La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) está comprometida con el afianzamiento de nuestro ordenamiento democrático y su continuo perfeccionamiento en el tiempo. Esto nos conduce a un ejercicio permanente de seguimiento y evaluación de los hechos y actos que acontecen en el Estado y la sociedad, con un ánimo sereno, constructivo y propositivo. Por ello asumimos el desafío de realizar un balance del recién pasado 2024 y avizorar los retos del 2025, que ayude a comprender la envergadura de estos temas y la importancia de su discusión colectiva.
En el desarrollo del Estado social y democrático de derecho que hemos adoptado, diversas instituciones juegan un rol esencial. En el sistema de justicia se agrupan varios órganos y estructuras de carácter constitucional diseñadas para garantizar los derechos fundamentales y solucionar la conflictividad social mediante diversos procesos judiciales. La consolidación de la democracia exige instituciones fuertes dotadas de legalidad e independencia para velar por el correcto ejercicio de los derechos de los ciudadanos. En este contexto, al comenzar el año 2025, FINJUS subraya la importancia de realizar un balance de los aspectos clave en la institucionalidad y el sistema de justicia del país, que permita identificar los retos y las perspectivas que se avizoran en el porvenir.
La mejora continua de la institucionalidad de la nación optimiza el funcionamiento de un régimen democrático transparente, eficientizando los procesos y mejorando la prestación de los servicios y la gestión de los recursos. Hacemos frente a un mundo globalizado con exigencias y desafíos económicos, sociales y tecnológicos que van más allá de los ejes concebidos hace una década. Es menester que se adopte un marco institucional sólido con la capacidad de responder a las nuevas exigencias, ajustando los cambios que demanda el presente.
La sociedad dominicana fue testigo en 2024 de una actividad legislativa y judicial importante en el conocimiento y presentación de iniciativas y decisiones. De cara al 2025 es imperativo que se profundice la labor legislativa para conocer de las reformas más significativas que darán una respuesta palpable al dinamismo con el que avanza la sociedad actual.
Reforma de los marcos globales de la vida económica y social
República Dominicana cierra el 2024 con un crecimiento sostenible que ha convertido a nuestra economía en la séptima más grande de América Latina y el Caribe. El Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido de manera sostenida y hemos pasado de ser un país de renta baja a uno de renta media, lo que ha producido una expansión considerable de la clase media y una reducción significativa de la pobreza.
Hemos gozado de estabilidad política y paz social, con un fortalecimiento cada vez mayor de nuestras instituciones. Los logros económicos han sido el resultado de un modelo que ha incentivado el turismo, las exportaciones, el aporte de las remesas, la expansión de los servicios, la construcción y otros renglones productivos.
Junto a esos logros, reconocemos que tenemos importantes tareas pendientes: el fortalecimiento institucional, la mejora en el gasto público, mayor transparencia, reducción de la corrupción, continuar expandiendo la infraestructura y fortalecer los sistemas de educación, salud pública y seguridad social. La República Dominicana ha tenido un modelo exitoso, lo que no quiere decir que esté exento de problemas y desafíos.
Dentro de los retos más visibles vinculados con las metas anteriores, encontramos la necesidad de fortalecer la fiscalidad del Estado para reducir el déficit tanto fiscal como cuasi fiscal, que permitiría un manejo más idóneo y sustentable de la deuda pública, al tiempo que se realizan las reformas integrales en materia impositiva que faciliten las mejoras en el gasto público, se incremente el ahorro y la inversión, entre otros aspectos medulares.
Estos elementos están vinculados con áreas importantes de la Estrategia Nacional del Desarrollo, las políticas públicas y los programas sectoriales que el país requiere para mantener su competitividad, crecimiento y el desarrollo socio-económico integral.
FINJUS hace un llamado para que los diferentes sectores sociales y estatales coordinen una agenda consensuada para las reformas necesarias en estos aspectos, desde un enfoque participativo.
El sistema de justicia y la institucionalidad democrática
Las acciones del Estado juegan un rol preponderante para mantener la estabilidad y el bienestar general. Las regulaciones establecidas para controlar los actos de los entes estatales proveen medidas para respaldar el buen funcionamiento de las instituciones y la estabilidad social, que les dote de la confianza y el respeto que requieren para el desarrollo nacional. Esto es especialmente necesario en el ámbito de las instituciones que conforman el sistema de justicia, lo que conduciría a más altos niveles de independencia y eficiencia judicial, mayores mecanismos de control con poderes suficientes, un sistema impositivo justo y transparente, y órganos para mantener la seguridad ciudadana con profesionalización y eficiencia.
La sociedad evoluciona con el tiempo, dando lugar a demandas y propuestas sociales sobre aspectos que requieren avances y permiten la adecuación del contenido y funcionamiento de las organizaciones y políticas públicas, para beneficio de todos los sectores. En la reciente reforma constitucional se presentaron avances encaminados a elevar los niveles de transparencia y lograr una justicia independiente y cercana a la gente para fortalecer el sistema democrático de la nación, que es la meta común que sirve de norte a este balance y sobre lo que haremos mayor énfasis.
Resaltamos positivamente la consolidación de la figura del Procurador General de la República. Asegurar su imparcialidad y arbitrariedad separándole del proselitismo político y excluirla del Consejo Nacional de la Magistratura, son pasos significativos para el buen funcionamiento del sistema judicial. Aun así, si bien se propone una estructura que le desvincule de la práctica política y aumente su imparcialidad, deben ponderarse mecanismos suficientes que aseguren su debida rendición de cuentas y el buen ejercicio de sus funciones.
Otro aspecto relevante es la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados. Sin lugar a duda, la permanencia del bicameralismo en un Estado unitario y descentralizado es un tema que debe discutirse. Sin embargo, hay que evitar desaciertos de representatividad para garantizar la proporcionalidad que debe mantenerse en la relación votante-demarcación-representante.
Hablar de reformas implica promover un diálogo abierto para favorecer un paso armonioso en la consolidación del Estado de derecho, evitando abusos de poder y potestades muy discrecionales en algunos órganos. Es una labor que requiere un amplio consenso de la sociedad, para garantizar la armonía y el equilibrio de los poderes, promover reglas de representación equitativas y efectivas, y ofrecer soluciones que preserven los derechos fundamentales de los ciudadanos sin alterar la estabilidad jurídica del país.
En ese sentido, identificamos como un desafío del 2025 para la comunidad jurídica y especialmente para el Poder Legislativo, aunar esfuerzos en torno a la revisión, aprobación e implementación del Proyecto de Código Penal, cuyo conocimiento resultó sin éxito durante el 2024. La modificación y actualización de la legislación penal es urgente, pues reflejaría los cambios sociales y las nuevas formas en las que pueden prevenirse los delitos. Con la reforma del Código Penal se impulsaría el desarrollo de la política criminal que contribuya a la eficiencia del sistema de justicia al proporcionar coherencia y claridad en la aplicación de las normas.
El Estado tiene, en ese sentido, la obligación de generar políticas que permitan el control de los delitos, siendo una función esencial del mismo la protección efectiva dentro de marcos compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de toda la población. La aplicabilidad de la legislación penal puede ser compleja si no se proporciona un modelo uniforme que gestione adecuadamente los cambios sociales y las interpretaciones judiciales, reflejando la continua búsqueda del equilibrio entre la justicia, los derechos individuales y la seguridad.
Desde FINJUS resaltamos la importancia, esfuerzo y trabajo de presentar una regulación penal acorde a los tiempos y a las necesidades del sistema. Comprender la importancia del alcance de la política penal es esencial para combatir eficazmente la criminalidad, al tiempo que se respete la dignidad y los derechos de las personas. En tal sentido, valoramos los avances que representaría conocer las modificaciones al Código Penal. De igual forma, es justo advertir que es necesario que la pieza se estudie de manera conjunta a la normativa procesal penal, al igual que las leyes especiales que rigen el derecho administrativo, ya que solo así se evitará crear una normativa que, luego de promulgada, pueda chocar directa o indirectamente con otras conquistas del derecho moderno.
Sobre el sistema penitenciario
En FINJUS consideramos que un sistema legal ambiguo, complejo y desactualizado es una barrera de acceso para una gran parte de la ciudadanía. Por tanto, el desafío de la justicia implica innovar estructuralmente el sistema, no sólo como forma de adecuación práctica, sino también como nuevo mecanismo democrático para generar el fortalecimiento del Estado de derecho en su conjunto.
FINJUS ha insistido en que el Estado y la sociedad deben actuar conjuntamente para definir las políticas y programas que sirvan para mejorar el agudo déficit que presenta el sistema penitenciario. Cada día parece diluirse el objetivo del sistema penitenciario, que no es otro que garantizar el cumplimiento de las penas de las personas culpables de violar la ley penal y crear las condiciones para su posterior reinserción social. Como toda sociedad moderna basada en principios democráticos y desde una perspectiva de derechos, nuestro sistema penitenciario está diseñado para garantizar que el orden y la armonía social sean restablecidos, lo que implica crear las condiciones para que quienes han causado algún daño a la sociedad puedan tener la oportunidad de reincorporarse a ella.
El análisis del actual sistema penitenciario refleja deficiencias agudas relacionados con los principios, estructuras y normas que deben caracterizar a cualquier organización social moderna en el marco de la democracia. FINJUS se ha colocado al lado de las autoridades del Ministerio Público y la Dirección General de Prisiones para encontrar alternativas humanizantes, modelos sustentables y prácticas que sean coherentes con nuestra democracia y sus principios.
Para revertir esta situación es urgente rediseñar e implementar programas interdisciplinarios que garanticen las condiciones de salud, educación y vida digna que la Constitución y las leyes establecen que deben existir en los recintos penitenciarios. La reforma del sistema penitenciario es un reto que, de forma clara y contundente, no puede ser simplemente cosmética y para ser exitosa debe abordarse con una visión de derechos que permita las condiciones para la vida digna.
La República Dominicana posee un modelo de Estado que, en principio, debe garantizar no solo el ejercicio de los derechos fundamentales, sino que también debe emplear los medios y recursos necesarios para asegurar su protección.
Avances en el sistema de Defensa Pública
Un aspecto positivo que hay que resaltar es el buen desempeño mostrado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP). Sin importar el reducido número de defensores, la ONDP realizó en 2024 una destacada labor asistiendo un promedio de 58,000 personas sin los recursos económicos suficientes para garantizar por si mismos su derecho a defenderse en los tribunales mediante los servicios de representación legal. En esta área, para paliar un aspecto del gran déficit en el sistema carcelario, la labor de la Defensa Pública muestra que cuando se establece una colaboración interinstitucional proactiva se puede mejorar notablemente la protección de los derechos de las personas, en este caso de los privados de libertad.
Con el concurso para Aspirantes a Defensores Públicos 2024, cuyo objetivo es incorporar 80 nuevos defensores públicos a la institución, en 2025 existirán mejores condiciones para reforzar el servicio de calidad en esta área del sistema de administración de justicia que brinde un acceso equitativo a la justicia y el ejercicio armonioso del derecho a la defensa.
Ministerio Público
El sistema de justicia se conforma con figuras clave para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas y el cumplimiento de la ley. En ese marco, nuestra atención se concentra en otro de los actores principales del sistema de justicia, que es el Ministerio Público, el cual constituye un órgano fundamental para el logro de objetivos constitucionales que buscan el fomento de la transparencia y la erradicación de la impunidad, tal como lo han proclamado diferentes instancias del Estado dominicano.
FINJUS entiende que este nuevo año 2025 será el momento oportuno para consensuar un plan de acción en favor de quienes tienen la responsabilidad de diseñar, implementar y evaluar la política de persecución penal. Para que sea efectiva esta política debe dotarse de una base económica, social y reglamentaria que se adecue a las exigencias del presente y que contribuya a reforzar la actividad de persecución y el cumplimiento de las metas institucionales definidas en la Constitución y las leyes.
Observamos el gran incremento de la percepción social sobre el trabajo que ha venido realizando el Ministerio Público, que se refleja en el elevado número de acusaciones presentadas ante los órganos jurisdiccionales, especialmente de aquellos que involucran expedientes complejos relacionados con el manejo indebido del erario. Esto se traduce en un avance material evidente en los reclamos sociales y las exigencias de la ciudadanía. Es decir, el Ministerio Público ha repuntado considerablemente la confianza ciudadana sobre sus acciones, lo cual puede servir de ejemplo para otros entes estatales.
No obstante, persiste como un desafío para el sistema que quienes tienen la responsabilidad de ejecutar la política de persecución criminal de la nación se vean expuestos a riesgos que atenten contra su seguridad personal, debido a la falta de medios que permitan sustentar un ejercicio adecuado de sus obligaciones. A ello se le suma la carga laboral incrementada por la mora judicial, la dualidad representativa de demarcaciones y la base económica desigual, así como las dilaciones para poner en marcha los procesos organizacionales eficientes para la renovación de las fiscalías y cortes especializadas.
Si bien entendemos la importancia de proveer condiciones económicas justas a estas figuras, es importante subrayar que para el 2025 será un reto reforzar los mecanismos de evaluación para realizar cualquier cambio de función o ascenso. Tal como establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, es imperativo gestionar un sistema de evaluación de desempeño previo a la adopción de un escalafón en los movimientos y ascensos internos de los miembros del Ministerio Público que pondere méritos, capacitación y tiempo en el servicio.
Poder Judicial
En sociedades como la nuestra, donde han existido sesgos institucionales que han afectado nuestro orden democrático por décadas, debe tomarse en cuenta que para fortalecer estrategias complementarias de los actores de justicia se debe realizar un análisis objetivo del sistema y formular e implementar políticas que faciliten una administración pública eficaz.
Las condiciones de quienes desempeñan funciones en el sistema de justicia repercuten en la realidad material del ordenamiento jurídico. Un ejemplo claro de lo anterior lo constituyó el establecimiento de un sistema de carrera para jueces, mediante la ley 327-98. La primera ola de la reforma judicial iniciada en 1997, tuvo entre sus principales pilares la ley de carrera judicial que permitió aumentar los niveles de independencia de la judicatura, replanteó las condiciones de ejercicio y vida personal de los jueces y los servidores judiciales, dándoles mayor seguridad y una mejoría sustancial en su capacitación y profesionalización, garantizando un proceso de desarrollo integral de sus capacidades desde entonces.
Desde el punto de vista de la gestión institucional en la administración de justicia, y sistematizando las informaciones de los medios de comunicación en 2024, observamos que el Poder Judicial obtuvo importantes avances en su desempeño. Destacamos el área de la reducción de la mora judicial donde se reporta que más del 60% de los tribunales de primera instancia en todos los departamentos judiciales del país se han puesto al día en el conocimiento de los casos, y que sólo un 10 por ciento de los juzgados de paz aún conservan alguna mora.
Otro avance significativo con grandes implicaciones estratégicas se produjo en el área de la promoción de los mecanismos alternos de resolución de conflictos en el área penal, con la implementación del Reglamento General sobre estos mecanismos el 17 de octubre de 2023, que abre las puertas para la resolución de controversias, mediante la conciliación, la mediación, el arbitraje y la negociación. El uso de estos mecanismos representa un gran paso en la descongestión y no judicialización de conflictos sociales.
Un acontecimiento de relevancia para la República Dominicana en términos de cooperación internacional será la celebración de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, programada para mayo de 2025, evento en el que el país fungirá como sede. Esta cumbre constituirá una plataforma estratégica para promover la independencia judicial y fortalecer el Estado de Derecho en la región, aspectos fundamentales para el desarrollo de sistemas de justicia transparentes y eficientes en los países iberoamericanos. Además, permitirá fomentar el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre los actores judiciales de la región, contribuyendo a la consolidación de un entorno jurídico más justo y equitativo.
Valoramos que en 2025 el Poder Judicial enfrenta grandes retos. Desde nuestra óptica lo más importante es profundizar el estatuto de la carrera para dignificar la labor de los jueces y garantizar su estabilidad en el cargo, al tiempo que se cumplen las metas institucionales. Es cada día más claro que fue un acierto la adopción del sistema de carrera para promover el fortalecimiento institucional del Poder Judicial, asegurar relaciones de trabajo justas y armónicas a los jueces a través de mecanismos objetivos que aseguren los principios constitucionalmente protegidos de ingreso, movilidad y permanencia en la carrera judicial.
Es imprescindible que el escalafón judicial continúe su proceso de mejora continua en base a criterios de mérito, capacidad y especialización, siempre apegados a los principios de independencia judicial, imparcialidad, competencia y rendición de cuentas, permitiendo construir un sistema judicial más justo y digno de la confianza de la ciudadanía. Es en este marco que deben obtenerse los logros ligados a la eficiencia, accesibilidad, equidad, y previsibilidad de los distintos órganos que interactúan. Es menester continuar impulsando la superación de las brechas institucionales con relación a otros órganos del sistema de justicia.
Este esfuerzo permitiría seguir enfrentando el retraso en el conocimiento de los casos penales con énfasis en los principales y más poblados distritos judiciales del país, haciendo hincapié en reducir los reenvíos de casos hasta su mínima expresión, para lo cual es necesario promover mecanismos de coordinación interinstitucional debido a la intervención en esta área de otros órganos del sistema de justicia penal. Otro gran reto que enfrenta el Poder Judicial en 2025 es hacer masivo el uso de las herramientas digitales, tanto en su interior, como en los demás órganos del sistema, permitiendo una gama de diligencias que agilizan y hacen más transparentes los procesos judiciales.
Todo lo anterior implica reforzar la autonomía real de todas las instituciones que conforman el sistema de justicia, lo que implica la asignación de mayores recursos que le sean asignados para materializar sus mandatos normativos, fortaleciendo los mecanismos de gestión interna.
Cámara de Cuentas y control externo
Advertimos que el 2025 abre una nueva puerta para la mejora del sistema nacional de auditoría y control externo. Durante el 2024 la Cámara de Cuentas exhibió una desalentadora gestión que debe mejorarse en aras de consolidar dinámicas eficientes que luchen contra la existencia de amenazas para la administración de los recursos públicos y el avance institucional. Dada la oportunidad de selección de nuevos miembros, desde FINJUS exhortamos a que se siga un proceso riguroso donde impere una visión de Estado que priorice herramientas que fomenten el desarrollo armónico e integral de la nación, siendo este el sustento apropiado para evitar el detrimento de la gobernanza e institucionalidad del país.
Elecciones Presidencial, Congresual y Municipal en 2024
Otro de los aspectos más significativos que están presentes en este balance del 2024 es la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, que en términos generales valoramos muy positivamente. Por ser uno de los pilares fundamentales del régimen democrático dominicano y clave para el fortalecimiento institucional del país, estas elecciones concitaron amplias expectativas, no sólo a nivel nacional, sino en el marco internacional, ya que es de todos conocidos que en los índices macroeconómicos y de la calidad de nuestra economía y sociedad, están vinculados con la existencia de un marco legal, leyes y estructuras que garanticen la idoneidad de los comicios, la transparencia en el escrutinio y el acceso pleno de la ciudadanía y las agrupaciones políticas a las prerrogativas que establecen las leyes electorales y la Constitución.
Somos de opinión que las elecciones celebradas en 2024 estuvieron revestidas de una serie de garantías plasmadas en las nuevas leyes del régimen electoral, contando con el soporte de una Junta Central Electoral (JCE) que ha mantenido su compromiso de proveer confianza y seguridad sobre la transparencia, la profesionalidad y el apego a las leyes, reglamentos y normativa electoral.
Asimismo, al término de 2024 es importante destacar la labor del Tribunal Superior Electoral (TSE), arribando a un 2025 sin mora judicial y con una estadística institucional positiva. Subrayamos la gran labor realizada por el TSE, mostrando una actividad eficiente en el conocimiento de expedientes y resolución de casos en materia contenciosa electoral. El esfuerzo mostrado permitió un desarrollo eficiente que consolidó una vez más su rol como garante clave de la democracia.
En esta área identificamos varios elementos que deben formar parte de la agenda permanente de discusión sobre el fortalecimiento del sistema electoral dominicano, como lo son, el control y erradicación gradual del transfuguismo político, el fortalecimiento de los mecanismos que propicien los derechos a elegir y ser elegidos, así como las debilidades que subsisten en la reglamentación de las acciones de las agrupaciones políticas, de forma que se vayan afianzando los principios de respeto, diálogo abierto y tolerancia que deben marcar las acciones de todos los actores que intervienen en las elecciones.
Control de constitucionalidad
El control de constitucionalidad surge para garantizar la supremacía constitucional como eje mayor jerárquico en el ordenamiento jurídico. Conviene subrayar que, si bien contamos con la articulación expresa del control ejercido por el Tribunal Constitucional, el artículo 6 de la misma Constitución establece el principio de la supremacía al disponer que esta es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado.
Esto quedó reiteradamente de manifiesto a lo largo del 2024 gracias a la labor constante del Tribunal Constitucional. En este sentido destacamos su decisión de declarar no conforme con la Constitución la Ley núm. 10-15, que introduce modificaciones a la Ley núm. 76-02 del Código Procesal Penal, en razón de que fue desconocido el principio de deliberación conjunta que vició procedimentalmente su conocimiento en las cámaras legislativas. En el mismo tenor, desde FINJUS advertimos que este próximo año 2025 debe ser el escenario favorable para subsanar este reto. Dado que fue atacado en cuanto a la forma y no en cuanto al fondo, sumado a la exhortación y plazo otorgado al Congreso Nacional para su nuevo conocimiento, debemos aprovechar esta oportunidad para dotar de seguridad jurídica el ejercicio legislativo sin comprometer los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Otro ejemplo significativo del alcance e importancia del trabajo del Tribunal Constitucional lo representa su decisión unánime de declarar inconstitucional el artículo 291 del Código Procesal Penal que establecía que, si contra el imputado no se ha solicitado una medida de coerción en la realización de un anticipo de pruebas, el Ministerio Público disponía del secreto total o parcial de sus actuaciones, siempre que sea indispensable para el éxito de la investigación. La decisión del TC implica que, en lo adelante, el Ministerio Público deberá entregar las carpetas y documentos que le solicite un imputado o investigado en un proceso, revirtiendo la capacidad discrecional que ejercían los fiscales en este sentido. Esto abre un nuevo reto para el sistema de justicia penal en 2025 pues tendrá que ajustar sus prácticas al principio de equidad de manera más estricta.
En esa tesitura, a pesar de sostener criterios discrepantes con algunas decisiones conocidas por el Tribunal Constitucional, aprovechamos la oportunidad para saludar la gran labor interpretativa realizada por dicho órgano extra poder a través de sus últimas disposiciones. Reconocemos el gran trabajo mostrado durante el 2024, manteniendo una hermenéutica ajustada a su rol de máximo garante constitucional y ofreciendo criterios para el fortalecimiento de las libertades fundamentales de la sociedad que confirman la entereza, firmeza y seguridad del Estado Social y Democrático de Derecho.
Reforma de normativas fundamentales
En esta valoración institucional del 2024 se destaca que la seguridad nacional representa un pilar fundamental para la conservación del Estado y sus valores y principios constitucionales. Tiene un carácter especial, pues es indispensable para proteger nuestra integridad y la soberanía nacional, que son el marco que sostiene los ideales que promovemos como Estado Social y Democrático de Derecho.
Sostener un Estado libre de amenazas, orientado por los principios antes señalados, requiere de un ambiente que coadyuve al bienestar y la seguridad personal y colectiva, y para ello es imprescindible la existencia de órganos que tengan alta capacidad de adaptación y respuesta ante los riesgos que comprometan la defensa nacional. Cabe destacar que para el correcto funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional debe contarse de un soporte institucional proactivo capaz de diseñar y planificar estrategias idóneas y oportunas para preservar la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana, teniendo siempre presente el respeto y salvaguarda de las libertades humanas.
Desde FINJUS trabajamos en el perfeccionamiento y mejora de la Ley 1-24 que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Sin embargo, la misma fue anulada por el Tribunal Constitucional por haber incurrido en un vicio procedimental en cuanto a su conocimiento y la materia que regula. Con ello, el 2025 se avista como un escenario favorable para reintegrar el conocimiento de esta norma, acogiendo las mejoras sugeridas, analizadas y mejoradas que propusimos
Valoramos positivamente el conocimiento de las modificaciones a la Ley No.137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. La pieza legislativa representa un avance crucial para la institucionalidad dominicana en aras de otorgar protecciones reforzadas a las personas que son víctimas de comercio y tráfico humano.
FINJUS celebra el conocimiento de esta normativa, donde se otorga especial atención al consentimiento de la víctima y la no exoneración de la pena, y el tratamiento especial a comunidades vulnerables como niños, niñas, adolescentes y personas discapacitadas.
En el marco del deber ser del Estado, es atribución esencial de las autoridades competentes el perseguir, capturar y castigar a quienes con sus actuaciones vulneren la estabilidad social, el bien común y el desarrollo pleno del país. La atención debe centrarse en la penalización de todas las organizaciones criminales que se enriquecen con el tráfico ilegal de personas, coartando derechos y amenazando el disfrute de las libertades individuales. Desde FINJUS exhortamos a que en este 2025 las autoridades competentes refuercen sus mecanismos para mitigar este fenómeno e implementen medidas que frenen la acción impune de bandas organizadas dedicadas a la trata y tráfico de personas.
Aprovechemos este espacio de diálogo y apertura otorgado por la modificación a la Ley No.137-03 y que las acciones emprendidas por el Estado estén siempre revestidas de legalidad y razonabilidad, en el marco de un plan consistente de persecución y castigo de las redes clandestinas dedicadas a esta actividad, de la cual han hecho un negocio que representa una grave amenaza a los valores democráticos del país.
El fortalecimiento del régimen democrático significa la consolidación de un Estado en el cual el sistema de derechos y libertades fundamentales está sujeto a un equilibrio razonable entre los poderes del Estado, cuyos ejes se concentran en la búsqueda de la prosperidad social con instituciones fuertes, el respeto a la libertad, la protección de la dignidad y la creación de un ambiente de seguridad jurídica.
El Estado contiene entre sus deberes el logro del fortalecimiento del sistema jurídico para respetar y velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas para establecer métodos de planificación y programación para el uso adecuado de los recursos públicos.
Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones
Un aspecto importante que nos permite medir el avance de los controles y eficiencia del Estado lo representa la ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. En nuestro país, tras su adopción hace 18 años como Ley 340-06, el tiempo muestra que su aplicación ha resultado incapaz, ineficaz e ineficiente para regular, dirigir y servir de marco a la acción del Estado para el uso óptimo y la transparencia en el uso de los recursos públicos para el logro de los objetivos de la Administración Central. Desde FINJUS hemos insistido en las reformas a la Ley No. 340-06, tanto en el ámbito formal como en los aspectos de fondo, que sirvan de base para seguir consolidando la cultura de la transparencia en el sector público y en toda la sociedad.
2025 será el espacio idóneo y de apertura para afrontar el reto de superar esta deficiencia normativa, conociendo lo antes posible el Proyecto de Ley que está pendiente de aprobación, para seguir contribuyendo al sistema de compras y contrataciones, y evitar la incertidumbre y la híper-normatividad mediante reglamentaciones alternas.
Reforma de la Policía Nacional
Otro de los aspectos más importantes que valoramos al cierre de 2024 es el avance y desarrollo de la gestión de la Policía Nacional, lo que representa una mejora en los niveles de seguridad ciudadana. Los programas y planes diseñados y puestos en ejecución para la profesionalización, capacitación y modernización de la estructura policial y sus servicios a la ciudadanía han sido determinantes, lo que se corresponde con la mejoría sustancial de las condiciones laborales de los agentes.
Estos avances impactan significativamente en los indicadores de seguridad ciudadana. Hacemos hincapié en que este proceso de reforma avanza progresivamente, con lo que reconocemos que persisten retos que están siendo abordados de manera integral y multidisciplinaria, que se traduzcan en programas preventivos y el manejo de las relaciones de los miembros de la institución con la ciudadanía en los diferentes sectores del país.
Es importante puntualizar la necesidad de adoptar mecanismos de prevención que mitiguen los intercambios de disparos. Para garantizar el bienestar, estabilidad y desarrollo de las comunidades es crucial que en el 2025 se reduzcan las circunstancias en las que suceden estas perturbaciones que atentan contra la seguridad ciudadana. Para ello es indispensable que los operadores de la justicia cumplan con sus roles en los procesos investigativos, reduciendo los niveles de inercia que en ocasiones impera en el curso de las pesquisas.
En Resumen…
Es imperativo continuar con los procesos de reforma en curso, especialmente de conformidad a los presupuestos constitucionales que faltan por materializar, donde destacan iniciativas esenciales para el fortalecimiento institucional, el desarrollo económico y social, y la convivencia pacífica del país.
Todo lo anterior depende de la existencia de un sistema de justicia eficiente, integrado por órganos gestionados adecuadamente y en armonía con sus presupuestos constitucionales. La creación de un ambiente de transparencia debe estar amparado en el imperio de la ley y la creación de un ambiente de seguridad jurídica para el florecimiento democrático.
Queda pendiente, como reto para el 2025, la realización de un conjunto de reformas, como la modificación del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil; la actualización de la Ley de Libre Expresión del Pensamiento; la iniciativa sobre Protección de Testigos y Víctimas; el Proyecto de Ley de Participación Ciudadana y Mecanismo de Control Social; entre otros aspectos de primer orden de una agenda legislativa prioritaria para vencer la opacidad y la corrupción.
El 2024 cierra con un proceso de reforma que no satisfizo las expectativas de la sociedad, dejando pendiente para el 2025 el desarrollo de iniciativas que impacten en el fortalecimiento institucional del país. Este será el escenario propicio para corregir las brechas que debilitan el sistema y dar pasos hacia la modernidad y seguridad jurídica. El Estado y la sociedad deben establecer mecanismos que faciliten la colaboración interinstitucional y favorezcan un diálogo armonioso que se nutra del intercambio proactivo de ideas e informaciones para el provecho de la nación.
En suma, el 2025 está llamado a comprender la importancia del alcance de las políticas integrales para favorecer la transparencia y proteger los derechos fundamentales. Desde FINJUS observamos el esfuerzo que las instituciones mencionadas han materializado para vivir en el marco de un sistema democrático plural, representativo, transparente y basado en reglas claras y justas. La gobernanza democrática requiere de mecanismos que faciliten el empoderamiento social y el establecimiento de dispositivos de control sobre las actuaciones desarrolladas por el aparato administrativo, por lo que el ánimo de reforma y de continuidad hacia la modernización integral del país debe mantenerse como un eje de principal atención.
Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS)