“Se produce en las calles, en los parques y en las playas. Los traficantes usan catálogos para vender a las víctimas a clientes potenciales (…)”. Informe sobre trata de personas de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana 2022.
Frente al inmenso flujo de información a veces hay artículos poco reseñados que pasan frente a nuestros ojos sin que los logremos captar a pesar de su gran interés. Ejemplo de ello es el interesante artículo publicado por el diario El País, de España, la semana pasada, que merece trascender el pequeño grupo de instituciones que trabajan con la niñez y la adolescencia.
El reporte de prensa toca los puntos focales del problema de la explotación sexual de niñas y mujeres en la República Dominicana y del estancamiento de la legislación.
Como bien lo señala en el texto la directora de Save the Children, Alba Rodríguez, y avalan los informes de la embajada estadounidense en Santo Domingo sobre la materia, la explotación sexual está en todas partes, desde los bateyes hasta los mercados de los barrios, desde la frontera hasta el este del país, y desde los perímetros de las zonas industriales hasta los locales de ocio ubicados en áreas icónicas de nuestras ciudades y barrios. En todos los lugares donde se concentra la pobreza y la necesidad.
Las niñas, las mujeres y también los niños en situación de vulnerabilidad, son las víctimas de consumidores de aquí y de allá, ‘’abogados, funcionarios, personas serias que las ves por ahí o en una reunión sin tú saber todo el daño que han hecho”, narra Flor de Lis en El País.
La semana pasada escribía en este medio que existe una suerte de "Omertà" familiar y barrial que encubre a depredadores y abusadores, que actúan a menudo desde la sombra. Demasiadas son todavía las familias que entregan sus niñas a adultos o que las mandan a tener relaciones con hombres mayores transformándose en proxenetas de sus hijas y normalizando las relaciones sexuales con menores. Sin embargo, se mantienen invisibles en las comunidades, los barrios y las familias. Actúan porque tampoco se han producido sanciones ejemplares con relación a las redes de explotación sexual.
De allí la necesidad de trabajar también con las comunidades a fin de que se entienda que no son las adolescentes las que provocan las relaciones con adultos y que niños, niñas y adolescentes, como menores, son sujetos de protección especial y de ninguna forma pueden dar consentimiento.
Para que no quede lugar a dudas, las víctimas de trata con fines de explotación (sexual en este caso), son captadas mediante coerción, abuso de poder, engaño, secuestro, entre otras. Los factores de riesgo más comunes son las condiciones socio económicas desfavorables y la desprotección. La trata es considerada un delito de lesa humanidad.
Los chats de WhatsApp y redes sociales sirven en ambos sentidos, en la captación de niños, pero también para mandar las chicas a sus citas en motores según el informe del la Embajada de los Estados Unidos citado en el periódico El País.
El artículo desvela el viacrucis de dos jóvenes víctimas de explotación sexual y las dificultades de sanación, que puede durar años en un país donde nada está previsto para estos fines y donde existe una sola casa de acogida con apenas 24 sitios. El trabajo de apoyo, de sanación de heridas, de reconstrucción de la autoestima queda manos de las escasas ONGs especializadas.
El informe de la embajada estadounidense recalca que el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes fue retirado el pasado febrero del proceso de aprobación en el Congreso Nacional. En este proyecto de ley no se considera el consentimiento como válido, ni como motivo de exención de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores o cómplices. La aprobación de esta ley supondría avances en el reconocimiento y protección de las supervivientes.
Según el lobby de sus detractores, la ley le abriría las puertas a la entrada indiscriminada de inmigrantes irregulares haitianos, al reconocer el derecho de los extranjeros supervivientes de trata a no ser deportados y gestionar la permanencia regular en el país, así como a la reunificación familiar.
Puede resultar extraño que el anti haitianismo de ciertos sectores llegue a retrasar la modernización de nuestro cuerpo jurídico y a exponer nuestra población vulnerable a una legislación anticuada en materia de trata. Sin embargo, lamentablemente es así, manteniéndonos al margen de los cambios que se están produciendo en el mundo global del cual hacemos parte.
Para atender las urgentes necesidades de la niñez, el Gobierno, con apoyo de Unicef, elaboró una guía de actuación para casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que afectan a niños, niñas y adolescentes.
Felicitamos a la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo por tomar cartas en la logística del reportaje y aportar un financiamiento para fortalecer la estabilidad socioeconómica de estas niñas, mujeres y sus familias, así como involucrar en esta lucha a las instituciones comprometidas en ello como las fuerzas de seguridad y el sector turístico.