1.- Santiago, santuario escogido para desagraviar al tirano en su vanidad herida.
A raíz del incidente del Matum, no hubo gremio, instancia profesional o demarcación geográfica que no presentara su pública protesta ante el “agravio imperdonable” inferido a la máxima deidad de la patria al omitirse su nombre en acto público.
Pero si en todas partes fue necesario elevar la ofrenda sacrificial para apagar la ira del semidios”, sería Santiago el altar mayor; el arca votiva escogida para elevar ante el júpiter airado las más sentidas preces de arrepentimiento. Allí, en el mismo escenario del acto sacrílego, era menester reparar el honor, la “inconcebible ofensa” que hirió en su dignidad a “aquel a quien la patria todo le debía”.
Hasta allí se encaminó la multitud, que la propaganda del régimen estimó en 50 mil personas, para en la noche del 18 de agosto de 1955, en el parque Duarte, compactarse “en viril y estruendosa protesta contra la insólita actitud de los licenciados Eduardo Sánchez Cabral y Federico C. Álvarez”.
En preparación del sacrificio expiatorio, desde que despuntó el día, conforme reseñaba la obsequiosa prensa del régimen, se dispararon los “montantes de alto calibre que atronaban el espacio”, en aire festivo amenizaban el ambiente conjuntos musicales, proseguidos por desfiles de caballerías, ciclistas, automóviles y camionetas que atravesaban las principales arterias citadinas.
Hacia las 8:00 de la noche de aquel día “reparador y justiciero”, se escucharían los perfumados sahumerios verbales de un selecto grupo de oradores, seleccionados en la ocasión para vengar con su retórica alada el agravio inferido al dictador implacable.
Correspondería tan exigente tarea a Joaquín Balaguer, entonces Secretario de Educación, a Manuel Sosa Vasallo, Presidente del Ateneo Amantes de la Luz; a los diputados santiaguenses Germàn Soriano y Luis Enrique Franco y como selectos representantes de los profesionales de la abogacía, al Licenciado Francisco Porfirio Veras y al Lic. Marcos A. Cabral.
En su culta y encendida oratoria, afirmaría Balaguer: “…no hay motivos para protestar sino para reírse de ese silencio ¿Cómo se puede silenciar un nombre que está presente hasta en el aire que respira el pueblo dominicano? “.
¿Acaso todo lo grande que existe en el país no lleva la impronta genial de Rafael Leonidas Trujillo? Lo que en la República Dominicana no es obra de Dios, es obra de Trujillo?”.
De su parte, el prestigioso jurista santiagués Lic. Marcos Cabral, afirmaría: “ por indeclinable imperativo de justicia y por los lazos de gratitud, estrechos e inalterables, con que ha quedado vinculada nuestra clase profesional con la figura procera del Generalísimo Trujillo, el pleclaro nombre de este ha debido repercutir y hacerse resaltar en el acto efectuado en el Matum el 6 de noviembre en curso, aunque como manifestara uno de los más eminentes intelectuales dominicanos, el doctor Joaquín Balaguer: “ cuando se habló allí del decoro profesional, se mencionó implícitamente a Trujillo, que es quien en 25 años de formidable acción constructiva, ha creado las condiciones de orden económico y de orden moral indispensables para el ejercicio digno y remunerativo de todas las profesionales liberales”.
2.- Juicio en el tribunal de honor del partido dominicano.
No bastaría, empero, el acto de desagravio de Santiago ni las protestas rendidas a lo largo y ancho del país para contentar el ego herido de Trujillo. Era preciso imponer los rigores disciplinarios que imponía la maquinaria política del régimen, el grandioso partido dominicano, a los adeptos que en la noche de oprobio del 6 de agosto de 1955 se sumaron- por acción u omisión- a la “conjura del silencio” escenificada en el Matum.
El 2 de septiembre de 1955, en el auditórium de la junta central directiva del partido, sesionaba de forma pública el tribunal de honor para seguirle causa a los licenciados Álvarez y Sánchez Cabral y a cuantos participaron en el celebrado homenaje.
Presidió el tribunal el Lic. José Ernesto García Aybar y fungió como fiscal el Lic. Pablo Otto Hernández, como secretario Rafael de Moya Grullón y como jueces los licenciados Víctor Garrido, Lic. Jesús María Troncoso Sánchez, Lic. Manuel A. Amiama y Rafael Paìno Pichardo.
Durante tres días consecutivos se escenificó la farsa burlesca y humillante, escuchándose desde las más sesudas hasta las más peregrinas respuestas de los comparecientes.
Pocos días después, a mediados de septiembre, se emitió la sentencia. A los abogados Federico Nina y Eduardo Sánchez Cabral se les declaraba culpables de “falta grave a los principios fundamentales del partido”, suspendiéndoles por 15 años de las filas del mismo. También a Rafael Vidal Torres, por comisión de falta grave, se le condenaría a suspensión de cinco años y por dos años a los hermanos José Antonio y Pedro Manuel Hungría.
Y como una especie de escarmiento, para recordar, especialmente, a los profesionales asistentes, muchos de los cuales eran nativos de Santiago y el Cibao, a quién debía rendirse devoto culto patrio durante la “Era Gloriosa”, fueron amonestados por “ negligentes en la defensa de los principios del Partido Dominicano”, Luis René Alfonso Franco, Ingeniero Luis F. Álvarez Perelló, Ingeniero J. Mauricio Álvarez, Lic. Joaquín María Álvarez, Doctor José de Jesús Álvarez Perelló, Doctor Federico Carlos Álvarez Morales, Ingeniero Luis R. Álvarez, Emilio Álvarez Menéndez, Manuel Antuña hijo, Doctor Sergio Bisonó, Eduardo Bogaert, José Antonio Bojos, licenciado Marcos A. Cabral Bermúdez, Doctor Alberto Anibal Campagna, Licenciado Lorenzo Casasnovas, Evelio Colón Núñez, José Antonio Corominas Pepin, Licenciado Manuel Ramón Cruz Díaz, licenciado Francisco Augusto Lora, Hernán Cruz Ayala, Temistocles Messina, E. Salvador Aristy Ortiz, Federico N. Cuello López, Orlando Augusto Cruz Franco, Hipólito Cruz, Víctor Manuel Espaillat, licenciado Daniel Espinal, licenciado Miguel A. Feliu, Milton Augusto Fernández Pichardo, Augusto Franco Franco, Leopoldo Franco Sagredo, E.T. Heinsen, licenciado José María Hernández, doctor Rafael Jorge de Jesús, doctor Salvador Omar Jorge Blanco, licenciado Máximo Lovatón, ingeniero José Luna Castellanos, ingeniero Luis Manuel Martínez F., Plácido Montero, doctora Dolores M. Morel Heureaux, licenciado Miguel Olavarrieta, doctor Carlos L. Pellerano Perelló, licenciado Luis E. Perelló, Juan Bautista Sánchez Correa, licenciado Máximo Sánchez, doctor Ramón Tapia, Víctor Thomén Hijo, José Augusto Vega Imbert, doctor Emilio Jorge, licenciado J. R. Cordero Infante, licenciado Pericles Franco, Juan Morales, doctor José Octavio Guzmán Arzeno, doctor Ramón de Js. Henríquez, doctor Carlos M. Rojas, doctor Antonio Rosario, doctor Archibaldo Vásquez, licenciado Francisco José Álvarez, Agustín Jáquez, licenciado J. Alcibíades Roca, licenciado Manuel de Jesús Viñas, Ramón Herminio Camilo, licenciado José A. Castellanos, licenciado Américo Castillo, licenciado D. Antonio Guzmán, licenciado Silvestre Alba de Moya, docto A. de Js. Moya, doctor Carlos Grisolìa Poloney, Rafael Isa, Eugenio Leroux, Pedro Leroux, licenciado Freddy Loynaz Garrido, Teodoro Morales, Natalio Redondo G., Miguel Russo, Hugo Sanders, Arturo Vales y doctor Héctor Pérez Reyes.
Por el dispositivo quinto de la referida sentencia, fueron descargados, “por no haber cometido falta alguna”, Federico C. Álvarez Perelló, Agustín Acevedo Fabián, Milady Félix de L` Official, las doctoras Altagracia Bautista de Suarez, Cossette Ortega Pavón, Isabel Hernàndez Muñiz, Andrés Nicolás Sosa y por no haber asistido al acto, se exoneraba de culpa a Pedro Guzmán, Guillermo A. León, licenciado Francisco Porfirio Veras, doctor Rubén Álvarez Valencia y José M. Cabral Bermudez.
El dispositivo Séptimo y final de la sentencia se encargaría de precisar que la decisión de la misma comportaba carácter inapelable, pero que “está sujeta, sin embargo, al recurso de gracia ante el Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, en su calidad de Fundador y Jefe del Partido Dominicano”.
El 13 de septiembre de 1955, cumpliendo el odioso ritual de la época, el Lic. Alvarez se verìa precisado a elevar a Trujillo su gratitud por la merced del descargo, mediante escueto telegrama publicado en El Caribe.
“Santiago
13 de septiembre de 1955
Generalísimo Doctor
Rafael Leonidas Trujillo Molina
Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva.
Decisión tribunal de honor Partido Dominicano, que declara mi inocencia y reconoce sinceridad sinceridad mis opiniones, me llena de satisfacción indecible y compláceme aún más pensar, como lo espero, que Usted no tenga la más leve duda acerca de mi invariable amistad y admiración por usted y su gloriosa obra de gobierno”.
Federico C. Álvarez.
En el caso del Lic. Eduardo Sánchez Cabral, su condena en el juicio del tribunal de honor del Partido Dominicano, sería la continuidad de su amargo suplicio. El 27 de septiembre de 1955, días antes del grotesco espectáculo, la Suprema Corte de Justicia le suspendía por un año su derecho a ejercer como abogado y disponía su destitución como notario de la común de Santiago, condenándole, además, al pago de las costas.
El 5 de octubre de 1955 se publicaba en el foro público una carta de la firma Augusto Espaillat y sucesores, en la cual se respondía a la que anteriormente enviara el ciudadano Argos Estrella- nombre ficticio como lo eran casi siempre los de quienes figuraban como suscribientes de foros – mediante la cual, desmintiendo la misma, afirmaban haber cancelado a Eduardo Sánchez Cabral la iguala que dicha empresa le mantenía por concepto de servicios profesionales, decisión que había tomado la compañía “…a raíz del banquete efectuado en el Matum el 6 de agosto último”.
3.- Trujillo, tras la humillación, ensalza al Lic. Federico C. Álvarez.
Como para que quedara debidamente claro que sólo al tirano le era potestativo recibir y dispensar honores, el 1 de octubre de 1955 el presidente Héctor Bienvenido Trujillo, presidente por procuración, pues todo el mundo sabía en quién residía el mando, emitía el decreto No. 1187, mediante el cual se otorgaba al Lic. Federico C. Álvarez la condecoración de la Orden de Duarte Sánchez y Mella, en el grado de Caballero.
El segundo CONSIDERANDO establecía: “que el Lic. Federico C. Álvarez ha ejercido con acrisolada honradez, dignidad y competencia la profesión de abogado durante cuarenta años, con el beneplácito y respeto de todo el conglomerado en que le ha tocado actuar”. ¿No fueron esos, precisamente, los motivos que inspiraron el homenaje a su persona?
Pero donde alcanzó el cinismo su máxima proporción, fue en el tercer CONSIDERANDO del decreto, al manifestar: “Que el ejercicio profesional del Lic. Álvarez en los últimos veinticinco años se ha amparado en la garantía que ofrece la justicia dominicana, en esta Era de engrandecimiento nacional conocida con el nombre de Era de Trujillo”.
El acto de imposición de la condecoración se efectuaría en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En la ocasión, como era el ritual de la época, el Lic. Álvarez expresaría su gratitud al “ilustre y preclaro estadista”, quien: “desde el principio de esta Era de engrandecimiento nacional… ha venido creándola con su acción prodigiosa e incesante…y quien ha tendido su manto de gloria sobre todos los dominicanos al invitarlos a que colaboren con él para el máximo engrandecimiento nacional”.
No obstante, las verdaderas intenciones del homenaje, se harían manifiestas en el discurso del entonces Secretario de Relaciones Exteriores y Culto, Enrique de Marchena, al imponer la condecoración al distinguido jurista santiagués.
Reconocía que la Orden, “recoge la gloria inmarcesible de aquellos que forjaron la nacionalidad”, pero como si la historia se eclipsara y volviera a iluminarse con Trujillo, “…el legado de los patricios nunca fue comprendido en su verdadera realidad por aquellos quienes tuvieron la oportunidad de dirigir los destinos de la Patria en sus sucesivas y agitadas jornadas cívicas y así transcurrieron lustros tras lustros hasta la ya histórica jornada de 1930, cuando resplandece la estrella rutilante del Paladín y Conductor insigne que hubiera de solidificar sobre bases irreductibles y perennes las gestas de los Trinitarios”.
Y como para recordarle al homenajeado un deber inexcusable, manifestó que “para un dominicano ostentar las insignias de esta honoroficiencia se queda comprometido una vez más no solamente frente a la República sino frente a su Máximo Ciudadano justicieramente distinguido con los títulos de Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva..”
En frases admonitorias indicaba, a su vez, al Lic. Alvarez quién encarnaba el honor y la gloria, manifestando: “propicia es la ocasión para señalar una verdad incontestable en el hecho de que fué el ilustre Generalísimo el primero y único gobernante que pensó en instituir para honrar la memoria de Duarte, Sánchez y Mella, la Orden con que hoy se le distingue a Usted, reveladora por encima de todas las circunstancias de que Trujillo y sólo él ha sido animador de las reivindicaciones históricas de la Patria dando a la ciudadanía de hoy y de mañana un ejemplo de su corazón procero, patricio y justiciero”.
A fines de quedar consumada la expiación, el Lic. Alvarez ofrecería una charla en la emisora del palacio radio televisor La Voz Dominicana, para referirse a la feria de la paz y la confraternidad del mundo libre. Días después, el 4 de octubre de 1955, mediante el decreto No. 1203 del 4 de octubre de 1955, era nombrado Consultor Jurídico de la Comisión de Fomento.
