficit al 3% del PIB (aproximadamente 2,804 millones de dólares).
Para el presupuesto del año 2022, se plantea mantener el nivel de déficit con relación al PIB en los niveles del 3% y aumentar la inversión en los programas sociales, enfocado sobre todo al programa de universalización del seguro nacional de salud por mas de RD$36 mil millones de pesos, tanto para el régimen subsidiado como contributivo y para inversión en infraestructura en general por más de 16 mil millones de pesos.
Esta pendiente inversiones en infraestructura que quedaron por ejecutar y que estaban consignadas en el presupuesto del año 2021, pues hasta octubre del presente año, se reconoce que no se había ejecutado ni el 50% del presupuesto que estaba destinado al componente inversiones publicas en infraestructura.
El mismo Ministro de Economía en declaraciones recientes llegó a reconocer que de la nuevas inversiones el 95% de las mismas han sido realizadas por el sector privado, responsable de que el producto interno bruto haya aumentado en más de 9% para este año pasado 2021. Esto evidencia el retraso del Estado en su intervención con inversiones públicas, pues este ente público tiene un peso de más de un 25% en la composición del Producto Interno Bruto, pero además un impacto significativo en los niveles de empleo y en los beneficios sociales que repercuten a nivel de la población.
Para la ejecución presupuestaria del año 2022 el gobierno debe cumplir con lo presupuestado, contrario a lo que ha sucedido en el pasado año 2021, pues además de cumplir en lo estipulado en la ley de presupuesto, es un mecanismo para contribuir a impactar sobre sectores sensibles de la sociedad, sobre todo en el ámbito de la salud, transporte, sistema vial, así como a reducir el nivel de desempleo, que como consecuencia de la pandemia ha quedado latente en el país.