En días recientes el actual Contralor General de la República, Félix Santana, produjo unas declaraciones en las cuales manifiesta las cuantiosas inversiones que ha realizado el actual presidente reelecto Luis Abinader y los éxitos de sus acciones de política económica con respecto al crecimiento económico, los niveles de precios en la economía y el progreso en general en su gestión de gobierno.
Estos planteamiento los presente como preámbulo, para entonces señalar que a partir de la creciente demanda por parte de la población atendiendo al impresionante progreso que se ha generado en estos casi cuatro años del actual gobierno, para entonces señalar la necesidad que se tiene de aumentar los ingresos públicos para sostener las exigencias crecientes de la población de obras y servicios; en otras palabras que la población debe aceptar sin más reparos una reforma fiscal en función de la lógica del actual gobierno.
Pero lo que no dice el señor contralor, pues no es su motivación, es que aunque es cierto que la pandemia generó una situación de semi paralización de la economía, ya para el año 2023 superados los efectos de la misma y que desde el equipo económico del gobierno se había proyectado un crecimiento de mas de un 4%; sin embargo la economía solo creció un 1.2% y los niveles de inflación fueron mayores que los previstos, también a pesar de que se anunciaba la gran cantidad de divisas por el aumento del turismo, las remesas y las exportaciones, la tasa de cambio del dólar aumentó entre los meses de diciembre 2023 y enero 2024.
Pero también debemos recordarle al señor contralor, aunque esto ha sucedido recientemente, que la deuda externa ha aumentado, hasta tal punto que el 25% del presupuesto público de la nación, como consecuencia entre enero y marzo del 2024 fue destinado al pago de intereses sobre la deuda externa, que en el actual gobierno ha aumentado, pasando de 21,564.6 millones de dólares en el año 2018 a 59,000 millones de dólares en el año 2022. Que esta carrera no se paró entre el año 2023 y los que va del 2024.
Por lo tanto señor contralor ahora no se le puede venir a la población con la historia de que debe sacrificarse en base a la narrativa que debe seguir sosteniendo un progreso del país que no existe, pues más que eso, en el actual gobierno, se ha reducido relativamente la inversión en obras de interés público con relación a anteriores periodos de gobierno y en términos de inversión social ha habido un deterioro en los servicios de educación y salud pública; que los recursos que deben ser destinados a programas de protección social, han sido utilizados más que para mejorar las condiciones de marginalidad como vive un importante segmento de la población, como un instrumento para conseguir votos para lograr la reelección del actual presidente, sin contar con la gran cantidad de recursos destinados para pensiones de personas que nunca han sido empleados públicos y que no son los que mas necesitan el auxilio del gobierno.
Todo esto sin contar con las decenas de dirigentes de partidos de oposición que fueron comprados con fondos públicos, para que apoyaran el proyecto reeleccionista.
No se le puede venir a pedir más sacrificios a una población, que desde el 2020 hasta la fecha ha venido sacrificándose comprando productos básicos de la canasta familiar hasta el doble de precios anteriores, con unos servicios de electricidad que además de duplicar su precios se ha deteriorado por los frecuentes apagones que pensábamos que era asunto del pasado, pero que han vuelto a resurgir en este periodo de gobierno; que si se habla de hacer alguna reparación de plomería, electricidad o de la infraestructura de la vivienda los precios de estos materiales se han vuelto inalcanzables, que con solo mencionar el cemento que se compraba en el año 2019 en menos de RD$200 y hoy cuesta más de RD$500.
Finalmente recordarle al Señor Contralor que el actual presidente Luis Abinader, fue reelegido con 30.6% (2, 481,064) de la población votante total que es de 8,100,000 y no obstante tener el control absoluto del congreso, que puede aprobar cualquier reforma a las leyes, su base social es débil en función de los resultados electorales por el alto nivel de abstención.