Fue en un muy bonito acto, cargado de autenticidad, donde la justicia y el arte se conjugaron para homenajear los cinco lustros de la institución encargada de la formación de los jueces dominicanos. Las actuales generaciones de abogados, servidores judiciales y estudiosos del derecho llevamos una ventaja significativa de la que hemos de ser conscientes y agradecidos. Heredamos en la Escuela Nacional de la Judicatura una institución funcional, cimentada en la dotación no solo de conocimientos sino también del carácter, habilidades, valores y actitudes que requiere el ejercicio de la judicatura.
Dentro de todas las funciones públicas, la judicatura ocupa un espacio de trascendencia espiritual para la sociedad. No me refiero a cuestiones religiosas, mágicas o espiritistas sino a las aspiraciones de la población de redimir una profunda necesidad emocional: la prevalencia de la corrección en el proceder, de sancionar adecuadamente lo deleznable y estimular en las conductas humanas el anhelo de decencia, civismo y paz. El juez requiere, ciertamente conocimientos jurídicos, pero también un espíritu humano abierto y sensible que le permitan trazar con razonamientos lógico-jurídicos y al son de decisiones jurisdiccionales, la senda para la resolución de conflictos con la legitimidad necesaria para su aceptación por los tan diversos sectores que conforman nuestras sociedades.
Mucho ha debatido la filosofía del derecho sobre la función del juez en la aplicación y en la creación del derecho. Los debates entre los profesores R. Dworkin y H.L.A. Hart nos han dejado una amplia bibliografía a consultar para profundizar en esta cuestión. Lo importante, sin embargo, es resaltar que la identificación de principios para definir y brindar soluciones a los problemas de la sociedad, es la actividad de mayor demanda intelectual y compromiso social para el juez.
El ejercicio responsable de las atribuciones que hemos concedido a los jueces les ofrece la oportunidad de contribuir con contundencia a la consolidación de todos los pilares del Estado de derecho en nuestro país. Al imperio de la Ley, asegurando que primen los valores y postulados expresados por la población a través de los poderes constituidos según las reglas democráticas. El juez es también guardián de la separación de poderes, manteniendo los límites que previenen la filtración de comportamientos absolutistas y totalitarios a los que somos tan proclives.
La formación idónea de los jueces ha de abarcar su rol en la garantía de los derechos humanos tanto durante el proceso judicial pero también frente a otros poderes públicos, identificando y actualizando la manera en que esas exigencias éticas de dignidad, como las define Carlos Santiago Nino se van adaptando a los nuevos contextos sociales. Asimismo, brinda la oportunidad de mantener un control efectivo de la actividad de la Administración Pública limitando con ello la arbitrariedad.
El respeto por la labor de la judicatura y la eficiencia en la prestación de sus servicios son retos que enfrenta toda la justicia dominicana, incluyendo la constitucional, electoral, administrativa y la que tradicionalmente llamamos judicial u ordinaria. La labor formativa de la escuela será preponderante para asegurar que los jueces exhiban y proyecten la dignidad y respetabilidad necesarias para la limitación de los actos de corrupción y con ello una nueva cultura de confianza de los actores sociales en la justicia dominicana.
Sobre la eficiencia se han dado los pasos para emplear más tecnologías, pero la aplicación inteligencia artificial sigue siendo cuestión de reservas, algunas legítimas otras son producto de la resistencia al cambio. Ahí la Escuela tiene un gran nicho de exploración que estoy seguro abordará con los niveles de responsabilidad a los que nos tiene acostumbrado en estos veinticinco años.
La fundación de una escuela para la judicatura implicó la superación de paradigmas que, aunque persistan, son debatibles por los amplios productos y resultados tangibles que exhibe la Escuela Nacional de la Judicatura como institución modélica para América Latina y el Caribe. Apoyar su labor es proteger los anhelos de todos por un futuro de paz.