"Yo asesiné, yo torturé. Yo me adapté a una práctica sistemática de asesinatos", dijo este martes el cabo primero retirado del Ejército Gélver Pérez García, durante el segundo día de la audiencia de reconocimiento de 303 "falsos positivos" ocurridos en el departamento colombiano de Casanare (este).
La confesión la hizo Pérez durante el segundo día de la audiencia de reconocimiento de ejecuciones de civiles por parte de militares, diligencia organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Yopal, que finalizará este miércoles.
El exmilitar reconoció ante familiares de campesinos y colonos que participó en al menos 31 crímenes perpetrados en Casanare como miembro del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno) conformado por más de 1.000 hombres, conocidos en Colombia como "falsos positivos".
A la diligencia también acuden el mayor general retirado Henry Torres Escalante, que fue comandante de la Brigada XVI; 13 oficiales, siete suboficiales, un funcionario de la Policía secreta y dos terceros civiles en una audiencia de reconocimiento de ejecuciones de civiles por parte de militares organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Yopal.
Todos han reconocido su participación en el asesinato de 303 campesinos ocurridos entre enero de 2005 y diciembre de 2008 en Casanare (este), conocidos en Colombia como "falsos positivos".
Con dichos crímenes, que fueron destapados a finales de 2008, los militares de la época buscaban recompensas tales como permisos y ascensos, entre otros.
El general Henry Torres Escalante protagonizó una cruda confesión: "La constante medición sobre los resultados (que hacían sus superiores) produjo un daño irreparable ya que las muertes se convirtieron en números, en porcentajes", .
El oficial retirado fue entre 2005 y 2007, siendo coronel del Ejército, comandante de la Brigada XVI, que tenía bajo su jurisdicción el Casanare.
Torres, el militar de más alto rango en reconocer su culpabilidad en los falsos positivos", hace parte de 21 exmilitares y otros exfuncionarios del Estado que reconocieron su participación en el asesinato de 303 personas para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate, crímenes conocidos en Colombia como "falsos positivos".
Por presiones
Torres explicó que su proceder, en el cual se daba prioridad a las muertes antes que a las capturas de guerrilleros, se debió también a las presiones a las que era sometido por parte de sus superiores y mencionó al entonces comandante del Ejército, el general Mario Montoya.
"Las presiones venían desde el comandante del Ejército, general Mario Montoya (…) Esas presiones nos encaminaron a lograr objetivos operacionales a toda costa, despreciando el carácter humano de las víctimas", acotó.
En ese sentido dijo que asumía como "máximo responsable" de 196 asesinatos cometidos por militares bajo su mando en Casanare entre 2005 y 2007, y añadió que él también presionaba a la tropa bajo su mando.
Puntualizó que para el general Montoya eran más importantes las bajas en combate. "No puedo negar que la prelación era siempre sobre muertes en combate".
De los más beneficiados
Torres dijo sin tapujos que de los "resultados" que entregaban los militares bajo su mando él fue uno de los más beneficiados porque permitían lograr ascensos y condecoraciones.
"Debo reconocer con vergüenza que de todos estos crímenes que se cometieron bajo mi mando para esa época yo fui uno de los más beneficiados porque posicionaron a la Brigada (XVI) como una de las mejores a nivel nacional", dijo.
Y agregó: "Por todos esos resultados operacionales, muchos de ellos ilegítimos, que informé al Comando Superior, fui muy bien evaluado y calificado".
Torres también aseguró que su actitud como comandante de la Brigada XVI derivó en lo que la JEP llamó una "organización criminal", porque "me convertí en el líder de esa organización, sin tener en cuenta la protección de los civiles a quienes tenía la responsabilidad de brindar seguridad como garante de sus vidas".
Según la JEP, las víctimas de los "falsos positivos" eran en su mayoría hombres entre los 18 y los 25 años. Sin embargo, en el caso de Casanare se acopió información sobre el asesinato de nueve mujeres, una de ellas embarazada.
La JEP estableció que por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate en Colombia entre 2002 y 2008, periodo que coincide con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
"Máquina de guerra"
Por su lado, el teniente retirado del Ejército colombiano Jhon Suancha Florián, dijo: "Fui preparado como máquina de guerra. Se me cambió esa mentalidad que tenía de una persona normal a una persona fría. Hasta hoy estoy empezando a sentir cosas que no sentía hace mucho tiempo".
Suancha también relató que fue utilizado como un instrumento "para cometer los objetivos de los generales que nos están mirando (por televisión o por redes sociales), el cuerpo de generales que muchas veces fueron a los centros de reclusión a callarnos la boca".
Y fue más allá: "Acá falta nombrar al padre de la omisión de los 'falsos positivos': general Carlos Arturo Suárez Bustamante", remarcó.
Por su lado, Wilson Rodríguez, que fue un civil que reclutó campesinos para llevarlos a militares del Casanare que luego los hacían pasar por "bajas en combate", aseguró que los "falsos positivos" fue "un sistema de ejecución extrajudicial implementado por el gobierno central del momento".
Organización criminal compleja
La JEP consideró en julio pasado que en la Brigada XVI se implantó una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en Casanare.
La Sala de Reconocimiento de la JEP estableció que bajo la comandancia del mayor general Torres Escalante se incrementó la presentación artificial de resultados operacionales en esta región por lo que les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en condiciones de discapacidad cognitiva sufrieron daños graves, diferenciados y desproporcionados por las acciones de esta unidad militar.
Las víctimas eran equipadas con armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes. Los miembros de la Brigada XVI denominaban a estos implementos el "kit de legalización".