Estancia San Gerónimo, de don Santiago Michelena Bellvé, luego Estancia Ramfis, posteriormente y hasta hoy, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Introducción

Anteayer, 4 de abril, se conmemoró el 150 aniversario del surgimiento de la entonces Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, hoy Ministerio, órgano ejecutor de la política exterior dominicana, y un día como hoy, 6 de abril, se cumple también el 150 aniversario de la designación de quien con propiedad puede llamarse el primer Secretario de Estado de  Relaciones Exteriores, o primer canciller de la República.

Fechas tan señaladas revisten especial significación para los anales de nuestra historia republicana y, muy especialmente, para la historia diplomática dominicana, por lo que nos ha parecido oportuno dedicar la presente entrega de esta columna a trazar un breve perfil histórico sobre los orígenes de nuestra Cancillería, los antecedentes de su creación lo mismo que un sucinto perfil biográfico de quien se desempeñó por vez primera como titular de la misma, tras su creación como órgano del Estado con personalidad jurídica propia.

1.-  La conducción de nuestras relaciones exteriores durante la Primera República

Durante el periodo que nuestra historiografía ha convenido en denominar “Primera República”, es decir,  los 17 años que transcurrieron entre la proclamación de nuestra independencia  el 27 de febrero de  1844 y la anexión a España, el 18 de marzo de  1861, el naciente Estado dominicano no contó con un ministerio independiente encargado de conducir sus relaciones exteriores.

Refiere a este respecto Don Virgilio Díaz Ordoñez “…gigantesca y desmesurada tuvo que ser la tarea organizadora de los patriotas que junto con la iniciación de la independencia hubieron de encontrarse envueltos en una guerra con Haití que duró  virtualmente doce años, hasta 1856. Al mismo tiempo que crear inicialmente las instituciones del Estado y darles impulso y vigencia, tuvieron que afrontar los peligros y amenazas del poderío militar haitiano, el ocupante hasta la víspera”.

Lo antes expuesto llevaba a don Virgilio a afirmar que: “…se advierte que a las actividades de Relaciones Exteriores se les atribuía importancia de segundo orden. No fue creada, con carácter de cosa principal, la Cancillería correspondiente, y esas funciones rotaban entre los ministros como menester subalterno donde la Justicia, la Instrucción Pública, Interior y Policía, Hacienda, Comercio, Guerra y Marina eran asuntos principales”.

Razón llevaba don Virgilio, pues nuestra primera Constitución, la de San Cristóbal, proclamada el 6 de noviembre de 1844, si bien es cierto que previó la formación de “tratados de paz, alianza, amistad, neutralidad y comercio, a reserva de la sanción del Congreso”, dispuso en su art. 109 la creación de “ cuatro Ministros de Estado y del Despacho” que serán:

Primero: El de Justicia e Instrucción Pública;

Segundo: El de Interior y Policía;

Tercero: El de Hacienda y Comercio”;

Cuarto: El de Guerra y Marina.

Y señalaba el Constituyente: “en cuanto a las Relaciones Exteriores, el Presidente de la República las encargará, por ahora, a uno de los cuatro, según lo juzgue conveniente”.

Esta precisión es oportuna, pues no ha faltado quien sostenga, que Tomás Bobadilla y Briones (1785-1871), fue nuestro primer Canciller, cuando lo correcto y preciso es afirmar que fue nuestro primer encargado de relaciones Exteriores, cargo que desempeño entre el 15 de abril de 1844 y el 12 de febrero de 1846, en su condición de Secretario de Estado de Justicia e Instrucción Pública.

Después de Bobadilla, durante la Primera República, tuvo el país veinte encargados de relaciones exteriores, a saber: Ricardo Miura, José M. Caminero, Manuel Joaquín Delmonte, José María Medrano, Juan Esteban Aybar, Pedro Eugenio Pelletier, Antonio Abad Alfau, Domingo de la Rocha y Angulo, Juan Nepomuceno Tejera, Miguel Lavastida y Fernández, Félix María Delmonte, Benigno Filomeno de Rojas, Vicente Antonio Reyes, Federico Peralta, José María Silverio, Pablo Domingo Pujol y Solano, Domingo Daniel Pichardo y Pros, Felipe Dávila Fernández de Castro,, Pedro Ricart y Torres y Jacinto de Castro.

2.- Nacimiento de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores y designación de nuestro primer Secretario de Estado de Relaciones Exteriores

General Ignacio María Gonzalez y Santin, bajo cuya presidencia fue creada la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, hoy Ministerio.

Muchos acontecimientos se sucedieron en los trece años transcurridos  entre la  anexión a España, el 18 de marzo de 1861 y el nacimiento de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, trece años después.

Cuando el 14 de Septiembre de 1863 se constituye en Santiago lo que se denominó  “el gobierno provisorio” o gobierno restaurador en armas”, encabezado por el general José Antonio Salcedo, mejor conocido como “ Pepillo Salcedo”,  se continuó la práctica de la primera república, encargándose a uno de los ministros la conducción de las relaciones exteriores, como  fue el caso de Ulises Francisco Espaillat, sobre quien recayó dicha responsabilidad, cuando se desempeñaba como  Vicepresidente del referido gobierno.

Es precisamente Espaillat, quien tras el retorno de nuestro Padre de la Patria desde Venezuela, en marzo de 1864,  para combatir en la lucha restauradora, le comunica, por mandato del Gobierno Provisorio, que ha sido destinado a realizar gestiones diplomáticas ante el gobierno de Venezuela y Nueva Granada con el propósito de diligenciar urgente ayuda material para la desesperada causa dominicana, ante el inmisericorde asedio del poderoso ejército peninsular español, aunque no pocos historiadores han visto en tal decisión un interés subrepticio de extrañar nueva vez  al patricio de nuestro suelo. Tema controvertido y de complejas aristas interpretativas.

El denuedo patriótico de los héroes de Capotillo puso fin a la inconsulta determinación de Santana de anexarnos nueva vez  a España,  lo que se hizo efectivo mediante el Real Decreto del 3 de marzo de 1865 sancionado por Su Majestad Isabel II de España, con lo cual recuperamos nuestra eclipsada soberanía.

Pero no  bien retornamos  a la vida independiente, cuando nuevas batallas, esta vez sobre todo de carácter diplomático y político, fue preciso  librar para preservar nuestra amenazada soberanía.

Y es que Buenaventura Báez- que por esas cosas insólitas que en nuestra historia son frecuentes y a las que con sagaz ironía se refiriera Monseñor Meriño  – resulta ser, paradójicamente, el principal beneficiario inmediato de los esfuerzos restauradores, pues ante la renuncia del General Cabral, en Diciembre de 1865, es llamado desde su exilio  para proclamarle por tercera ocasión  Presidente de la República.

Es derrocado Báez en 1866; se instaura de nuevo Cabral, quien  vencido por el Baecismo y después  de perdido su crédito moral  al  intentar negociar con los Estados Unidos el arrendamiento de la Bahía de Samaná, renuncia al gobierno, con lo cual se da inicio a una de las etapas más ominosas de nuestro siglo XIX: la  era “de los seis años” de Báez, es decir, del 1868 al 1874, su cuarta y última presidencia.

Poco faltó entonces  para que nuestra patria, con menos de treinta años de fundada  terminara, una vez más, en brazos imperiales, esta vez del imperio norteamericano, pues  el 29 de noviembre de 1869 se firman dos tratados, mediante los cuales, bajo la presencia amenazante de un vapor de guerra,  se arrendaba la Bahía y Península de Samaná y a la vez se sentaban  las bases para anexarnos a la gran potencia del norte.

Debido a la encarnizada lucha patriótica, estos primeros tratados no fueron ratificados, pero sí  lo fue el  convenio concertado el 28 de febrero de 1872 para el arrendamiento de la bahía de Samaná, ratificado el 18 de febrero de 1873, entre el Presidente Báez y un grupo de aventureros y especuladores extranjeros que se constituyen en compañía denominada  “Compañía de La Bahía de Samaná de Santo Domingo”.

Si estos actos de traición contra nuestra soberanía no llegaron a consumarse, se debió, entre otras razones, al acendrado patriotismo de Luperón, señalando al Presidente Grant “los vicios y delirios de la Doctrina Monroe”,  y a otros muchos dignos patriotas que, como el trinitario Pedro Alejandrino Pina y Manuel Rodríguez Objio, ofrendaron su vida en esta nueva jornada libertaria.

En hora tan fatídica  tampoco nos faltó  la solidaridad y  el apoyo de los grandes antillanistas, con Hostos y Betances a la cabeza, como justo es destacar la solidaridad del Senador norteamericano por Massachusetts  Charles Sumner, a la sazon presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, de La Cámara de Representantes de Los Estados Unidos, quien en su  memorable discurso “ La Viña de Naboth”, del 21 de diciembre de 1870, expresó, entre otras tantas frases memorables, “…no puedo ver que se aplaste al débil sin hacer un esfuerzo para impedir lo malo”.

El General Ignacio María González- siendo a la sazon gobernador militar y político de Puerto Plata- encabeza la revolución del 25 de noviembre de 1873, lo cual le valió el título de “guardián de las libertades públicas”-   con la que se pone fin a la dictadura baecista.

Razón tenía nuestro gran Pedro Henríquez Ureña, a la luz de lo expuesto, al señalar en su conocida carta a Don Federico García Godoy en 1909, que a su criterio, fue en el año 1873 cuando terminó de fraguarse nuestro verdadero  sentimiento nacional, es decir, en la lucha a muerte contra la vocación injerencista norteamericana permitida y prohijada en nuestro suelo por Buenaventura Báez.

En este año, al  decir de Henríquez Ureña, “comienza para la Republica Dominicana un inesperado florecimiento”, a pesar de nuestras disensiones internas, lo cual se debió a la vigencia de los gobiernos azules y su acendrada concepción liberal y nacionalista”.

Y en lo que a nuestras relaciones exteriores respecta, como nos recordara el destacado diplomático e historiador dominicano Don Carlos Federico Pérez “…a partir de entonces, tiene lugar un profundo afianzamiento de la nacionalidad, pues”…aunque no faltaron en las décadas sucesivas una que otra soterrada gestión de protectoralismo, ningún líder político se aventuró a enarbolar como consigna la necesidad de sujeción a una potencia extranjera, como había ocurrido durante los años anteriores”.

González ocupa la presidencia provisional a partir  del 20 de enero de 1874 junto  a su Vicepresidente el General Manuel Altagracia Cáceres, padre del presidente Ramón Cáceres.

Al respecto, consigna el notable jurisconsulto, diplomático e historiador  Manuel Arturo Peña Batlle, “… unas de las primeras medidas del gobierno “de facto” aun antes de determinar su estatuto, fue la de convocar a elecciones para la Asamblea Nacional…” a fines de discutir y aprobar una nueva constitución que sustituyera la que hasta entonces estuvo vigente, es decir, la de 1866”.

Dicha convocatoria se produjo el 19 de enero de 1874 y ya el 20 de febrero de dicho año  iniciaban,  en la sede de la Suprema Corte,  los trabajos de La Asamblea Nacional,  los cuales se extendieron hasta, precisamente, el 4 de abril de 1874.

En esa fecha, “…se dio lectura integra a la Constitución sancionada, antes de remitirla al Poder Ejecutivo para su publicación, diligencia que se verificó en el mismo día”.

En la SECCION CUARTA de la nueva  Constitución, referida a los Secretarios de Estado, se dispuso en su artículo 64, que: “ para el despacho de los negocios de la administración pública, habrá cinco Secretarios de Estado, a saber:

1.- De Relaciones Exteriores

2.- De Interior y Policía

3.- De Justicia e Instrucción Pública

4.- De Hacienda y Comercio

5.- De Guerra y Marina”.

De esta forma,  se rompe con la usanza de la Primera República, cual fue asignar a uno de los cuatro ministerios la responsabilidad de conducir nuestras relaciones exteriores.

La nueva constitución en su artículo 7 confirió  al Presidente de La Republica la potestad de “nombrar o remover a los Secretarios de Estado y demás  del ramo ejecutivo que sean de nombramiento suyo”.

Y es, con base en dicha potestad constitucional que, dos días después, es decir en fecha 6 de abril de 1874, hacen hoy 150 años,  mediante el decreto número 1275, el Presidente Ignacio María González designa como Secretario de Relaciones Exteriores al ciudadano Pedro Tomas Garrido Matos, quien viene a ser entonces, en fidelidad a la verdad histórica, el primero en ocupar dicha cartera, ya en su condición de órgano del Estado  con personalidad jurídica propia.

El primer oficial mayor de la nueva Secretaría de Estado, lo fue el reconocido poeta José Joaquín Pérez.

¿Quién fue Pedro Tomás Garrido Matos, nuestro primer secretario de Estado de Relaciones Exteriores?

Vivió entre el 7 de marzo de 1827 y el 13 de marzo de 1895 y, según lo consigna el destacado historiador puertoplateño Rufino Martínez, participó  “…con sus mejores esfuerzos en las actividades que culminaron con la fundación de la Republica el 27 de febrero de 1844…”.

El acucioso historiador señala, además, que: “…su capacidad intelectual le permitió desempeñar cargos públicos como actividad toda su vida. En ella le salieron canas y se le arrugó  la piel. Ninguno del mismo oficio pasó por tantos empleos, todos de importancia. En todo ese lapso de tiempo de más de cuarenta años, no fue casi afectado por las alternativas de la política partidarista…”.

Entre los altos cargos que desempeñó, además  de la naciente Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, se encuentran los siguientes, entre otros, a saber: Procurador Fiscal de Santo Domingo, Secretario de Estado de Interior y Policía en cuatro ocasiones,  Magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Presidente del Senado y  Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Es decir, podría afirmarse, sin incurrir en injustificados anacronismos, que nuestro primer Secretario de Estado de Relaciones Exteriores fue un verdadero servidor público de carrera, cuyos destacados méritos merecen ser mejor conocidos y justipreciados.

A tenor de los escuetos datos que sustentan el presente artículo, es nuestro modesto parecer que existen razones históricas suficientes para ponderar la posibilidad, si así lo determinan nuestras autoridades, de  declarar el día 4 de abril de cada año como “El Día del Ministerio de Relaciones Exteriores” y el 6 de abril de cada año como “El Día del diplomático dominicano”.