En la pasada reunión de otoño del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington DC, el ministro de Hacienda de Colombia José A. Ocampo presentó el proyecto de reforma fiscal que llevará a cabo en el 2023 el nuevo gobierno de Colombia. Esta reforma tiene como meta aumentar las recaudaciones fiscales en aproximadamente $21.4 billones de pesos colombianos. El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Ilan Goldfajn y Joseph Stiglitz, premio Nóbel de Economía en el 2001 y Co-presidente de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Internacional de Empresas, quienes estuvieron en la reunión, “resaltaron los procesos fiscales en Colombia y en Chile y dijeron que ambos se encuentran entre los pocos países que están tomando un camino alternativo: gravar la riqueza, lo que generará sistemas más progresivos y redistributivos” (La República, 13/10/22).
Ocampo enfatizó que la propuesta de reforma fiscal de su país responde a las prolongadas demandas sociales y, al mismo tiempo, al ajuste necesario de la política fiscal para retomar la trayectoria de la sostenibilidad fiscal. Por eso se eliminan beneficios tributarios a las personas y a los sectores que han disfrutado de amplias exenciones fiscales, propuestas incluidas en el Consenso de Washington para internacionalizar los mercados y promover la inversión extranjera en la región. Asimismo, la reforma fiscal incluye un impuesto a la tierra que viabilizará la reforma agraria que por años los campesinos vienen reclamando en ese país. Similarmente, habrá nuevos impuestos para las ganancias extraordinarias en los sectores de petróleo y carbón; lo que pondría a estos sectores a la par con los aportes extraordinarios que los productores del sector cafetalero ya vienen realizando cuando se producen aumentos de los precios del café en los mercados internacionales.
Además, esta reforma fiscal enfrenta los efectos negativos que la economía colombiana tuvo con la pandemia del Covid-19 y la invasión de Rusia a Ucrania, lo que ha generado más pobreza e inequidad en Colombia; asimismo, el gobierno colombiano enfrenta con esta política el incremento del costo del financiamiento en los mercados internacionales.
Mientras Ocampo explicaba cómo resolverá los ingentes problemas que enfrenta su nación; el representante dominicano en ese cónclave presentaba las cifras del crecimiento económico del país, aunque éste aún no aparece referenciado en las cifras del Panorama Económico Mundial del FMI como el país de mejor desempeño económico en la región. Hace falta que el gobierno dominicano tenga un diagnóstico preciso de los problemas que padece la economía y que, sin compromisos, formule políticas consistentes con su diagnóstico.
La sociedad dominicana tiene serios problemas económicos y sociales, entre los que se pueden citar la falta de competitividad de las empresas dominicanas, no sólo en el mercado doméstico sino también en los mercados internacionales y la falta de transparencia, que se debe entre otros aspectos al deterioro institucional. Una muestra de esto es que la captura privada de los reguladores en los mercados (eléctrico, comunicaciones, seguros, financiero, entre otros) no ha provocado ninguna reacción del sistema judicial.
En el sector eléctrico se manifiestan ambas falencias con esmerada claridad. Hace unos años líderes en el sector privado reclamaban que el elevado costo de la tarifa eléctrica impedía la competencia de sus empresas en los mercados. Esta afirmación se corrobora cuando el Banco Mundial señaló en el 2009, en el Plan de Acción para Modernizar el Sector Eléctrico en la República Dominicana, que el funcionamiento adecuado del sector eléctrico dominicano es esencial para la competitividad de las empresas domésticas. De igual manera, el expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Manuel Diez Cabral, se quejó en septiembre del 2012 sobre el elevado costo de la tarifa eléctrica y sus efectos sobre la competencia.
Actualmente, la generación eléctrica está en manos del sector privado dominicano y aún el costo de la tarifa eléctrica continúa siendo un problema no resuelto, pese a las competencias que el sector privado dice tener. Por otra parte, ningún gobierno ha tenido planes serios para resolver el problema eléctrico nacional, por el contrario, complican su solución cuando responden a intereses privados. Esto queda claramente establecido en las decisiones de los gobiernos del período 1996-2022, que ha puesto a empleados del sector privado a poner en marcha las políticas públicas en este sector, así como a regular al mercado eléctrico. En segundo lugar, tampoco han logrado operar a ese sector con transparencia puesto que el sector privado siempre ha estado al frente de la regulación del sector.
Desde los gobiernos se han organizado muchos negocios privados que resultan en un pesado fardo político, económico y social, que es absolutamente necesario resolver para el funcionamiento institucional del país (Las barcazas de generación eléctrica, Punta Catalina, La Nueva Victoria, contrato de Sans Souci, la licitación de proyectos de generación en Manzanillo, entre otros).
Esta situación ha empeorado en la presente administración, ya que resulta difícil distinguir entre las políticas del gobierno y los intereses de negocios del sector privado. Este gobierno, como los anteriores, no garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, porque promueve un tratamiento de excepción para sus allegados y socios y legitima la desigualdad del resto de los ciudadanos que, sólo son útiles, para vender mano de obra barata y comprar bienes y servicios caros y de calidad cuestionable que se distribuyen la economía nacional.
El gobierno mantiene los privilegios que el sistema tributario le otorga a las empresarias dominicanas (zonas francas, turismo, minería, combustibles, electricidad, sector financiero, transporte, entre otros) y minimiza la pesada carga de impuestos que tienen los consumidores dominicanos. En el presupuesto del 2023, se anunció que los empresarios privados recibirían RD$310,000 millones de exenciones fiscales. Con estos recursos en poder del gobierno no habría déficit fiscal, ni necesidad de un mayor endeudamiento y sobrarían más de cien mil millones para cubrir necesidades perentorias. Se ha postergado la urgente reforma de la estructura tributaria para corregir estas anomalías, para hacer más progresivo el sistema de impuestos y que cada uno pague de acuerdo con el tamaño de sus ingresos, utilidades y ganancias de capital; en fin, que haya justicia en el sistema de impuestos.
Aunque el actual presidente nombró un Ministerio Público independiente, no se ocupó del inconveniente de que muchos jueces dependen de las decisiones de los partidos políticos de oposición y de los intereses empresariales, lo que profundiza la anomia institucional del país.
El gobierno tiene muchas tareas pendientes que son indispensables para el buen funcionamiento de la sociedad y economía dominicanas. Esperamos que la administración del gobierno enfrente los problemas esenciales y trabaje por el bienestar del país.