Cuando se ancla o fondea una embarcación lo que se busca es minimizar cualquier movimiento por un cambio en la dirección del viento o corriente. Esto es precisamente lo que busca el proyecto de ley de turismo náutico de recreo aprobado la semana pasada por el Senado de la República – excepto que el proyecto no busca combatir las fuerzas del viento o de la corriente, sino la matriculación extranjera de embarcaciones que hace al Estado dejar dinero en la mesa.
Actualmente, si se hace una caminata por cualquier marina de la República Dominicana se notará que una parte significativa de las embarcaciones que se mantienen permanentemente en el país están matriculadas en jurisdicciones extranjeras. Los sospechosos son siempre los mismos: debajo del nombre de las embarcaciones más grandes se ven letras discretas que dicen “Road Town, BVI” o “Wilmington, Delaware” implicando matriculación allí. El proyecto por un lado hace obligatoria la matriculación dominicana de aquellas embarcaciones que permanezcan más de seis meses en el país, pero al mismo tiempo crea un régimen para que esta transición se dé fluidamente. Con mucha razón decía Maquiavelo que “la sabiduría consiste en saber distinguir la naturaleza del problema y en elegir el mal menor”. Con el statu quo actual, la mayor parte de las embarcaciones de recreo ubicadas permanentemente en República Dominicana generan pocos ingresos para el Estado (salvo por los impuestos aplicables al combustible consumido). El referido proyecto busca no sólo cambiar esta situación sino también incentivar el turismo y recreo náutico para que genere mayores ingresos para el Estado y complemente nuestra oferta turística apostando al futuro.
Es lamentable que el proyecto ha sido visto desfavorablemente en la opinión pública debido a una preocupación que, aunque bien intencionada, se enfoca meramente en las ópticas y no en los méritos. Naturalmente la ciudadanía no está equivocada cuando cuestiona cuáles son las prioridades de nuestro Congreso pues contamos con muchos pendientes: el Código Penal, el caos urbano y de transporte, el anticipo del Impuesto sobre la Renta y la reforma al Código Laboral, entre otros nudos gordianos. Sin embargo, en la vida hay que ganar terreno cuando se puede y el hecho de que estemos cojeando en otros aspectos no puede implicar ipso facto que este proyecto sea evaluado meramente por las ópticas sin adentrarse en los méritos. Si bien como principio se puede estar en contra de los incentivos como instrumento de política pública, la realidad es que en la República Dominicana ha sido exitoso impulsar determinados sectores a través de incentivos. Guardando la distancia, la Ley No. 299 de Promoción e Incentivos Industriales permitió el desarrollo de diversos sectores industriales no obstante las limitaciones del modelo económico de sustitución de importaciones en un país pequeño como el nuestro. En tiempos más recientes hay otros ejemplos exitosos de regímenes de incentivos como la Ley No. 108-10 General de Cine, la Ley No. 158-01 de Desarrollo Turístico y la Ley No. 392-07 y sus modificaciones que estableció el régimen de PROINDUSTRIA.
En el caso de las embarcaciones, la Dirección General de Aduanas solamente registró la importación formal de un monto total FOB de US$10.76 millones en el 2022 bajo el renglón de “barcos y demás artefactos flotantes”. No queda claro cuál es el desglose de ese monto entre embarcaciones puramente recreativas en comparación a embarcaciones comerciales u otro tipo de artefactos flotantes, pero en todo caso los aranceles recaudados por la importación formal de embarcaciones recreativas constituyen un monto pequeño en comparación a otros rubros puesto que la mayor parte de las embarcaciones en la República Dominicana no son importadas de manera formal, sino que simplemente son ingresadas y permanecen con su matrícula extranjera, lo cual no está prohibido, pero precisamente es lo que busca cambiar el proyecto a través de la matriculación obligatoria.
El régimen de incentivo propuesto busca igualmente impulsar la venta en el país de embarcaciones de recreo para generar mayor infraestructura para este sector, lo cual trae consigo la creación de empleos directos e indirectos y de ingresos correspondientes a esa cadena de comercialización. De manera concomitante, también se busca atraer un público turista más acomodado que igualmente gastará más en promedio tanto en tierra como en altamar. Por otro lado, es preciso destacar que el proyecto prevé una serie de tasas por diferentes actuaciones relacionadas a las embarcaciones como la renovación anual de la matrícula y la transferencia de titularidad que se calculan dependiendo de la eslora de la embarcación, incrementándose las mismas mientras más pies tenga.
Si una observación se le puede hacer al proyecto es que debería definir de manera más limitada cuáles embarcaciones podrán optar por el permiso temporal de navegación previsto para las embarcaciones extranjeras, de forma que esta categoría no sea usada como comodín para evitar la matriculación obligatoria nacional que prevé el proyecto. Ojalá que el reglamento de aplicación contenga los lineamientos necesarios en este sentido en caso de que el proyecto sea aprobado por la Cámara de Diputados y posteriormente promulgado.
En definitiva, no suena descabellado dejar de percibir aranceles durante un periodo por la importación de embarcaciones cuando los aranceles percibidos actualmente son mínimos, a cambio de impulsar un sector de la economía para (i) formalizarlo haciendo obligatoria la matriculación nacional y (ii) desarrollar un área conexa a nuestra oferta turística que es aspiracional y solamente la tornará más competitiva. Sin duda alguna, siempre será más grato ver un “La Romana, RD” que un “San Juan, PR” debajo del nombre de la embarcación como lugar de matriculación – y por esa razón este proyecto de ley es inteligente pues busca anclar por la proa y la popa un sector nicho para el cual tenemos una ubicación geográfica privilegiada.