El resonante triunfo del presidente Abinader en las primarias de su partido casi asegura su reelección en primera vuelta. Su desempeño en el cargo ha ganado el aprecio tanto de sus partidarios como de una parte importante de la opinión pública. Pero con o sin reelección el presidente debe enfrentar nuevos retos de transparencia y honestidad en la gestión pública. Autorizar la publicación de las auditorias de la Contraloría y General de la Republica requiere otros importantes complementos.
El nombramiento de una figura idónea en la Procuraduría General de la Republica ha sido la más trascendente manifestación del compromiso de Abinader con la transparencia y la honestidad en la gestión de gobierno. Pero ese compromiso era obligatorio, al ser la lucha contra la corrupción e impunidad el reclamo principal del electorado en el 2020. De manera estridente e intransigente la sociedad civil reclamaba la independencia del Ministerio Publico. Tal exigencia imponía esa decisión de cualquier candidato presidencial ganador.
Ese no es el caso con la iniciativa presidencial de la creación de una Unidad Antifraude dentro de la Contraloría General de la Republica. La medida se ha constituido en el pilar principal del escrutinio y control del gasto público, independientemente de las tareas asignadas a la Cámara de Cuentas por ley. Esta última entidad es la encargada de verificar que el gasto público se haya materializado de conformidad con las previsiones del Presupuesto General del Estado e informar al Congreso sobre su ejecución. Pero los escándalos en que la Cámara ha estado sumida últimamente han impedido que la composición del tinglado de sus nuevos jueces haya brindado los frutos esperados.
De cualquier modo, la Cámara es una institución no controlada por el presidente de la Republica. Tanto es así que hay 13 auditorías hechas por ella que no han sido publicadas por las rencillas partidarias, dejando en babia a la opinión pública sobre el alcance y naturaleza de la corrupción en el gobierno previo. De ahí que podría afirmarse que la iniciativa citada de la Unidad Antifraude es el aporte más específico del presidente Abinader. Un aporte adicional de su administración es el anteproyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, el cual fue enviado al Congreso, pero su eventual aprobación es incierta y, por tanto, no puede figurar como una iniciativa materializada en este periodo de gobierno.
De ahí que lo de la Contraloría califique como la intervención presidencial más trascendente hasta ahora en materia de combate a la corrupción y la impunidad. Con la corajuda publicación de las 38 auditorías que ha hecho hasta ahora se ha sorprendido gratamente a la opinión pública y se ha roto el silencio y la pasividad tradicional de la Contraloría General de la Republica. La estupefacción causada por esta acción presidencial, sin embargo, ha quedado pendiente de una acción posterior para hacer de las auditorias un elemento de control efectivo. Hasta ahora se ha confiado solo en que la exposición de las irregularidades detectadas ante la opinión pública persuadirá a los incumbentes de las entidades auditadas a enmendar cualquier incumplimiento con las normativas existentes y evitar futuros entuertos.
Pero la simple exposición de las irregularidades, aunque sin precedente en nuestra historia republicana, no se configura como una acción presidencial completa. Se podrá argumentar que con declarar subsanables las irregularidades se prescinde de la condena de la opinión pública. Pero, aunque la novedosa medida surte algún efecto en materia de prevención de la corrupción, si no se establecen sanciones convincentes los más osados funcionarios se mantendrán tentados a delinquir nuevamente. Y por eso se requiere el complemento de la evaluación delictual.
El establecimiento de cualquier responsabilidad penal es el paso siguiente que debe completar la hermosa iniciativa presidencial. No es posible, por ejemplo, decir que en la CAASD hicieron compras por más de RD$2,000 sin sujeción a los requisitos de la Ley de Contrataciones Públicas y que eso es subsanable y ya. (Ese volumen de compras se presta peligrosamente para sobornos si se hace sin el debido proceso.) Esta bien con que el presidente Abinader haya comunicado –con la publicación de las auditorias– un mensaje de advertencia al funcionariado. Pero proceder a judicializar los casos que lo ameriten es un paso ineludible que constituye el nuevo laberinto de su presidencia.
En un atinado y oportuno reclamo, FINJUS ha pedido que la Contraloría remita al Ministerio Publico los resultados de las auditorias. “Aunque su función principal es auditar y establecer responsabilidades administrativas y civiles, por sí sola no puede llevar procesos judiciales; es decir, sus responsabilidades tienen un deber más informativo que de sostener algún proceso por ante un juez por sí sola, pues este ejercicio se realiza sin perjuicio de las atribuciones de la Cámara de Cuentas o de cualquier otro organismo sobre la materia.”
Sin embargo, parece una tarea embrollosa para el Ministerio Publico dictaminar si procede la acción penal o no en cada caso. En algunos casos habría vericuetos administrativos que podrían exonerar de culpabilidad a los incumbentes. Para eso está la Direccion General de Ética e Integridad Gubernamental (DGEIG) cuya misión es: “Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de una cultura ética, de transparencia e integridad, a través de la promoción de los valores éticos y morales en la administración pública.” La entidad está mejor capacitada que el Ministerio Publico para vislumbrar el tipo de respuesta a las irregularidades encontradas y determinar cuáles casos deban ser judicializados. En los casos no judicializados la DIGEIG deberá también especificar las medidas a tomar para evitar la repetición de irregularidades. Las irregularidades no subsanables deben generar amonestaciones, multas, destitución o suspensión del funcionario responsable, alerta publica, etc.
Las incursiones de la Unidad Antifraude deben continuar aun cuando se logre un idóneo funcionamiento de la Cámara de Cuentas. “Para que falte que sobre” en materia de fiscalización del gasto público. Pero no solo las auditorias de la Contraloría deben remitirse a la DGEIG, sino también todas las de la Cámara de Cuentas. Es obvio que estos procedimientos en ambos casos deben ser establecidos por una nueva legislación. Y la misma deberá reflejar las previsiones de la futura Ley de Responsabilidad Fiscal.
El presidente Abinader anunció que la transparencia y la honestidad serán el sello de su próxima campaña electoral como candidato presidencial. Su récord hasta ahora en esa materia ha sido sobresaliente. Pero el indispensable complemento de las posibles sanciones a los funcionarios que delincan es un requisito de credibilidad que no debe quedar trunco. Establecerlo por ley solo podría fortalecer su posicionamiento ante el electorado y enviar el anteproyecto al Congreso no debe esperar la reelección.