El parasitismo financiero, intermediario chupa sangre, no contribuye al desarrollo de los países pobres, subdesarrollado y dependiente. Es un instrumento capitalista para incrementar la riqueza y el capital de una clase dominante que concentra las actividades del dinero para su centralización.
Es el sector financiero de la burguesía que se dedica al comercio del dinero, como mercancía. Una actividad muy especializada y controlada por los organismos correspondientes del Estado; pero se sale de la observación estatal, al entrar en juego el interés de una clase social e insaciable y enquistada en los estamentos oficiales.
En nuestro país los gobiernos de turnos, sin excepción, son instrumentos del capital financiero para instaurar mecanismos, sustentado en leyes leoninas, para estafar a los trabajadores y la población. Desde nombrar a sus funcionarios, que generalmente tienen conflictos de intereses, hasta poner los organismos de represión del Estado a sus servicios.
Es un crimen imperdonable que los gobiernos se conviertan en cómplices -con el robo descarado a los trabajadores y la población- de la burguesía financiera. Y, mucho menos, despojarse de los bienes estatales para entregarlos pendejamente a esos mismos personajes que han hecho sus fortunas y capitales en negocios chuecos con el Estado.
El sistema capitalista tiene como sustento la propiedad privada sobre los medios de producción. Su desarrollo y crecimiento depende de la profundización de sus relaciones de producción y sus fuerzas productivas. El Estado no debe ser el comodín de los grupos económicos para acumular riqueza y capitales, obviando la creatividad empresarial y la competencia en el mercado para vivir a expensas -“má bueno que e’ así”- de los favores "delo gobierno de turno".
Desde el nombramiento de Luis Maisichell Dicen, un rifero, para administrar la Lotería Nacional, hasta el de Marilin Rodríguez Castillo, una representante del parasitismo financiero, en el Consejo de Nacional de Seguridad Social, para desempeñar la Sub Gerencia General del citado organismo. Una jugada, muy bien planificada, de mala fe. La nombrada funcionaria pasa, ahora, a ocupar la dirección gerencial, al renunciar el incumbente titular, Félix Aracena Vargas.
Bajo el alegado de no saber administrar instituciones, y evitar su politización, el gobierno de Abinader y el PRM, continuó con el asalto para seguir despojando al Estado de sus bienes y servicios. No quedará nada sobre la tierra, incluyendo la misma, propiedades estatales en manos de los próximos gobernantes de turno.
En las últimas décadas, los gobiernos que han transcurrido ha despojado, para entregarlo al sector privado, al Estado de sus bienes y servicios vitales para amortiguar tanta miseria, pobreza y desigualdades. Pero es ahora que tenemos un presidente de la República, Luis Abinader Corona, proveniente de la burguesía que ha constituido su gobierno con hombres y mujeres del empresariado. Sirviéndose con la cuchara grande y dejando la cuenta por pagar en las cuentas nacionales.
No vale la pena -nos vemos en el 2024- seguir votando por esta gente, conservadores y políticos corruptos, por empresarios que lo único que han hecho es aprovechar las debilidades estatales para continuar incrementando su riqueza y capitales.
Desplazar en las próximas elecciones al PRM y a su candidato, evitar que vuelvan los mañosos del PLD y sus dos versiones, Danilo y Leonel, y cualquiera de igual especie. Hay que impulsar una nueva alternativa electoral y política, integrada por demócratas, progresistas y de izquierda, para darle el palo de la gata. ¡No hay de otra!