“Porque me dio el pueblo el poder, al pueblo vengo a devolver lo que le pertenece. Ningún poder es legítimo si no es otorgado por el pueblo, cuya voluntad soberana es fuente de todo mandato público”.
Con estas palabras introducía el coronel Francisco Alberto Caamaño su despedida como presidente Constitucional de la República tras la firma del Acto Institucional de aquel memorable 3 de septiembre de 1965, hace hoy 59 años.
Lo había suscrito poco antes junto al doctor Héctor García Godoy, virtual Presidente Provisional designado, y la Comisión Ad-Hoc encargada por la Organización de Estados Americanos (OEA) de la búsqueda de una salida negociada a la crisis que sobrevino con el levantamiento armado del 24 de abril de 1965.
El Acto Institucional que también habían rubricado los embajadores ante la OEA que constituían dicha Comisión (Ellsworth Bunker, de Estados Unidos; Ramón de Clairmont, El Salvador, e Ilmar de Penha Marihno, Brasil) era una condición sine qua non para el retiro de las tropas que invadieron el país para sofocar la insurrección constitucionalista.
Sus cuatro partes y 55 artículos sentaban las bases para la transición de la entonces levantisca situación hacia la normalidad democrática basada en la constitucionalidad y el estado de derecho en la República Dominicana, que resultarían de la elección de nuevas autoridades en los comicios del 1 de junio de 1966.
Cabe resaltar que, si bien el coronel Caamaño no había sido electo presidente como restitución del mandato constitucional defenestrado años antes (el 25 de septiembre de 1963), su designación tuvo que ser propuesta por el profesor Juan Bosch desde su exilio en Puerto Rico y refrendada por los congresistas electos en los comicios del 20 de diciembre de 1962.
¿Por qué Caamaño? Porque todos los que tenían facultades constitucionales en el orden sucesoral estaban fuera del país, incluyendo al propio Bosch, el vicepresidente Segundo Armando Gonzalo Tamayo y el presidente del Senado Juan Casasnova Garrido.
El único presente al inicio del levantamiento constitucionalista era el presidente de la Cámara de Diputados, José Rafael Molina Ureña, que había asumido la presidencia provisional mientras Bosch regresaba, pero no pudo soportar el impacto de la invasión estadounidense ni la feroz embestida de la artillería adversa, optando por la protección de la embajada de Colombia.
El mensaje de Caamaño era la aceptación por los constitucionalistas del mandato de García Godoy, que ese mismo día asumía como presidente del Gobierno Provisional en lo que se suponía el tránsito hacia la normalización de la vida institucional en RD.
Pero el Acto Institucional estuvo ensombrecida por señales ominosas, como la resistencia a su firma por los representantes del bando contrario. Era, pues, compromiso de solo uno de los bandos beligerantes.
En su condición de presidente del llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional, el general Antonio Imbert Barrera, no suscribió el compromiso, limitándose a anunciar en una nota su “renuncia” como tal y su supuesto reconocimiento de la autoridad de García Godoy como nuevo gobernante.
Si bien los constitucionalistas la aceptaban en todas sus partes la autoridad del nuevo Gobierno, esta resultaría ensombrecida por la airada resistencia, el boicot, sabotaje y franco desacato la otra parte en pugna.
El Acta de Reconciliación, suscrita días antes, el 30 de agosto de 1965, buscaba sentar las bases para ir borrando de manera paulatina el odio y antagonismo incubados en la contienda pero, igual que en el Acto Institucional, solo recabó el compromiso de una de las partes.
En el marco de los hechos fue “letras muertas” y aquellos polvos traerían los lodos en lo que se suponía el fin de la guerra y los esfuerzos de reconciliación entre los antagonistas, situación engorrosa que pretendo abordar en otra entrega.