Para recordar la importancia de este líquido esencial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebra cada 22 de marzo el Día Mundial del Agua. Según afirma la ONU, a pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2,200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Dicha celebración, pues, tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible núm. 6: Agua y saneamiento para todos antes de 2030.
No creo que ignoremos que el cambio climático ocasiona grandes alteraciones en la situación ambiental en el mundo. Grandes masas de hielo se están fundiendo y el nivel del mar está subiendo. En algunas regiones, los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones son cada vez más frecuentes y en otras se registran olas de calor y sequías. La República Dominicana no escapa a esta realidad. En efecto, con frecuencia se anuncian en el país ondas tropicales, altas temperaturas y escasez de agua -en ríos y subterráneamente-, todo lo cual puede desembocar en el agotamiento de este recurso en el encarecimiento de su tratamiento y regeneración y hasta la paralización de su uso, pues efectivamente es un recurso limitado.
El sector agua debe ser un eje fundamental como política de Estado, tal como lo dispone la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Así, el cuarto eje estratégico y objetivo general plantea la necesidad de un manejo sostenible del medio ambiente y con ello de la adecuada adaptación al cambio climático. Y en sus objetivos particulares y líneas de acción establece la necesidad de proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos (4.1.1) y de restaurar y preservar los servicios prestados por los ecosistemas, con énfasis en las cuencas de los ríos, y diseñar e instrumentar mecanismos para el pago de servicios ambientales a las comunidades y unidades productivas que los protejan (4.1.1.8).
Sin dejar de lado el serio problema medioambiental que padecemos, tenemos una crisis de agua, pues no estamos aprovechando la totalidad del agua disponible y los procesos de tratamiento para consumo humano deben ser mejorados. El INDRHI tiene en proyecto más de 30 represas para aumentar nuestra capacidad actual del control de las aguas que caen en nuestro territorio. No hay dudas que estamos rezagados en presas y acueductos y, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo, es mucho lo que falta por hacer.
El grave problema que sufrimos es que el país pierde más del 70% de las aguas de los ríos (Informe INDHRI 2015) por falta de presas. No solo el cuidado del medio ambiente es importante, también la administración eficiente de los recursos naturales disponibles debe ser una prioridad del gobierno. A esto se suma el poco cuidado que se observa de las aguas subterráneas, bajo tierra, en los acuíferos (formaciones de rocas, arenas y gravas que contienen cantidades importantes de agua) que son aguas invisibles cuyos efectos se aprecian en todas partes. Tras alimentar manantiales, ríos, lagos y humedales, las aguas subterráneas finalmente se filtran a los océanos. Su principal fuente de recarga es la lluvia y la nieve que se infiltran en el suelo y pueden extraerse a la superficie por medio de bombas y pozos.
Tal como ha señalado la ONU, la vida no sería posible sin ellas, pues la mayoría de las zonas áridas del planeta dependen por completo de este recurso, que suministra una gran proporción del agua que utilizamos para fines de consumo, saneamiento, producción de alimentos y procesos industriales. Asimismo, las aguas subterráneas son decisivas para el buen funcionamiento de los ecosistemas, como los humedales y los ríos.
Es por ello que debemos protegerlas de la sobreexplotación -extraer más agua de la que se recarga con la lluvia y la nieve- y la contaminación que actualmente las acechan, ya que puede desembocar en el agotamiento de este recurso, en el encarecimiento de su tratamiento y regeneración y hasta la paralización de su uso.
Reivindicar el estudio, la protección y la utilización de las aguas subterráneas de forma sostenible para sobrevivir al cambio climático y satisfacer las necesidades de una población en constante crecimiento es un reto que ha asumido la ONU y que nuestras autoridades, con la colaboración y compromiso ciudadano, deben asumir con manifestaciones permanentes y sostenibles.
De igual forma, el gobierno debe velar por el desarrollo de actividades comerciales que vayan en beneficio del desarrollo nacional; pero sin dejar de lado su papel de regulador en los sectores vulnerables, como es el caso de las zonas protegidas, la industria extractiva de recursos naturales y la estabilidad de la flora y fauna nacionales.
La estrategia nacional debe ser involucrar a las empresas en medidas de protección medioambientales mediante tecnologías más limpias y actividades de comercio ecológicamente sostenibles y responsables, junto a un implacable régimen de consecuencias. La producción y el diseño de componentes biodegradables en menor tiempo, haciendo un uso de los beneficios de fuentes de energía renovables, es de máxima prioridad en términos de políticas públicas.
También el reciclaje y el manejo consciente de los desechos, en torno a la idea de una nación que busca que sus riquezas naturales puedan ser disfrutadas por futuras generaciones y cuyo aparato productivo interno sea sostenible en el tiempo debe ser la meta. Es la vida la que está en juego.
Ciertamente, los impactos directos del cambio climático afectarán el territorio y el bienestar de países tropicales y subtropicales de manera más dura y apresurada que los demás hábitats. Esto en gran medida por la naturaleza de las precipitaciones constantes en estas áreas del globo terráqueo.
Por esto, el Estado debe desarrollar políticas de adaptación eficientes, como invertir en sistemas de seguimiento medioambientales, utilizar tecnologías contra inundaciones para protección contra los cambios de las mareas por tormentas, aumentar su capacidad de respuestas ante eventos atmosféricos y naturales que afecten la integridad del territorio dominicano, como también la construcción de estructuras más resistentes a los cambios del clima.
La realidad es que el gobierno, a través del Gabinete del Sector Agua, que debe tener carácter prioritario, en sesión permanente, 24/7, debe aplicar políticas públicas que empujen el comportamiento del dominicano hacia modelos más sostenibles en términos económicos, sociales y medioambientales. Las medidas implementadas deben tomar en cuenta las metas nacionales propuestas para mitigar las emisiones de carbono, extender la vida humana, mejorar el bienestar social y optimizar la manera en que extraemos energía y recursos del medio ambiente.
Sabemos que la actividad económica puede ser distanciada de las emisiones de carbono utilizando el desarrollo de la innovación y la tecnología. A esto hay que sumar la implementación de políticas públicas que se integren con los diversos departamentos involucrados con fines de ir cambiando nuestra dependencia de los combustibles fósiles y modificar el comportamiento de los consumidores en torno a productos menos nocivos para el medio ambiente.
Sabemos que debemos garantizar la seguridad energética en el país, por lo que es necesario un período de transición mediante un esquema planificado de integración al sistema de energía del país de más fuentes renovables, lo que debe incluir la investigación de energía nuclear.
Todo esto desafía el modelo económico imperante, por lo que la sociedad completa deberá formar parte de este cambio que debe suceder pronta y sostenidamente para bien de todos y para nuestra vida misma y que debe tener una manifestación legislativa que norme con mayor coherencia, eficacia y eficiencia el sector agua y los distintitos sectores intervinientes y que permita garantizar la pervivencia del agua, como líquido precioso e imprescindible para la vida y para la producción, para lo cual, además de las labores ejecutivas que no deben detenerse, el Poder Ejecutivo y el Legislativo deberían establecer un vínculo permanente a través de mesas de trabajo que prontamente produzcan un resultado que la población pueda conocer, apoyar y defender.