El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) aseguró este miércoles que es ilegal la "muerte cruzada" decretada por el actual presidente, Guillermo Lasso, lo que implica la disolución de la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, y el adelanto de elecciones generales.

En un mensaje en redes sociales, Correa cuestionó el argumento de "grave conmoción política e interna" esgrimido por Lasso para recurrir a esta figura constitucional en medio del juicio político de censura en su contra que se llevaba a cabo en el Parlamento por un supuesto delito de peculado (malversación).

"Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna 'conmoción interna'. Tan sólo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la patria", dijo Correa.

"Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución", añadió.

Seguidamente, el expresidente ecuatoriano incidió en el contingente militar que desde primeras horas de la mañana se dispuso en los exteriores de la Asamblea al indicar que "se le caen todas las máscaras a los que hablaban de democracia sin jamás haber creído en ella".

Ante la incertidumbre sobre si el Gobierno lograría salvar la moción de censura, Lasso anunció este miércoles la aplicación de la "muerte cruzada", que le permitirá gobernar mediante decretos hasta que asuma su sucesor, pese a que la oposición aseguraba que no podía hacerlo por estar ya en marcha el juicio político.

El juicio político fue promovido por un grupo de fuerzas opositoras, entre ellas el grupo parlamentario de Unión por la Esperanza (Unes), afín a Correa; y el conservador Partido Social Cristiano (PSC), a los que se unieron algunos miembros del movimiento indígena Pachakutik, de Izquierda Democrática (ID) y otros legisladores independientes.

La oposición lanzó el juicio en el momento de mayor debilidad de Lasso en sus casi dos años de mandato, después de su dura derrota en la cita electoral del 5 de febrero, donde el Gobierno perdió el referéndum planteado para hacer reformas a la Constitución y el correísmo fue el triunfador de las elecciones locales.

La acusación se basó en un supuesto peculado producido a partir de unos contratos de transporte marítimo de petróleo con presuntas condiciones perjudiciales para el Estado firmados por la empresa estatal Flopec y la firma privada Amazonas Tankers.

La oposición señaló a Lasso por no haber hecho supuestamente nada para rescindirlos, pero Lasso rebatió que fueron firmados en la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y, ya bajo su gestión, se aplicaron cambios para mejorar las condiciones.

El juicio se inició formalmente en el pleno de la Asamblea el martes, donde Lasso presentó su alegato de defensa en el que tildó el proceso de un asalto institucional llevado a cabo por la oposición y reiteró que la acusación es infundada.

Ante la incertidumbre sobre si el Gobierno lograría salvar la moción de censura, Lasso anunció este miércoles la aplicación de la "muerte cruzada", que le permitirá gobernar mediante decretos hasta que asuma su sucesor, pese a que la oposición aseguraba que no podía hacerlo por estar ya en marcha el juicio político.

"Ecuatorianas y ecuatorianos: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones", señaló Lasso en su mensaje a la nación.