La segunda juramentación presidencial del Dr. Balaguer constituye un momento de grandes expectativas para la sociedad dominicana, pues aunque el estratégico equipo de hombres y mujeres que le acompañan en la conducción del Estado lo nieguen, el país vive una tensa situación política. Grupos opositores son enfrentados constantemente en los barrios, municipios y provincias de todo el país. Casas de dirigentes sindicales, políticos y estudiantiles son allanadas constantemente en busca de armas y propaganda subversiva. Aunque con sus discursos formales ante el país y las intervenciones ocasionales ante los medios de comunicación, el Dr. Balaguer trate de desacreditar y disminuir con epítetos y calificativos de bajo nivel la efervescencia de una parte significativa de la sociedad a su gestión de gobierno, lo cierto es que en esos tiempos se vivían momentos de alta dificultad paramilitar y política. Tanto de día como de noche, pero sobre todo, bajo el manto de la noche, las tropelías a uno y otro lado del enfrentamiento político, se llevaban a cabo acciones que casi rayaban en el terror político. Los medios de comunicación de la época, sobre todo los impresos, conservan notas, crónicas, editoriales, noticias y denuncias que retratan de cuerpo entero la difícil realidad por la que atravesaba la sociedad dominicana en los tres (3) periodos gubernamentales, denominados por historiadores, analistas y comunicadores, como los doce (12) años de Balaguer.
Al hacer uso de la palabra el 16 de agosto de a1970, al jurar por segunda ocasión la asunción del cargo de primer Ejecutivo de la nación, el ya veterano presidente, superados los primeros cuatro (4) años de gestión, entiende que hay que enrumbar los destinos del país por un mejor y más dinámico proceso de administración pública. Desde la Asamblea Nacional expone a todo el país, invitados especiales, sí como para sus funcionarios y seguidores políticos, la necesidad urgente de modificar y actualizar las instituciones oficiales en las que descansa gran parte del aparato productivo nacional. Balaguer expone sin ambages la calamitosa situación en que se encuentran instituciones claves, tales como el INDHRI, IDECOOP y la Contraloría General de la República, haciendo énfasis en la forma en que estas han manejado las partidas propuestarias asignadas anualmente.
El mandatario hace un llamado contundente a la organización de la Contraloría General de la República para que pueda auditar y vigilar las acciones administrativas y técnicas del Instituto de Auxilios y Viviendas, del Instituto Nacional de la Vivienda, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, la Corporación Dominicana de Electricidad, la Oficina de Desarrollo de la Comunidad, y el Consejo Estatal del Azúcar.
Con esas críticas a su gestión, cuyo impulso procedía de la insistente solicitud de amplios sectores de la oposición, para que el llamado “Líder de la Revolución sin Sangre”, adoptara una nueva, por demás, moderna conceptualización funcional de la administración pública, podría denominarse más bien como una autocrítica ante sus fieles servidores y la opinión pública nacional e internacional, presente en la solemne ceremonia.
Decía en la ocasión el Dr. Balaguer sobre el hecho que:
“Otro paso de avance que no puede postergarse es el de la abolición de las rutinas dentro de las cuales hemos vivido y actuado desde que se fundó como entidad jurídica el Estado dominicano, mediante la creación de la Carrera Administrativa. No creo que en este campo estemos en aptitud de lanzarnos a la implantación de reformas radicales en forma apresurada. Pero sí se impone ya la necesidad de que la Administración Pública se desvincule gradualmente de la política y de que los servidores del Estado y de sus organismos autónomos ofrezcan, en compensación al beneficio de la inamovilidad en sus cargos, todas las garantías de idoneidad, de eficiencia y de pulcritud profesional que los distingue en los países en que la organización que tenemos en vista ha sido ya realizada.”
“La Oficina Nacional de Administración y Personal del Gobierno ha elaborado un plan que contempla, de acuerdo con el criterio ya expuesto, el cual he tenido ocasión de sustentar en cuantas oportunidades se me han ofrecido de referirme a este tema, la implantación gradual en el país de la Carrera Administrativa.”
Retoma el impulso para señalar lo que considera un aspecto clave de la administración dominicana, referida a la descentralización de funciones y en tal sentido el mandatario expone lo siguiente:
“Hay otro lastre del cual debe ser desembarazada la Administración Pública en los próximos años: el centralismo. Muchas veces se tilda al que habla de haber favorecido esa tendencia de tipo autoritario y de haber acumulado en sus manos atribuciones que en realidad corresponden a funcionarios de menor jerarquía. El hecho es cierto si se le circunscribe a la elaboración y a la ejecución del presupuesto nacional. La única centralización que yo he promovido en mis cuatro años de ejercicio del Poder Público, es la del control y el manejo de los fondos presupuestarios. Lo he hecho así y lo seguiré haciendo así mientras ocupe el Palacio Nacional, porque estoy convencido de la necesidad de esa práctica para impedir que en la Administración Pública se mantengan vicios tan odiosos como el de la dilapidación y el mal uso con que a menudo se manejan los fondos del Estado, como el de la concesión de contratos para la ejecución de obras públicas mediante prebendas y comisiones que conspiran no solo contra el crédito del Gobierno, sino también contra la propia calidad de las obras ejecutadas, y como el del estancamiento, en fin, a que el progreso del país se vería expuesto, en épocas de estrechez económica como la actual, en vista de que los recursos de que el Gobierno dispone no alcanzan, al término de cada ejercicio fiscal, para cubrir todas las llamadas cargas fijas y realizar al mismo tiempo las obras impuestas por la imperiosa necesidad en que estamos de que nuestro desarrollo se lleve a cabo en todos los órdenes a un ritmo cada días más acelerado.”
Con esas medidas el Dr. Balaguer buscaba que el país y el mundo entendieran que era un hombre pulcro y riguroso con el manejo de los recursos del Estado. Independientemente de la meticulosidad con que se manejó administrativamente desde el despacho presidencial, no pudo contener el “boato y latrocinio” con que se manejaban muchos de sus acólitos, responsables de dirigir ministerios, empresas estatales y direcciones generales. Fue tan evidente el saqueo inmisericorde a las arcas del Estado por sus funcionarios, que no le quedó más remedio que admitirlo públicamente, cuando dijo la frase histórica, de que:
“La corrupción se detiene en la puerta de mi despacio”
Para desmarcar aún más la pobre y vil actitud gerencial de sus subordinados con la de él, señala en esa hora fundamental ante el Congreso Nacional, su rectitud y la flexibilidad de sus funciones cuando se trata de administrar los recursos estatales, al señalar que:
“Pero fuera del control directo y personal del presupuesto de la Nación, lo cierto es que el Gobierno que he presidido se ha empeñado en que los jefes de departamentos ejerzan a plenitud sus atribuciones y actúen con responsabilidad en el ejercicio de las mismas. Si no se ha obtenido en muchos casos esa descentralización, no es por culpa del titular del Poder Ejecutivo, sino más bien por la tendencia de nuestros funcionarios a eludir la cuota de responsabilidad que a todos los integrantes de un gobierno les corresponde en cuanto al ejercicio de las atribuciones que les son específicamente asignadas. La práctica aquí, sin duda heredada de un pasado del cual no hemos podido independizarnos totalmente todavía, es la de descargar en el Presidente de la República la responsabilidad de todo lo malo que se hace en el Gobierno, aun cuando cada funcionario tenga el cuidado de atribuirse con frecuencia todo lo bueno que se haga en el país a través de cualquiera de nuestras dependencias administrativas. Esa práctica consuetudinaria se ha generalizado tanto que siempre, cuando se cancela a un empleado, la cancelación se atribuye al Presidente de la República, pero cuando se le nombra, el nombramiento se atribuye a la recomendación encaminada al Poder Ejecutivo por el jefe departamental correspondiente.”
En su segunda cita oficial con la vida democrática de la nación, el jefe de Estado destaca la importancia para su gestión y el país de continuar con una serie de obras sociales que, a su juicio, impactarán en la difícil condición de vida en que se encuentra la mayor parte de la Población Dominicana en esos años, situación social que está decidido a enfrentar desde el gobierno que por los próximos cuatro (4) años presidirá.
Joaquín Balaguer, uno de los tribunos más reconocidos del gobierno dictatorial finiquitado el 30 de mayo de 1961, convertido ya en presidente todopoderoso del país aboga, y está plenamente convencido, de que los seres humanos pobres de la República Dominicana deben recibir la ayuda directa del gobierno. Implementa ese estilo de gobierno, aunque esa no sea la fórmula ni los indicadores que reduzcan los índices de pobreza en los organismos internacionales, cuya función es medir los grados de desarrollo de las naciones del mundo a partir del saneamiento y control bancario de las finanzas.
Desdice de las críticas a su gestión cuando externa consideraciones que validan su metodología del manejo de la cosa pública en una nación pobre y recientemente afectada por un serio conflicto armado. Su punto de vista metodológico lo define de la siguiente forma:
“El reparo que se ha hecho a ese periodo de gobierno es el de que nos hemos preocupado más por la rehabilitación económica del país que por la adopción de una política agresiva de verdadera promoción humana.”
“Es obvio que no se alude, al formular esa crítica contra el Gobierno, a aquellos aspectos de la justicia social que obedecen en cierto modo a fines asistenciales. La política de viviendas para personas de escasos recursos que se ha practicado en los últimos cuatro años, no tiene precedentes en la historia dominicana. Tampoco se habían concedido nunca en el país, en proporciones tan extensas, las ayudas destinadas a familias menesterosas. En ningún otro momento de nuestro acontecer convulsivo se han repartido tantas parcelas entre agricultores de escasos recursos ni se han obsequiado tantas máquinas de coser, tantos instrumentos de trabajo para artesanos sin posibilidades económicas, y tantas sillas y piernas artificiales para inválidos en las zonas urbanas y en las áreas rurales. Pero ese aspecto de la justicia social, condenado en términos tan peyorativos por los economistas y los planificadores modernos, carece en realidad de valor cuando la obra de un gobierno se sitúa, para evaluarla, en un nivel científico, aunque es justo reconocer que no carece de importancia no posee vida económica propia o sufre los rigores de la desocupación forzada.”
El estadista dimensiona sus planes y proyectos para aumentar la calidad de vida de la población dominicana, al esbozar lo que considera debe ser la estructura funcional que dé al traste con muchas de las necesidades reclamadas por la sociedad. En ese orden expone el siguiente criterio:
“Un proyecto de promoción social que el Gobierno iniciará a partir de 1 de enero de 1971, cuando entre en vigencia la nueva Ley de Gastos Público, es el aumento de los sueldos de todos los servidores del Estado que reciben una remuneración por debajo de los RD$100.00 mensuales y que son los que sufren en su gran mayoría el rigor de las consecuencias de la espiral inflacionaria en que se halla hoy envuelta la mayor parte de los países del mundo.”
“Pero este aumento lo recibirán los servidores públicos en bonos que les servirán para la adquisición de sendas viviendas en la Capital de la República y en las distintas localidades del país. Hay actualmente 40 mil empleados públicos, entre civiles y militares, que perciben sueldos menores de RD$ 100.00 mensuales. El plan que el Gobierno se propone llevar a cabo consiste en la construcción de 5 a 10 mil viviendas anuales, dotadas del confort necesario, pero de un valor mínimo de que oscilará entre RD$1,500.00 y RD$1,800.00 por unidad.”
La reforma agraria sigue siendo parte fundamental del gobierno. Ya vimos algunos criterios de su implementación como parte de su gestión (1966-1970). Al jurar por segunda ocasión ante los representantes legislativos del pueblo dominicano, destaca el rol fundamental que la implementación eficaz de la Reforma Agraria tendrá en el gobierno que encabezará por los próximos cuatro (4) años.
En ese orden destaca los siguientes criterios:
“Nuestra Reforma Agraria adolece todavía de muchas fallas porque el Gobierno no dispone de recursos bastantes para dar la atención debida a todos los proyectos que se han iniciado en la mayoría de las Secciones del país. Pero hemos avanzado y seguimos avanzado en ese campo, pese a la exigüidad de ese factor esencial, tanto mediante la aceleración del proceso de los simples repartos de tierra, sobre todo en las regiones de la República que se hallan más densamente pobladas, como en la conducción científica de algunos proyectos que podrían exhibirse como modelos en ese campo de las actividades sociales. Bastaría citar como ejemplos lo que la Reforma Agraria ha hecho en el Limón del Yuna, en la provincia Duarte; en la Hacienda Estrella, en el Distrito Nacional; en Nisibón, en el Municipio de Higüey; en el antiguo Sisal, en los viejos terrenos de la Dominican Fruit, en la provincia de Azua y el que ya ha empezado a hacerse en las zonas que pertenecieron a la Grenada en la Línea Noroeste.”
“Nada hay para el Gobierno actual más atrayente que la Reforma Agraria, el más importante, a mi juicio, de todos nuestros procesos sociales. Pero yo me sentiría satisfecho si al final del periodo que hoy se inicia podemos entregar a quienes nos sucedan en la responsabilidad de dirigir los destinos de la República, siete u ocho proyectos que funcionen a cabalidad y que representen un verdadero progreso social para nuestras clases campesinas en zonas hasta ayer improductivas o solamente explotadas para beneficio del latifundismo criollo o de la inversión extranjera.”
Este aspecto y el control del presupuesto son los criterios que en esa pieza oratoria ocupan más espacio. Del tema presupuestal y la corrupción, aspectos que han atacado sus opositores de manera constante a través de los medios de comunicación, así como con huelgas y protestas diversas, el Dr. Balaguer consigna el siguiente punto de vista:
“Otra falla que a menudo se atribuye al gobierno que hoy termina su primer mandato constitucional, es la de la supuesta corrupción que existe en la Administración Pública. Rechazo enérgicamente esa crítica aunque admito que no todo en ese aspecto es satisfactorio en los organismos que dependen del Estado, ni menos aún de los que funcionan con alguna independencia o con plena autonomía. No exista en el país, como muchos lo insinúan maliciosamente con fines de partidarismo político, la corrupción administrativa propiamente dicha. No es cierto que exista o haya existido en algún momento durante el presente régimen, lo que podría propiamente denominarse robo o malversación de los fondos del Erario público. El presupuesto nacional es controlado por mí personalmente y de las arcas del Estado no puede salir un céntimo sin que el que habla lo autorice. Todas las puertas por las cuales pueda salir ilícitamente una erogación de ese género se hallan celosamente vigiladas.”
“Por sí existe y sería infantil negarlo para encubrirlo con un manto de silencio, el fenómeno casi universal del pequeño soborno que aquí se denomina popularmente “macuteo”.
Indudablemente que el gobernante tenía serias preocupaciones sobre el uso dado a los recursos del Estado. Precisamente, la decisión de manejar personalmente las finanzas públicas, es una clara evidencia de que no contaba en su equipo de gestión y seguidores políticos – partidistas, con ninguno que mereciera su confianza para asumir esa sensible y vital responsabilidad.
Una parte significativa de ese segundo discurso de inicio de gestión gubernamental, lo dedicó el mandatario para referirse a las álgidas relaciones en que se desarrollaba su gestión frente a la oposición política representada por partidos, grupos, movimientos, centrales y sindicatos obreros, así como grupos estudiantiles de enseñanza media y superior. En ese contexto político-social que caracterizaba la vida del país, juegan un extraordinario papel los sectores intelectuales y estudiantiles que hacen vida política diaria desde las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), único centro de enseñanza estatal y gratuita desde que obtuvo autonomía universitaria el 31 de diciembre de 1961.
Los sectores intelectuales y profesionales concentrados allí, luego de concluidas las acciones bélicas de la revolución constitucionalista de 1965, repudiaban en las calles y al interior del recinto, toda posibilidad de entenderse con quien había sido durante la tiranía trujillista miembro del cuerpo de profesores de la Escuela de Derecho, en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas.
Durante los tres (3) periodos de gobiernos consecutivos del Dr. Balaguer (1966-1970; 1970-1974, y 1974-1978), denominados y consignados en la historia dominicana como los “Doce Años”, era prácticamente el único espacio políticamente libre de toda la República Dominicana. En ella convivían todos los partidos y grupos políticos opositores al régimen. Ingresar al Campus con las pretensiones de defender al Dr. Balaguer, sus funcionarios y sus gobiernos, era sumamente delicado y casi seguro que los grupos opositores reclamaran una reprimenda para quienes habían osado ofender su espacio de vida política.
En las calles y sectores populares de todo el país pasaba casi lo mismo, constantemente había una protesta que exigía justicia por asesinatos hechos a mansalva, por apresamientos y maltratos ilegales, o por las reivindicaciones de áreas específicas del aparato productivo nacional. También por la estabilidad de los servicios básicos en la ciudad capital y el interior del país.
Se quejaba amargamente el Dr. Balaguer en muchas de sus intervenciones públicas, pero de manera especial, en aquellas ordinarias y extraordinarias en el Congreso Nacional, frente a un conjunto de invitados nacionales y extranjeros, de la virulencia con que sectores de la oposición se habían empeñado en desacreditar fuera del país el “estatus civilista” de sus gestiones de gobierno. Aducía que esas denuncias afectaban la imagen del país ante el mundo, limitando sus posibilidades de desarrollo.
Al asumir por segunda ocasión la más alta investidura del estado, 16 de agosto de 1970, Balaguer deja claramente establecido ese criterio, cuyas notas textuales cito a continuación:
“Pero estamos solo en el prólogo de nuestro arduo y costoso programa de rehabilitación nacional. Los problemas de nuestro país siguen siendo apremiantes y voluminosos. El mayor escollo con que tropezamos para llevar adelante esa empresa no es, sin embargo, la limitación de nuestras posibilidades. Tampoco lo es la rémora constituida por el odio que la guerra civil de 1965 sembró entre diversos sectores de nuestra sociedad. El obstáculo más grande en nuestro camino se halla representado por la propaganda aviesa que se hace contra nuestro país en el exterior y que en gran parte se origina en nuestro propio medio y puede considerase como un producto del canibalismo político imperante entre los dominicanos. Las noticias que constantemente se publican en el exterior sobre nuestro país obedecen a una campaña sistemática de descredito que unas veces se dirige contra el Gobierno y otras veces contra el pueblo dominicano mismo, víctima en este caso de los intereses foráneos que no desean una República Dominicana desarrollada y libre, sino una República Dominicana pobre e incapaz de afrontar con éxito la competencia que en muchas esferas, como las del turismo y la de las exportaciones de productos agrícolas, le hacen otras naciones del Continente.”
“El mandatario continúa su defensa, al señalar: lo triste y decepcionante en esta situación es que al mantenimiento de la misma coadyuvan los mismos dominicanos, incapaces de comprender que ese daño se lo hacen al país y se lo infieren a sí mismos los que desde aquí hacen coro a los enemigos gratuitos de la prosperidad dominicana.”
Independientemente de esos juicios, el gobernante cerraba su comparecencia pública con un rotundo mensaje de optimismo, al exponer que:
“El periodo que hoy finaliza ha sido un periodo de rehabilitación económica en todos los aspectos. Superadas en gran parte las dificultades que tuvimos que afrontar en los primeros dos años, fruto en gran parte de las vicisitudes y de los desaciertos de administraciones anteriores, podemos concluir nuestro primer mandato presidencial con logros tal vez modestos pero en muchos aspectos fundamentales. El poder económico y financiero del Gobierno ha aumentado en forma considerable y en vez de un presupuesto de RD$140,139,300.00. Como lo fue el de 1966, estamos poniendo en ejecución uno de RD$247,558,599.00 en 1970. En el campo agropecuario la economía nacional ha crecido hasta un nivel de 9.6% con relación al año 1968. En el orden industrial se ha realizado un aumento de 9.4% y en el ramo de la construcción, el mejor exponente de la vitalidad económica dominicana sigue en ascenso y todo indica que el progreso del país es ya incontenible y que solo se requiere un poco de buena voluntad para que alcancemos en el porvenir inmediato todas las metas ambicionadas.”
Hábil como era en esos escenarios trascendentes del país y fuera de este, el Dr. Balaguer concluye su intervención discursiva dejando en evidencia su principal escollo y citando una reflexión del maestro de América, Eugenio María de Hostos. He aquí el fragmento al que hace referencia:
“Tenemos pues razón para contemplar nuestro futuro con optimismo”
“Tenemos, pues, razón para contemplar nuestro futuro con optimismo. Si no fuera por la actitud negativa en que se mantienen algunos grupos políticos, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, el país caminará hacia adelante con pasos agigantados. Pero las sombras que se proyectan sobre el porvenir del país son circunstancias pasajeras. Estamos dando los pasos iniciales para nuestro desarrollo y nada ni nadie podrá detenernos en ese camino prometedor.”
“Hostos nos dijo, en la postrimería del siglo xix, que el porvenir del pueblo dominicano se hallaba cifrado en este dilema: civilización o muerte. Hoy podemos decir que esa consigna ha cambiado, modificada también por el signo de los tiempos, y que el dilema no consiste ya en la civilización o morir, sino más bien en trabajar unidos por el bien de la Patria o resignarnos a perecer, barridos por nuestros propios odios, y empujados hacia el desastre por la ola de canibalismo rampante que hoy invade todas las playas del mundo.”