El 19 de diciembre de 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución No. 66/170 en la cual declaró el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña, en reconocimiento a sus derechos, para promover el empoderamiento y reflexionar en los desafíos únicos a los que se enfrentan en todo el mundo.
La importancia de este reconocimiento radica en que, si las niñas reciben apoyo efectivo desde su niñez y durante la adolescencia, tendrán el potencial de cambiar el mundo tanto como niñas empoderadas del día de hoy como madres, emprendedoras, mentoras, trabajadoras, jefas de hogar y líderes políticas del mañana.
La Ley 136-03 la cual instituye el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes en República Dominicana, contempla las prerrogativas de derechos y obligaciones que tienen tanto el Estado como los padres en proveer y asegurar el disfrute de los mismos: derecho a la educación, a una vivienda, a un nombre, a una nacionalidad, a una vida segura, a la cobertura de sus necesidades primarias, entre otras.
La niñez es un término amplio aplicado a los seres humanos que se encuentran en fase de desarrollo comprendidas entre el nacimiento y la adolescencia. Por lo general, los niños tienen derechos particulares que difieren de los adultos y se les clasifica como incapaces de tomar decisiones serias. Legalmente deben estar siempre bajo el cuidado de sus padres o de un adulto responsable o custodia legal.
En este día de la niña y su finalidad de proclamación, pienso en los casos que he visto de niñas desprotegidas desde el seno familiar, atropelladas en sus derechos por parte de un adulto o donde la madre, el padre o ambos han sido parte de la comisión del delito en su contra.
Tal es el triste caso de las hermanitas Rosaury* y Viviana*, de 7 y 9 años de edad, quienes vivieron una situación traumática de explotación sexual en manos de su madre. El hecho fue denunciado por moradores del sector y así, las autoridades iniciaron la investigación contra la madre quien producía videos de contenido sexual con sus propias hijas, a fin de venderlo y generar dinero. ¡Qué cosa tan horrible!
La madre resultó arrestada, las niñas fueron removidas del lugar y llevadas al hogar de familiar y las autoridades les proveyeron acompañamiento, apoyo y servicios terapéuticos. Su madre fue llevada a la justicia y condenada a cumplir la pena de 10 años de prisión.
Otro caso fue el de Casimiro*, un padre que vendió sexualmente a su hija de 15 años de edad a su jefe, a cambio de una promoción de ascenso en su trabajo. Con indignación la adolescente declaró ante las autoridades cómo su padre la llevó hasta ese horrible lugar, recibió el dinero de su jefe y la entregó a ser abusada sexualmente.
Producto de esas declaraciones, la adolescente recibió muchas amenazas, se vio obligada a revertir su testimonio durante el curso del proceso legal, y finalmente los acusados resultaron absueltos por estos hechos.
De ambos casos se extraen dos cosas importantes: primero, la falla de los padres frente a sus obligaciones como tal. Como dice una canción “la familia es una institución donde el individuo toma formación”, lo cual contempla una realidad y por tanto, esta primera responsabilidad de cuidado, amor, protección y enseñanza a los hijos radica en los padres o sus tutores legales, cuyo rol les obliga a velar por los mejores intereses de sus hijos e hijas en la etapa crítica de niñez y adolescencia.
Esta primera formación en los hijos e hijas incide para definir los hombres y mujeres que serán mañana, por lo cual es fundamental velar por la buena instrucción desde el seno familiar. Los padres o tutores legales son y serán siempre los primeros responsables de la crianza, cuidado y educación de sus hijos, ya que más que por una ley escrita, ellos son los llamados a cuidar de sus hijos por ley natural.
Y en segundo lugar, interviene el Estado y las políticas públicas emprendidas para hacer esto posible. Es importante que los padres cuenten con recursos que mejoren sus condiciones de vida, ya que, del mismo modo, esto incide en la calidad de vida y protección que le puedan brindar a sus hijos e hijas: alimentación, vivienda, educación, entre otros, para que puedan tener una vida digna y desarrollar su autonomía e ideales de vida dentro de la sociedad.
Finalmente, el Estado debe proporcionar cuidado y protección ante la ausencia de respuesta de cuidado efectivo de los padres, a través de sus instituciones.
Casimiro no debió salir ileso del hecho criminal que cometió en contra de su hija. La hija de Casimiro debió estar más protegida durante el curso del proceso legal, a fin de no recibir amenaza de parte de sus familiares o allegados del jefe del padre que hicieran cambiar su testimonio; debió prever el sistema de justicia una mejor ponderación de la forma en como se suscitaron los hechos antes de llegar a una conclusión tan benigna.
Necesitamos que el Estado fije su mirada en la niñez, en nuestras niñas. Confieso que al inicio de esta gestión de gobierno veía con mucho entusiasmo las políticas públicas que emprenderían a favor de esta población, no tan sólo a través del CONANI sino a través del Gabinete de la Niñez y Adolescencia. No puedo decir abiertamente que no han hecho su trabajo, pero tenía mayores expectativas.
El Estado que se enfoque en lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer desde su niñez, está garantizando sus derechos mañana en miras a la justicia, a la inclusión y a economías que funcionen para todos ahora y para las generaciones futuras.
Para el próximo año, cuando conmemoremos nueva vez este día de la niña, espero podamos mirar hacia atrás y decir con voz alta y de satisfacción: he estado trabajando para las niñas hoy, en miras de construir su bienestar del mañana.
Sonia Hernández es abogada penalista, exprocuradora fiscal de la Provincia Santo Domingo. Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente se desempeña como Directora asociada del fortalecimiento del Sistema Público de Justicia para Misión Internacional de Justicia (IJM).