Parlamentarios alineados con el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, pidieron este jueves a la Fiscalía General que investigue lo que llaman "posibles fraudes" en los comicios ganados por el ahora presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva.
La demanda se apoya en un informe elaborado por el Ministerio de Defensa sobre las urnas electrónicas usadas en Brasil desde 1996, que jamás han sido objeto de denuncias de fraudes, pero que según Bolsonaro los propician y pudieran haber ocurrido en las elecciones de octubre pasado.
De acuerdo con la fiscalización realizada por los militares en las urnas los días 2 y 30 de octubre, cuando se celebraron la primera y la segunda vuelta de las elecciones, no fue hallado nada que pueda indicar fraudes, pero tampoco puede afirmarse que no ocurrieron.
Según el Ministerio de Defensa, el informe elaborado por sus técnicos "no excluye la posibilidad de fraude o inconsistencia en las urnas electrónicas", pese a que señala su "conformidad" con el resultado de las elecciones, ganadas por Lula con una diferencia de 1,8 puntos porcentuales sobre Bolsonaro.
El Tribunal Superior Electoral (TSE), por su parte, ya ha puesto un punto final a las polémicas y garantizado que los comicios fueron "limpios y transparentes" y sentenciado que no existen dudas sobre el proceso, que fue avalado por todas las misiones de observadores independientes, tanto nacionales como internacionales.
No obstante, según el senador Luis Carlos Heinze, uno de los promotores de la demanda presentada ante la Fiscalía General, ha sido "un proceso electoral tan conturbado, que dirimir posibles dudas es un deber del Estado".
Bolsonaro, diez días después de las elecciones, todavía no ha terminado de reconocer claramente su derrota, aunque el Gobierno ya lleva adelante, desde la semana pasada, el proceso de transición con el equipo designado por Lula para ese fin.
Aún así, desde el día después de las elecciones, numerosos grupos de ultraderecha insisten, sin prueba alguna, en que la victoria de Lula fue producto de un fraude y siguen acampados a las puertas de cuarteles del Ejército, exigiendo un "golpe militar" que impida la investidura del líder progresista, prevista para el 1 de enero.
Lula se emociona y dice que "jamás" esperaba que el hambre volviera a Brasil
El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se emocionó este jueves al afirmar que "jamás" pensó que el hambre volvería al país y afirmó que su "misión estará cumplida" si "cada ciudadano vuelve a desayunar, almorzar y cenar" cada día.
"Disculpen", dijo al interrumpir su discurso en una reunión con parlamentarios con los ojos llenos de lágrimas, y recordar que esa promesa de que todos los brasileños puedan comer todos los días la hizo ya hace dos décadas, el 1 de enero de 2003, cuando asumió el poder por primera vez.
"Lo prometimos y cumplimos", pero "jamás imaginamos que el hambre volvería" y que afectaría, como ocurre hoy, a unos 33 millones de brasileños, declaró Lula, quien derrotó en las elecciones del pasado 30 de octubre al actual mandatario, Jair Bolsonaro.
Según el presidente electo, el país ha vuelto a esa situación "por la falta de compromiso" de gobernantes como el líder de la ultraderecha, que "nunca se preocuparon" con los más pobres.
"Las personas han sido llevadas a sufrir para garantizar la tal estabilidad fiscal", por "gente que dice todo el día que hay que recortar gastos" y "deja al pueblo pobre fuera de la discusión sobre la macroeconomía", declaró.
También aseguró que el Gobierno que iniciará el próximo 1 de enero estará guiado por "la credibilidad, la estabilidad política, económica, jurídica y social" y "la previsibilidad, pues la sociedad no puede ser tomada por sorpresa".
Garantizó además que, en lo económico, mantendrá los mismos parámetros de "responsabilidad fiscal" que tuvo mientras ejerció el poder entre 2003 y 2010, e insistió en que "gobernará para todos", pero que se ocupará "prioritariamente de los más necesitados".
Como prometió en su campaña, subrayó que también es necesario "discutir el mundo del trabajo" y revisar una dura reforma de las leyes laborales aprobada en 2017, que acabó con una serie de derechos y garantías que amparaban a los trabajadores.
"Hoy tenemos millones que trabajan como esclavos, sin ninguna garantía ni previsión de futuro", por lo que es "imperioso" que se "discutan el capital y el trabajo en el Siglo XXI", sin "abdicar de derechos que le dan seguridad al trabajador más humilde", dijo.