La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, con sede en San Salvador, condenó el "desalojo" este sábado de la residencia en Nicaragua en la que habitaban seis sacerdotes jesuitas que estaban a cargo de la Universidad Centroamericana (UCA), clausurada esta semana por el régimen de Daniel Ortega.
La Compañía de Jesús señaló, en un comunicado, que "condena este atropello" y manifestó "su confianza en que el Señor de la Historia siga acogiendo bajo su bandera a los jesuitas de Nicaragua en estos momentos".
La orden religiosa relató que "la Policía nicaragüense se presentó junto a miembros del poder Judicial en la vivienda de los jesuitas para exigir su desalojo argumentando que esa vivienda es también propiedad del Estado de Nicaragua".
Detalló que "los sacerdotes mostraron a los agentes la documentación de escritura de propiedad de la UCA y de la Compañía de Jesús; sin embargo, los agentes hicieron caso omiso de la documentación y se les ordenó dejar la casa, permitiéndoles sacar únicamente algunos objetos de uso personal".
Apuntó que "los seis miembros de la comunidad obedecieron las órdenes de la autoridad y se retiraron de la vivienda" y agregó que "los jesuitas desalojados se encuentran bien en un lugar seguro".
El allanamiento de la residencia de los sacerdotes ocurre en el marco del cierre de la jesuita UCA, uno de los centros de estudios privados más prestigiosos de Nicaragua.
El Gobierno nicaragüense publicó el viernes en el Diario Oficial La Gaceta un acuerdo del Ministerio de Gobernación en el que se aprueba la cancelación de la personalidad jurídica de la UCA, otorgada el 13 de agosto de 1960, y ordena el decomiso de sus bienes.
La Justicia de Nicaragua ordenó esta semana traspasar los bienes muebles e inmuebles, así como las cuentas bancarias de la UCA, al Estado, luego de ser acusada por el Ministerio Público (Fiscalía) de ser un "centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales".
La UCA confirmó el miércoles el oficio y rechazó los "señalamientos infundados" de las autoridades.
En razón de ese oficio, la universidad jesuita, cuyo rector era el sacerdote Rolando Enrique Alvarado López, decidió suspender sus actividades académicas y administrativas.
Las autoridades congelaron la semana pasada las cuentas bancarias e inmovilizaron las propiedades de la UCA, mientras que el lunes un organismo adscrito a la Corte Suprema de Justicia revocó la acreditación del Centro de Mediación de la universidad, unas medidas que se han ejecutado en medio de los roces entre el Gobierno de Ortega y la Iglesia católica nicaragüense.
El comunicado reza:
A comienzos de la tarde de este sábado, la policía se presentó junto a miembros del poder judicial en la vivienda de los jesuitas, residencia Villa del Carmen, para exigir su desalojo argumentando que esa vivienda es también propiedad del gobierno.
Los miembros de la comunidad mostraron a los agentes la documentación de escritura de propiedad que afecta a la vivienda como un bien diferente de la UCA y, sin embargo, los agentes hicieron nulo caso de la documentación y se les ordenó dejar la casa y todas sus pertenencias.
Obedecieron las órdenes de la autoridad y se retiraron de la vivienda y marcharon a la comunidad San Ignacio de Managua a donde han llegado todos sin más percances.
Los miembros de la Orden manifiestan su confianza en que el Señor de la Historia los siga acogiendo bajo su bandera también en estos momentos.
Nicaragua tilda de "insolencia e ignorancia vulgar" la posición de Colombia de Petro
El Gobierno de Nicaragua rechazó este sábado "la posición intervencionista" de Colombia sobre el cierre de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), en Managua, y la tildó de "insolencia e ignorancia vulgar".
"El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República soberana de Nicaragua, fiel a su política de no injerencia en los asuntos internos de otros pueblos, Estados y Gobiernos, rechaza categóricamente la posición intervencionista" de Colombia, indicó la Cancillería nicaragüense en una nota enviada a su homóloga colombiana.
La Cancillería colombiana manifestó este sábado "su preocupación" por la confiscación de la UCA de Nicaragua, y condenó "con vehemencia todas las medidas que limitan la libertad religiosa, de cátedra y de expresión" en ese país.
Para Nicaragua, el pronunciamiento de Colombia, dice la queja del régimen de Ortega, "nada tiene de fraternidad nuestroamericana".
Más bien la acusó de haber sido "expresada con insolencia e ignorancia vulgar sobre la corrección en el manejo de los asuntos entre los Estados".
"COLOMBIA NO TIENE AUTORIDAD ALGUNA"
La Cancillería nicaragüense dijo que "no reconoce al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia como autoridad alguna", y le recomendó "mantener su mirada en sus propios problemas, que son enormes, y que afectan grandemente la vida y la indispensable convivencia ciudadana en su propio país".
Además recomendó "a las autoridades de la sufrida Colombia, respeto, así como también se suma a las voces que reclaman a esas autoridades, integridad, decencia y empeño en la defensa de los derechos de su pueblo, sobre todo el derecho a la vida".
"Ver la paja en el ojo propio y no en el ajeno, para evitar inmiscuirse en lo que no les concierne ni les concernirá, porque en Nicaragua somos libres y jamás volveremos a ser esclavos", continuó Managua.
La Cancillería nicaragüense comentó que "el servilismo o servidumbre ante los amos imperiales nunca ha dejado nada bueno y nunca ha servido para ocultar las propias pestes, las más crudas miserias o desgracias, las enfermedades del alma que solo pueden curarse atendiéndose con esmero y devoción".
"El servilismo, repetimos, o la servidumbre de esclavos frente a los amos imperiales, no encubre los propios males, la desintegración social, la narco-política, la corrupción crónica, el engaño, el desfalco, la estafa, y el imperdonable despilfarro de la confianza y las esperanzas de un pueblo", concluyó.
BASTIÓN DE LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO
El Gobierno que preside Daniel Ortega oficializó el viernes el cierre de la jesuita UCA, uno de los centros de estudios privados más prestigiosos del país centroamericano y fundado en 1960.
La UCA, considerada uno de los últimos bastiones de libertad de pensamiento en Nicaragua, ha tenido que traspasar por orden de la Justicia sus activos muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias, al Estado de Nicaragua, después de haber sido acusada de delitos de terrorismo.
La UCA confirmó el miércoles el oficio judicial y rechazó los "señalamientos infundados" de las autoridades.
En razón de ese oficio, la universidad jesuita, cuyo rector era el sacerdote Rolando Enrique Alvarado López, decidió suspender sus actividades académicas y administrativas.
Las autoridades congelaron la semana pasada las cuentas bancarias e inmovilizaron las propiedades de la UCA, mientras que el lunes un organismo adscrito a la Corte Suprema de Justicia revocó la acreditación del Centro de Mediación de la universidad, unas medidas que se han ejecutado en medio de los roces entre el Gobierno de Ortega y la Iglesia católica nicaragüense.