En todo el conflicto en torno al canal que se construye en Haití para desviar las aguas del río Dajabón, también llamado Masacre, y la exacerbación de ánimos, insultos y amenazas incluidos, con que se pueblan las redes sociales, proferidas contra los dominicanos y nuestro presidente por infelices campesinos haitianos, hay un aspecto que bien vale la pena resaltar.
Las explicaciones sensatas, ecuánimes y fundamentadas ofrecidas por el presidente de la República, Lic. Luis Abinader Corona, así como por funcionarios dominicanos para explicar la improcedencia de tal acción han sido tergiversadas de manera maliciosa, queriendo mostrar que “los dominicanos no quieren que los haitianos tengan acceso al agua para irrigar sus tierras”.
Eso no sólo es un disparate, pues construyen lo que en lógica se le llamada la falacia del muñeco de paja, sino que pasa por alto un hecho: la posición del gobierno dominicano y el pueblo que lo apoya, protege a los propios campesinos haitianos de los nefastos intereses que los están instrumentalizando en su propio perjuicio. Y este es un detalle que vale la pena resaltar.
Resulta que el supuesto canal, desvío en realidad por la magnitud de la obra para un río de pobre caudal, es una iniciativa privada. No es una obra del gobierno haitiano, sino una estructura de propiedad privada que van a apropiarse de un bien público, el agua del río Dajabón o Masacre, para luego vendérsela a los campesinos haitianos.
El gobierno dominicano y sus técnicos han cuantificado el impacto negativo de esa desviación del caudal del río, explicando que afectaría unas 14,000 tareas de tierra cultivable del lado dominicano y unas 10,000 tareas del lado haitiano, perjudicando a unos 266 agricultores dominicanos y unos 125 agricultores haitianos, a la vez que podría causar un daño ecológico al vital ecosistema lacustre de agua dulce de Laguna Saladilla, uno de los humedales más importantes en República Dominicana.
Como se ve, la posición del gobierno dominicano protege los intereses no sólo de los agricultores dominicanos. Se ha tenido en cuenta por igual los intereses del campesino haitiano, mismos que están siendo manipulados por los que piensan robarles.
¿Qué está solicitando el gobierno dominicano?
Al constatar que un grupo de políticos y empresarios quieren privatizar el caudal del río Dajabón o Masacre en provecho propio, en desmedro de los propios campesinos haitianos y afectando por igual a los agricultores dominicanos y al ecosistema, el gobierno dominicano pidió al gobierno haitiano que encabeza el primer ministro Ariel Henry que hiciera detener la obra y que ambos gobiernos evaluaran cuál es el mejor aprovechamiento del caudal del río Dajabón o Masacre, que fuera de provecho social y, a la vez, que no menoscabara el ecosistema del que es parte.
El gobierno de Henry, debilitado, asolado por la falta de autoridad, la proliferación de pandillas y su extrema vulnerabilidad, ha sido incapaz de controlar a estos depredadores que intentan apropiarse de un bien público y privatizarlo.
Los políticos y empresarios confabulados para ese robo, por su parte, han acudido a solicitar apoyo de las pandillas, en particular la del exagente de la policía y hoy jefe de pandillas, Jimmy Chérizier, alias Barbacue, responsable de cruentas masacres y en buena parte, del desorden que vive Haití hoy. También se dedican a tergiversar la posición dominicana, incitar todo tipo de calumnias y depotricar con cualquier clase de insultos y groserías, llevando la histeria antidominicana a niveles de paroxismo. Y lo más interesante, secundados desde el territorio dominicano por una serie de bocinas de los peores intereses, que siempre se hacen cómplices de todo lo que sientan que puede dañar o perjudicar al país, y ahora endosan esa depredación en perjuicio de los agricultores haitianos que serán despojados.
Es decir, entendámonos: un grupo de empresarios y políticos haitianos ha decidido apropiarse medalaganariamente de un bien público, el agua de un río, privatizándola para luego obligar a los campesinos a pagarle por ella, a esa vagabundería es que el presidente Luis Abinader y el gobierno dominicano están oponiéndose, no sólo cuidando el interés nacional, sino que por igual protegiendo a esos infelices campesinos haitianos que hoy afilan cuchillos para sus propias gargantas.
La segunda parte del plan: despojar a los campesinos de sus terrenos y conucos
¿Qué va a suceder con los campesinos? Obligados por la privatización del caudal del río Masacre a comprar el agua, recibirán “créditos por su uso” que luego, al no poderlos pagar, darán origen a incautaciones de sus propiedades por deuda. Y como se trata de empresarios y políticos, los que cuentan con leyes, jueces y fuerza pública que les favorecen, lo que viene previsiblemente es el despojo mañoso de los fundos y parcelas de esos humildes labriegos y la depauperación y proletarización de esos pequeños propietarios y conuqueros, los mismos que hoy son movilizados y enarcidos a través del engaño y la demagogia, y que se disparan con andanadas de insultos y groserías contra los dominicanos y su presidente.
A ningún dominicano en su sano juicio le interesa perjudicar a nuestros vecinos haitianos y menos a sus laboriosos hombres y mujeres del campo. Lo que se ha planteado es que el uso de ese recurso, el caudal del río Dajabón o Masacre, sea empleado de manera racional, inteligente y provechosa, por ambas naciones y desde sus Estados, no en función de intereses particulares.
El canal que se construye no lo está construyendo el gobierno haitiano. No es una iniciativa de carácter social. Por el contrario, es la privatización de un bien público, el caudal del río Masacre, en provecho de una minoría de richachones y políticos en desmedro del interés de las grandes mayorías haitianas, de esos mismos campesinos utilizados como recurso propagandístico por quienes están detrás de la obra, invirtiendo decenas de millones de pesos (se estima la inversión hecha a la actualidad en más de US$ 2 millones de dólares; es decir, más de RD$112 millones de pesos.
Hablando de la privatización del agua
Los ríos y su caudal no pueden ser privatizados. Son propiedad pública, son propiedad del país y deben ser gestionados en función del interés público, del interés de los ciudadanos y del futuro de la sociedad y del ecosistema que permite que esa sociedad exista.
Lo que se está intentando en Haití es un despojo a los haitianos del agua del río Masacre en beneficio del afán de lucro de un puñado de truhanes, aprovechando el estado de franca descomposición que vive lamentablemente nuestro vecino Estado.
Desde esa perspectiva, es claro que lo que el gobierno y el pueblo dominicano están haciendo es, no solo defender sus legítimos intereses nacionales, sino, al mismo tiempo, proteger a los ciudadanos haitianos de la voracidad y la falta de escrúpulos de sus propios abusadores.
La privatización del río Masacre, si se les permite, luego será seguida con la de otros ríos y fuentes de agua en Haití, creado el precedente, y con la seguridad que tienen estos maleantes de que la debilidad del Estado haitiano no les impedirá todo tipo de abusos y tropelías contra su propia ciudadanía.
Quienes aquí y allá hacen causa común con ese desaguisado, se hacen cómplices de un despojo abusivo a unos infelices de un recurso al cual tienen derecho, pero aprovechado de forma racional, inteligente y sustentable.
Corresponde al Estado y gobierno haitiano poner en régimen a sus políticos depredadores y empresarios inescrupulosos, dispuestos a seguir desangrando al país en su propio provecho. Y simultáneamente, imponer la paralización de ese intento abusivo de apropiarse de un bien público, coordinar con el Estado y gobierno dominicano y sus organismos competentes el mejor uso y aprovechamiento del caudal del río Dajabón o Masacre, y poner el interés de los humildes labriegos haitianos sobre la voracidad insaciable de las camarillas que siempre los han despojado.