Compartimos las preocupaciones externadas por el presidente de la República, Luis Abinader, durante su discurso el 15 de septiembre del presente año en el marco de la celebración del Consejo de Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA), pues la crisis en Haití expresada en el caos, la disolución del Estado, el control del territorio por parte de bandas criminales, representan una amenaza para la seguridad nacional. En ese sentido, y conscientes de que la magnitud de la situación desborda la capacidad de nuestro país para ser la vía de la solución, se hace urgente la intervención de la comunidad internacional para buscar una salida definitiva a la crisis con medidas que vayan más allá de la coyuntura, siempre de la mano de la dirigencia y el pueblo haitianos, en razón de que cualquier búsqueda para rebasar estos males estructurales debe acometerse en el marco de la soberanía de ese país.
Si bien es cierto que en este momento se requiere de una colaboración internacional para pacificar el país y devolver el monopolio de la fuerza al Estado, se hace necesario también el diseño de políticas que se encaminen hacia el impulso del desarrollo de Haití. Es decir, que otro capítulo de la Minustah sin acciones de mediano y largo plazo que se dirijan a la inversión en infraestructura y creación de un tejido productivo; esto es, atacar las raíces multicausales y de fondo histórico que cada día complejiza el problema, reeditará el fracaso de aquel proyecto que se concentró en la fuerza militar y ayudas de coyuntura para mitigar el hambre.
Solo una intervención de la comunidad internacional con un proyecto de gran envergadura como una especie de mini plan Marshall con características ajustadas a la realidad haitiana y a la dinámica de los actuales procesos geopolíticos, en razón de que el plan Marshall de 1948 respondió en su momento, por un lado, al interés de Estados Unidos de que países como Grecia, Portugal y Turquía no cayeran en mano de la URSS y, por otro, al propósito agenciarse beneficios económicos.
Los beneficios económicos a los que hago referencia se movieron en torno a una Europa con ciudadanos instruidos, con técnicos en todas las áreas de la producción y los servicios que estaban en capacidad de reconstruir el continente mediante préstamos que facilitaba Estados Unidos con una tasa de interés de retorno, además de la venta de maquinarias e insumos que debían pagar al gobierno o bancos estadounidenses. Esta vez, en el caso haitiano, el mini plan Marshall no debe implementarse en busca de renta o beneficios económicos; no puede ser un negocio, debe tener como propósito la estabilidad de ese país, que representa a su vez la estabilidad de la República Dominicana, del Caribe, Centroamérica y de toda la región para evitar una explosión migratoria de grandes dimensiones que altere la vida económica, social y política de nuestro hemisferio y afecte la democracia impidiendo con ello la gobernanza, una plataforma esencial para alcanzar o sostener el desarrollo.
En ese sentido, lo que Haití requiere es instituciones fuertes y funcionales, que no son el producto del deseo o declaraciones de intenciones, sino del desarrollo material en el que la educación y la salud son componentes fundamentales para impulsar las fuerzas productivas que dará solución definitiva a la perpetua ingobernabilidad y atraso de la vecina nación.