"Exigimos al CNE que cumpla con los protocolos de auditabilidad y publique, con la mayor celeridad posible, los resultados desagregados, mesa por mesa", dijeron las organizaciones -según un comunicado difundido por el PCV-, porque "la paz de la república" depende, principalmente, de los rectores del ente comicial y de que cumplan con "su mandato constitucional", subrayaron.
Este pronunciamiento se produce cuatro días después de los comicios, en los que el mandatario Nicolás Maduro fue reelegido para un tercer sexenio en el poder según el primer y único boletín emitido por el CNE, cuyo reesponsable, el chavista-madurista Elvis Amoroso, proclamó presidente al actual gobernante pese a que aún faltaba por acreditar el 20 % de las actas, entre otras sensibles irregularidades.
El PCV y cinco organizaciones de izquierda indicaron que "distintos hechos han empañado" la "extraordinaria jornada cívica" celebrada el domingo e "impiden tener confianza plena en el anuncio" oficial, entre ellos la proclamación de Maduro "pese a que faltaba por totalizar un 20 % de las actas, equivalente a más de dos millones de votos, que podrían modificar el resultado final".
También señalaron la denuncia del candidato Enrique Márquez sobre que el boletín no se imprimió en la sala de totalización del CNE en presencia de testigos de los partidos, además de las declaraciones de la oposición mayoritaria que asegura tener en su poder más del 80 % de las actas y que estas dan la victoria -insiste la alianza- a su abanderado, Edmundo González Urrutia, además por amplio margen.
La "no publicación de los resultados desagregados, mesa por mesa" -afirmaron- impide "la verificación ciudadana sobre el proceso".
Por tanto, sostuvieron que "hay hechos y denuncias" que "debilitan la credibilidad de los anuncios parciales realizados por el CNE", ente que, luego del primer boletín, no ha emitido más información, mientras que los rectores electorales han convocado y cancelado dos declaraciones públicas en las últimas horas, pese a que el martes venció el plazo legal para la totalización de las actas.
El mutismo oficial, que incluye la caída de la web del CNE, impide conocer nuevos datos sobre las elecciones, cuyo cronograma establecía que mañana deben ser publicados los resultados de cada una de las 30.026 mesas de votación usadas el 28 de julio.
También rechazan "criminalización generalizada" de protestas
El PCV y otras cinco organizaciones adicionalmente rechazaron lo que considera una "criminalización generalizada" por parte del Estado de las protestas contra el resultado oficial de las presidenciales, puesto que la "inmensa mayoría" de esas manifestaciones "fueron pacíficas", contrario a lo que denuncia el Gobierno, que las tacha de "terroristas".
Si bien "algunas" de las protestas "desencadenaron hechos violentos", como "agresiones a militantes del (partido gobernante) PSUV, casas de ese partido y otros bienes", la "inmensa mayoría de las manifestaciones ocurridas entre el 29 y el 31 de julio fueron pacíficas y legítimas", entre ellas concentraciones de "gente en las calles, marchas espontáneas, cacerolazos y consignas", destacaron.
"El Estado ha respondido realizando una criminalización generalizada de la protesta, señalándolas a todas como violentas y terroristas, ha judicializado a más de 1.000 personas y ha activado no solo a los cuerpos de seguridad, sino también a civiles armados que han disparado armas de fuego contra manifestantes y realizado detenciones, en algunos casos, de personas que se encuentran desaparecidas", denunciaron.
Por tanto, exigieron a la Defensoría del Pueblo investigar "la legalidad de las detenciones masivas, la situación de derechos humanos de los detenidos, la pertinencia de los tipos penales que les asigna" la Fiscalía (terrorismo, incitación al odio), "así como la actuación ilegal de civiles armados (…) con la aquiescencia del Estado".
Asimismo, rechazaron "enérgicamente las expresiones de odio y violencia contra militantes del PSUV y casas de ese partido por parte de un grupo reducido de manifestantes", hechos que -dijeron- "deben ser debidamente investigados y sancionados".
Por otra parte, las organizaciones destacaron que, a diferencia de anteriores "movilizaciones que cuestionaban el resultado electoral", las actuales "no ocurrieron en zonas de ingresos medios y altos, tradicionalmente afines a la oposición política de derecha, sino en barrios y pueblos que, en el pasado, protagonizaron el proceso político y social liderado" por Hugo Chávez (1999-2013).
En Caracas y buena parte del país, se han registrado esta semana múltiples protestas en rechazo al resultado de los comicios que se saldan hasta el momento con, al menos, 11 fallecidos, según ONG, y más de un millar de detenidos, de acuerdo con las autoridades.