Documentado en una auditoría interna de la Contraloría General de la República (CGR) practicada al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), la entidad mantiene en nóminas a 487 personas que cobran sin trabajar, mientras que otras 97 son empleados en otras instituciones del Estado.
El personal figura como empleado de seguridad; no obstante, carece de asignación, función y cargo en la entidad, según el informe que recoge el período entre septiembre de 2021 y abril de 2022, bajo la gestión del mayor general Celin Rubio Terrero.
La investigación muestra que el 100 % de los militares y civiles designados en la entidad, no cuentan con expedientes de personal que contengan los datos exigidos por el Ministerio de Administración Pública para sus nombramientos.
En consecuencia, los auditores constataron que, de 78 empleados contratados como igualados, 35 fueron designados en contraposición a la Ley 41-08 de Contratación Pública, tal como sostiene el informe emitido por la CGR.
De igual manera, otros 27 empleados del CUSEP desempeñan labores en otras instituciones del Estado, como es el caso de César Peralta Gómez, quien recibe un salario de 20, 000 pesos como asesor legal de la entidad; sin embargo, en ese momento figuraba en la nómina de la OISOE (disuelta) con un salario de RD$ 250,000.
Otras irregularidades consignadas en la auditoría
1. Identificamos que la Entidad pagó el monto de RD$ 55,269,800.00, durante el período primero de septiembre 2020 al 31 de abril 2021, por concepto de operaciones de Inteligencia, en los cuales no se visualizaron documentos que soportaran los pagos ante mencionado, contrario a lo que establece la ADC-3-003 Gestión de Tesorería en las Normas Específicas para la Ejecución de Pagos, en el numeral ADC-3-003.36.
2-Verificamos pagos por concepto de compras de alimentos por un monto de RDS 3,014,142.50, a diversos proveedores, los cuales no poseen documentos que los sustenten, contrario a lo establecido en la NOBACI 3.1 Normas Específicas para la Ejecución de Pagos, que estipula en su acápite ADC-3-003.36.
3. Durante la revisión de los documentos anexos a los cheques pagados a la empresa Centro Ferretero Pérez Castillo SRL por un monto de RD$ 5,014,681.66, observamos que los dos accionistas son miembros activos de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), contrario a lo establecido en la Ley 340-06 y Ley Orgánica de la Fuerza Armada.
4. Al verificar los pagos a la empresa Radio y Técnica, SRL identificamos fraccionamientos por un monto de RD$ 3,475,514.35, en los procesos de compras de equipos de comunicación, contrario a lo que establece el artículo 59 del Reglamento 543-12 de Aplicación de la ley 340-06.
5. Comprobamos que la entidad cuenta con un fondo de caja chica por un monto de RD$ 485,000.00, para pago de dieta a colaboradores, al revisar observamos treinta (30) cheque de desembolso por valor de RD$ 10,677,796.13, donde no se identificaron las firmas de los beneficiarios al momento de recibir el pago.
6. Revisamos cuatrocientos ochenta y siete (487) empleados, sin detalle de donde se encuentran asignados, brindando servicios de seguridad, función o cargo dentro del CUSEP.
7. Al comprobar el control interno identificamos que el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, no cuenta con Manuales o Políticas Organizacionales, por lo cual la Institución carece de un adecuado control interno, como lo establece el Artículo 7 numeral 7 párrafos único y 25 de la Ley 10-07.
8. Observamos que el CUSEP no se encuentra integrado al Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) como lo establece el artículo 14 y 15 de la Ley No.5-07 que crea el Sistema de Administración