En los años 80 del siglo pasado, con la irrupción de la ideología del libre mercado y la globalización del capital, quedaron evidenciadas las contradicciones entre sectores empresariales tradicionales (industriales, agroempresarios, manufactureros, entre otros) que resultaron beneficiarios de las economías protegidas del pasado y el empresariado financiero y la economía de servicios asociados a los sectores llamados a liderar la nueva economía globalizada. En esos primeros años de cambio de paradigma de acumulación se argumentaba con frecuencia la acusación por parte de los promotores de la apertura y la liberalización de la economía que la burguesía tradicional se oponía a los cambios porque había desarrollado una relación rentista con el Estado bajo el antiguo modelo keynesiano.
El capitalismo rentista se entiende como aquel guiado por prácticas económicas que sustentan sus beneficios en privilegios que le otorga el marco legal o su relación privilegiada con el Estado. A diferencia de lo que se espera de una empresa que opere “en un ambiente competitivo”, estas iniciativas económicas logran enormes beneficios sin que los mismos se correspondan a una dinámica innovadora, eficiente en la gestión de sus procesos ni que se sustenten en modelos de negocios eficientes.
Uno de los paradigmas que se promovió con el desmonte del modelo de sustitución de importaciones fruto de la “apertura económica, la desgravación de la economía y la retirada de la intervención gubernamental”, fue la supuesta liberación las fuerzas del mercado lo cual lograría que las instituciones obtengan un equilibrio dinámico óptimo. Décadas después de ese invento artificial hoy se lamenta en todo el globo terráqueo los efectos de esa visión teosófica del funcionamiento de la economía y la manipulación con que se manejó la opinión pública escondiendo el peso de los sectores de poder en el mercado.
En lo referido a los sistemas de seguridad social, como resultado del mandato de las instituciones contraladas por las corrientes neoliberales se diseñó el plan de capitalización individual, como mecanismo de garantizar el sistema de pensiones. Este modelo promovió las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuyo objetivo es administrar los aportes de los trabajadores para sus planes de retiro. A tal efecto, en el 2001 en el país se promulgó la Ley 87 01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
La nueva ley se presentó como el primer intento de crear un verdadero sistema que garantice a la población “gozar de adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez”. Ese marco jurídico sirvió de amparo para el desarrollo de unas nuevas figuras jurídicas, hasta ese momento desconocidas en el país, cuya función sería gestionar una parte del salario del empleado que en vez de transferírselo de forma directa como parte de sus ingresos nominales, se destina para crear una previsión para su retiro.
Como referente a esta expropiación ciudadana solo se conocen las regulaciones trujillistas que obligaban a las personas a andar calzadas en las ciudades y a pintar las casas los días de San Rafael en beneficio del monopolio de zapatos y pinturas propiedad del dictador.
En otras palabras, por ley se obliga a todos los empleados y empleadas del país a entregar a empresas habilitadas por el Estado para recibir una parte del valor producido por el trabajador que no se retribuye como salario. A la luz de esta novedosa modalidad de intermediación financiera surgieron en la primera década del presente siglo 7 empresas bajo la razón social de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Luego de dos décadas de fusiones y el surgimiento de un par de nuevas hoy tenemos el mismo número reconocidas por la Superintendencia de Pensiones. A saber, Crecer, Popular, Reservas, Romana, Siembra, JMMB-BDI y Atlántico.
Los estados financieros al 2021 de las 7 empresas referidas reportan un patrimonio total de 1,945 millones de pesos. En el catálogo de cuentas de la empresa el patrimonio refiere al capital invertido por los dueños de esas firmas, el cual es hasta finales del año pasado es algo menos de 2,000 millones de pesos. Hay que decir que si se rastrea a sus inicios la inversión inicial era menos de la mitad y con parte de las utilidades retenidas se ha ampliado de forma significativa el capital de los accionistas sin que ellos tengan que invertir dinero de sus bolsillos para ampliar dicho fondo. En contraste con el dinero invertido, para ese mismo período, en los documentos contables auditados por reconocidas firmas se detallan utilidades en el último año fiscal ascendentes a 5,000 millones de pesos para dichas operadoras.
El ROE (Return on Equity, por sus siglas en inglés), indicador financiero que mide el rendimiento de la inversión, de las AFP dominicanas es de 258%. Esto quiere decir que cada peso invertido por los dueños de estas empresas les devolvió 2.58 RD$ en doce meses o dicho de otra manera, lo que obtuvieron el año pasado más que duplicó el total de su inversión. Esa cifra, aunque es la del último año no es muy diferente a lo que pasó en el último lustro, lo que pasará el 2022 y lo que seguirá pasando mientras funcione este sistema.
Los cálculos presentados en los párrafos anteriores tienen como fuente los Estados Financieros Auditados de las AFP´s colgados en la página de la Superintendencia de Pensiones (https://www.sipen.gob.do/index.php/categoria/27-estados-financieros-auditados). Aunque sean informaciones que parezcan indigeribles, se corresponden al desempeño exacto de dichas empresas y como dice el protocolo de las Normas Contables Internacionales “reflejan fielmente las operaciones efectuadas durante el período”.
En estos días la sociedad dominicana ha reaccionada alarmada frente a los osados rendimientos de hasta un 30% al mes que Wilking García Peguero (Mantequilla) y su empresa Inversiones 3.14 prometía a los incautos. Se evidenciaba a todas luces que se trataba de un fraude porque ninguna inversión sana puede redituar con esos márgenes. Pues para nuestro asombro la AFP más rentable, con una patrimonio de 280 millones generó utilidades equivalentes a 1,629 millones de pesos. Con esos beneficios esa entidad financiera pudo perfectamente pagar 45% de intereses mensuales y aun así tener unas holgadas utilidades anuales de 36 centavos por cada peso invertido.
Al revisar la rentabilidad medida sobre los ingresos totales los hallazgos son igual de escalofriantes. La última revisión de los ingresos de las Administradoras se calcula en base a la resolución de 419-20 que establecía un 1.15% del saldo administrado. Ese monto supuso la friolera suma de 8,468 millones de pesos en el 2021. Esto nos indica que esas empresas tan mágicas como las administradas por “Mantequilla” tienen unas utilidades cercanas al 60% de los ingresos, es decir, por cada 100 pesos que les entran por concepto de gestión de los fondos le quedan 60 para los bolsillos de sus dueños.
En contraste con ese negocio hiperlucrativo tenemos que la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas al momento del retiro tendrán una pensión inferior a los 7 mil pesos mensuales. Luego de 360 aportaciones, luego de 30 años entregando su esfuerzo y dejando día a día sudores, sacrificios y esperanzas una obrera se retirará a su casa con un ingreso que no cubrirá ni el 25% de sus gastos.
Hay una idea muy generalizada en el país que el actual sistema de capitalización individual es un fraude articulado de tal forma que solo beneficia a las AFP. Una suerte de Esquema Ponzi legalizado en el cual el estrato superior de la pirámide es el único que sale ganando. Un plagio que pretende legitimarse con un imparable bombardeo publicitario. Raúl Feliz, reputado economista dominicano radicado en México, quien ha servido de consultor de sucesivos gobiernos se sumó recientemente a los que reconocen la inviabilidad del sistema de cobertura social para los envejecientes en República Dominicana.
No están claras las opciones y por el momento se observan algunos desafíos para el financiamiento público que supone la sustitución del sistema de capitalización individual. Mientras la sociedad dominicana define un mecanismo alterno, se impone que el Estado dominicano declare de utilidad pública las AFP´s, pague como “compensación” una prima de un 25% del patrimonio declarado y pase a la AFP Reservas, la única de propiedad pública, la gestión de las pensiones.
Es absolutamente inmoral que un estado moderno obligue mediante una ley a sus ciudadanos y ciudadanas a engancharse a un seguro que se convierta en una fuente exponencial de recursos para la banca privada. Como referente a esta expropiación ciudadana solo se conocen las regulaciones trujillistas que obligaban a las personas a andar calzadas en las ciudades y a pintar las casas los días de San Rafael en beneficio del monopolio de zapatos y pinturas propiedad del dictador.
Hoy los más encumbrados defensores del plan de capitalización individual vigente con la Ley 87-01, fueron los que más denunciaron la vocación parasitaria del empresariado tradicional. Pero por más sofisticadas explicaciones que se le den, las AFP se lucran de un sistema rentista incompatible con un Estado democrático.