Francia está viviendo hoy momentos de gran agitación social. El presidente Emmanuel Macron ha retomado sus aprestos de reformar el plan de pensiones de su país. Como consecuencia de esta iniciativa, las principales centrales sindicales, partidos de oposición y otras organizaciones civiles han tomado la lucha como medio para impedir que se produzca esta modificación.
Para poner en contexto, sondeos realizados recientemente arrojan que el 64% de los franceses rechazan la propuesta de reforma al plan de pensiones. Las principales centrales sindicales ya han realizado dos paros, paralizando el país, y según lo expresan, están preparado para realizar otras manifestaciones.
Según un informe de una comisión de expertos, el gasto en pensiones en el 2032 equivaldría al 14,7 por ciento del producto interno bruto, y no el 13,8 por ciento, como lo es ahora.
En la actualidad, Francia garantiza a sus asalariados entre un 50 a un 70% de su sueldo a través de su plan de retiro a partir de los 62 años y 42 años de cotizaciones, como mínimo.
A través del sistema redistributivo, los trabajadores activos pagan la pensión de los jubilados, sin embargo, esto corre peligro a largo plazo. Con el envejecimiento de la población y una mayor esperanza de vida, el sistema podría desequilibrarse, a juicio del gobierno.
Como referencia, podemos citar a Jean Marc Daniel, profesor emérito de Economía en la Escuela de Negocios ESCP, de París, quien afirma que: “en 1950, cuatro trabajadores financiaban a un pensionado, en el 2000 eran solo dos y el el 2040 será 1,3. Eso ya no es sostenible”.
El presidente Macron realizó en su propuesta en la campaña, antes de las pasadas elecciones, y hoy quiere hacer realidad un alargamiento del período laboral, a fin de evitar un déficit de 13,500 millones de euros en 2030, según cifras oficiales.
Uno de los puntos más importantes y de mayor controversia es la edad para jubilarse, la cual se incrementaría progresivamente de 62 a 64 años, a partir del 2030 para toda la población, excepto lo que tienen algún tipo de discapacidad.
La mayoría de las organizaciones civiles, incluyendo los partidos políticos y las asociaciones de sindicatos, se oponen a esta modificación. Y de igual manera, se niegan a que se incrementen las cotizaciones de las empresas y de los asalariados.
Otro de los puntos a modificar, sería el período de cotización qué pasaría de 42 a 43 años en el 2027 para poder obtener una pensión completa. Los opositores a esta reforma le recuerdan al gobierno de Macron que dos tercios de las personas que ya no trabajan por diversos motivos, tienen más de 60 años, muchos de ellos. Los cual es poco realizables que estas personas vuelvan a trabajar.
Macron asegura que gracias a esta reforma, los trabajadores garantizarían una pensión mínima de 1200 EUR para los futuros jubilados.
Otro de los puntos claves, es la jubilación anticipada. La nueva reforma prevé condiciones más favorables para los que empezaron a trabajar antes de cumplir 20 años de edad. Podrían jubilarse dos años antes. Lo propio aplica para los colaboradores que desempeñaron labores que suponen mucho esfuerzo.
Asimismo, deja fuera la aplicación de ciertas preferencias. Proponen eliminar progresivamente ciertos privilegios de los que gozan empleados de compañías públicas de energía y de transporte.