Es probable que el avemaría se haya repetido menos que el llamado de los marxianos de hacer “un análisis concreto de la realidad concreta”. No obstante a ese válido postulado, la izquierda obvia esa consideración al hacer sus apuestas y plantear sus estrategias. Nos hemos limitado a definir la sociedad dominicana como un país sometido a un modelo neoliberal e integrado de forma plena al eje de dominación gringa y con esta genérica conclusión resultaría similar hacer trabajo progresista en Panamá, Ecuador, Guatemala o cualquier otro país de la región.
En el ensayo que desarrollo a continuación expongo una serie de fenómenos que condicionan en extremo el accionar político de los sectores progresistas. En efecto, en el caso de la sociedad dominicana que nos gastamos en esta segunda década del siglo XXI hay características muy especiales que deben tomarse en cuenta al momento de que defina la campaña electoral, los discursos, la narrativa que se va a buscar instalar en la propaganda y sobretodo los proyectos que estaremos acariciando en un programa de gobierno.
La RD que nos espera en el 2024 tiene una población residente de forma legal en el exterior que supera los dos millones. Además de esa exorbitante cifra, solo en EEUU se estima que cerca de 200 mil dominicanos viven sin autorización. En promedio unas 35,000 personas al año se mudan a Estados Unidos, mientras algunos estudios revelan que el 49% de la población adulta ha señalado que desea emigrar. Estas escalofriantes cifras nos encienden la primera alerta sobre la quiebra que se ha producido del vínculo territorio, población y nación en nuestro país.
El antropólogo Jorge Cela lo expresó con una metáfora inmejorable: quien está por mudarse no arregla su casa. Esta cita puede explicar la frialdad e indiferencia con que una parte importante de los sectores populares convive con las pésimas políticas públicas de nuestros gobernantes. Un déficit de gobernanza expresado en un patético sistema hospitalario, un mercado laboral dominado por un salario de miseria, un transporte público colapsado y decenas de indicadores sociales que confirman lo excluyente e inequitativo del modelo de sociedad que se ha constituido en el país.
Una de las explicaciones más evidentes del desapoderamiento ciudadano se da con respecto a la educación. El MINERD, responsable de la docencia de más del 80% del estudiantado dominicano gestiona un sistema educativo con las mayores deficiencias que se pueda permitir una sociedad que pretende prepararse para el Siglo XXI. Este colapso en la enseñanza no ha estado acompañado de una manifestación de movilización popular, porque al fin y al cabo, ¿para qué se preocupa la población de una pésima educación si nuestros hijos e hijas terminarán como mano de obra no calificada en un país extranjero?
Pero además del espejismo que genera la eventual salida de los problemas individuales vía engrosar la diáspora, tenemos las remesas que constituyen una válvula de escape al descontento social. Cerca de cuatrocientos mil hogares reciben de forma regular transferencias que vienen del exterior. Las proyecciones de ingresos para este año por ese concepto superan los 9,600 millones de dólares. En pesos dominicanos esa suma asciende a 508,800 millones, es decir, más que todo lo que el presupuesto del país tiene destinado a gasto social. Para decirlo de una forma más directa, la población dominicana residente en el exterior destina más recursos para las familias pobres que el gobierno dominicano en la forma más directa, transparente y carente de corrupción que pueda existir.
Analizar la migración como una ruptura de los vínculos entre territorio local como sustento de las realizaciones familiares supone en gran medida romper vínculos con los proyectos de transformación local. Esta dolorosa separación es superada a posteriori por una parte de la comunidad que se involucra y retoma su activismo desde el exterior. Sin embargo, por más meritoria que sea esa expresión de dominicanidad viva de nuestra diáspora hay que reconocer que en el plano local, las centenas de miles de familias que tienen sus horizontes en otros países y/o que dependen económicamente de recursos provenientes del exterior, plantea un hiato difícil de sortear cuando queremos promover una movilización e integración de los sectores populares a la lucha política.
Otra fractura con la que nos enfrentamos aquellos que tenemos vocación de transformar la sociedad dominicana en un espacio donde se respire la integración y la inclusión lo representa la fragmentación cultural asociada al llamado género urbano. El mundo de redes comunitarias, espacios de ocio, circulación de productos culturales, patrones de consumo, producción y difusión artística, promoción de contramoral y generación de ingresos asociadas al dembow, reguetón, rap, merengue de calle, ha creado un ethos cultural autónomo. Un universo lúdico/cultural del cual el Estado ni los grupos de poder tradicional tienen ningún control. Expresan una rebeldía jacobina no solo con sus propios códigos sino con sus propios canales de difusión, su industria cultural, economía subterránea y mecanismos alternos de medios de comunicación que apenas el portentoso mundo del narcotráfico parece que logra mantener un diálogo productivo con esa dimensión de la realidad dominicana.
Ya cuentan con personajes como la inefable Tokisha que están prestos a constituirse en las figuras de mayor proyección internacional del país. Hasta ahora lo único que ha hecho la sociedad dominicana en su conjunto es echar pestes contra ellos y satanizarlos como ejemplo de la depravación y de lo degradante. El detalle es que más allá de ese discurso catequético tenemos el movimiento distópico más masivo que se ha generado en la historia reciente en el país. Nuestro positivismo judeo-cristiano no nos permite entender que en ese fenómeno social se esconde una bofetada al orden establecido. Sus conductas tóxicas, violentas y disruptivas son un claro mentís a la falsa propuesta de desarrollo que se ha construido en el país. De una forma indigerible, quizás, esa juventud le está haciendo ver al país que la escalera de ascenso social que se les ofrece está rota: un trabajo en zona franca o turismo con salarios de miserias no llenan sus aspiraciones. ¿Cómo podemos los sectores progresistas abrir esa puerta? ¿cómo crear un puente que nos comunique con ese universo paralelo en el cual la política no va más allá del micropoder del dueño del puesto y el comandante de la policía que pasa por el barrio a cobrar su peaje?
Dándole continuidad al hilo de este inconcluso twiter de la desestructuración de la República Dominicana contemporánea, tenemos el enorme poder del narcotráfico y el lavado en la economía. Se han hecho estimaciones que dan cuenta de un monto que supera los 2,000 millones de dólares al año que circulan provenientes de esa actividad. Los cómputos oficiales han reportado la existencia de unos 40,000 puestos de microtráfico distribuidos en todo el territorio nacional. Desde Vengan a Ver, en la provincia Independencia, hasta Juan López en Moca; desde Capotillo hasta Pueblo Nuevo en Barahona, no hay una sola comunidad que carezca de servicios al detalle de perico, pasta, yerba y pastillas. El mundo vinculado al consumo y distribución de drogas ilícitas y toda la dinámica socioeconómica que genera es, de igual manera, un hueso duro de roer al momento de diseñar una estrategia exitosa de establecer un canal de comunicación que permita llegar a las mentes y al corazón del pueblo.
El reconocimiento de que el 60% de las empresas del país operan desde la informalidad y que menos del 50% de la población económicamente activa cotiza en la seguridad social traduce la idea de que el estado solo ejerce su gobierno sobre menos de la mitad de la actividad de generación de ingresos. Sumado a esta área gris donde las extremidades de lo público no llegan, tenemos cerca de un millón de inmigrantes de quienes no se llevan estadísticas de su localización, los servicios que demandan ni los asentamientos donde habitan. Con esas cifras, no es completamente falso decir, que el poder ejecutivo solo controla medio país.
Como condicionantes adicionales de la muy relativa autonomía del gobierno con respecto al diseño de políticas públicas, es imperativo hacer conciencia de otros no menos acuciantes hándicap que tendría cualquier proyecto progresista al momento de administrar el poder. El altísimo endeudamiento que compromete una pesada parte del presupuesto nacional, la extraordinaria dependencia y sumisión con los Estados Unidos, la preeminencia de los sectores conservadores sobre la hegemonía y la consolidación del sentido común. De igual manera, es una limitante para un proyecto histórico popular la debilidad de las organizaciones populares, la aparatosa consolidación de la partidocracia tradicional, la cooptación de los medios de comunicación masiva al servicio de los poderes fácticos.
El panorama luciría pesimista para quien le gusta imaginarse una realidad a su imagen y semejanza. Para quienes hacen de la metafísica su guía cotidiana. Aquellos quienes no se dan cuenta que las generalizaciones producto de tipificar un determinado medio de producción termina convirtiéndose en una prédica religiosa inútil. Nuestros retos son dominicanizar el pensamiento progresista, presentar una propuesta al pueblo dominicano que responda a las reales condiciones materiales que nos ha tocado hacer política siempre recordando que nosotros no decidimos las circunstancias en las que intervenimos.