Sindicalistas de Haití y de República Dominicana emitieron la llamada Declaración de Ouanaminthe que comienza por advertir que "cualquier intervención armada internacional iría en contra del derecho a la autodeterminación de los haitianos".
La búsqueda de solución a la crisis de Haití debe empezar, añade el documento con fecha 30 de enero,, "por el reconocimiento de la soberanía del país, del Estado y del pueblo de Haití".
En Haití se debe aplicar, remarca el texto, "una agenda de trabajo decente" lo que implica "el respeto de los derechos de los trabajadores, el acceso a la protección social, el establecimiento del diálogo social y la creación masiva de empleos dignos y sostenibles".
El combate a la inseguridad y la corrupción debe ir "más allá" porque se trata de dar respuesta, agrega el documento, a "la crisis estructural de Haití" y para ello debe comenzarse por definir y ejecutar un "proyecto de transición de ruptura", lo que "implica el establecimiento de un gobierno de transición" que con el consenso de todos "garantice finalmente las condiciones para la organización de elecciones legítimas, transparentes y democráticas".
Declaración de Ouanaminthe
Los sindicalistas afiliados a la CSI/CSA de Haïti (la CTH y la CTSP) así como el movimiento sindical representativo (ESPM/BO, CATH, CNOHA, FNSH) de la Republica Dominicana (CASC, CNTD y CNUS) reunidos en Villa CODEVI los días 25 y 26 de enero de 2023 y apoyados por la CSI, la CSA, las organizaciones sindicales de Bélgica, Brasil, Canadá, Costa Rica, España, Francia, Italia, Panamá, República Dominicana y Suecia declaran:
Que la crisis de Haití se debe a la mala gobernanza, a la injerencia internacional, a la ausencia de Estado de derecho y de justicia social, y a un modelo de sociedad en el que la economía beneficia a una élite.
Cualquier solución a la crisis de Haití debe empezar por el reconocimiento de la soberanía del país, del Estado y del pueblo de Haití. Corresponde al pueblo de Haití elegir a sus dirigentes y su forma de gobierno. En el contexto actual, cualquier intervención armada internacional iría en contra del derecho a la autodeterminación de los haitianos.
El contexto actual exige la reconstrucción de un nuevo Haití, con la reconstrucción del Estado de derecho y la justicia social en su centro.
– Esto implica la aplicación de una agenda de trabajo decente basada en cuatro pilares: el respeto de los derechos de los trabajadores, el acceso a la protección social, el establecimiento del diálogo social y la creación masiva de empleos dignos y sostenibles.
– También requiere políticas públicas que garanticen el acceso a los servicios sociales (educación, sanidad, vivienda, etc.), promuevan la producción nacional, la justicia fiscal y la lucha contra las desigualdades.
– Por último, requiere una atención especial a los derechos de las niñas y las mujeres, que son las más expuestas a la violencia y constituyen un componente esencial de la reconstrucción del país.
La lucha contra la inseguridad y la corrupción y, más allá, la resolución de la crisis estructural de Haití, exigen una transición y una ruptura con el ciclo histórico de crisis, choques e injerencias. El movimiento sindical representativo de Haití participa activamente con otros actores de la sociedad civil en el proyecto de transición de ruptura. Este proyecto implica el establecimiento de un gobierno de transición, basado en un amplio consenso nacional de las fuerzas representativas del país, que garantice finalmente las condiciones para la organización de elecciones legítimas, transparentes y democráticas.
El movimiento sindical haitiano cuenta con la solidaridad internacional, en general, y sindical, en particular, para apoyar estas reivindicaciones y acompañar a los sindicatos haitianos y a los demás actores de la sociedad civil en la construcción de este nuevo Haití al que aspira el pueblo.