La filial nicaragüense de la Compañía de Jesús, la orden católica romana a la que pertenece el papa Francisco, fue disuelta este miércoles en Nicaragua por el Gobierno de Daniel Ortega, que ordenó además expropiar todo su patrimonio en el país centroamericano.
Es decir, los jesuitas, como son mundialmente conocidos, no podrán seguir funcionando en Nicaragua, y sus bienes muebles e inmuebles, así como sus instituciones educativas, entre los que se incluye la Universidad Centroamericana (UCA), ya incautada, pasarán a manos del Estado nicaragüense, según un acuerdo ministerial.
El papa Francisco tildó de "dictadura grosera" al Gobierno sandinista en una entrevista con Infobae, señalando "un desequilibrio de la persona que dirige" el país centroamericano.
La Compañía de Jesús, a la que pertenece Francisco, es con más de 16 mil miembros la orden religiosa masculina más grande de la Iglesia católica, como indica su página web.
"Somos pastores, maestros y capellanes. También somos médicos, abogados y astrónomos, entre otras muchas funciones en la Iglesia y la sociedad. En la variedad de nuestros ministerios, atendemos a la totalidad de la persona: cuerpo, mente y alma. Y especialmente en nuestros ministerios de educación, buscamos nutrir 'hombres y mujeres para los demás'", según la página web de la Compañía, acusada de terrorista por el régimen de Ortega.
PRIMERO CERRARON UNIVERSIDAD JESUITA
La disolución de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua, registrada desde el 16 de mayo de 1995, fue aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, según el acuerdo ministerial publicado este miércoles en el Diario Oficial La Gaceta.
Ese acuerdo se publica una semana después que la Justicia nicaragüense, controlada por los sandinistas, ordenara a la UCA -considerada uno de los últimos bastiones de libertad de pensamiento en Nicaragua- traspasar sus activos muebles e inmuebles y sus cuentas bancarias al Estado, después de haber sido acusada de terrorismo.
La UCA, uno de los centros de estudios privados más prestigiosos de Nicaragua, rechazó los "señalamientos infundados" de las autoridades, y decidió suspender sus actividades académicas y administrativas.
En tanto, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, orden religiosa que fundó la UCA en Nicaragua, demandó el cese a la "agresión gubernamental" contra la universidad jesuita nicaragüense y sus integrantes, y los responsabilizó de "todos los daños" que puedan sufrir alumnos, empleados y patrimonio cultural y educativo.
"EL PRECIO POR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA"
Esa Provincia, con sede en El Salvador, rechazó por "falsas e infundadas las graves acusaciones" y denunció que "esta nueva agresión gubernamental en contra de la Universidad no es un hecho aislado".
"Forma parte de una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales de la sociedad", denunció.
Asimismo, la Compañía de Jesús acotó que "la confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense".
En otro mensaje, esa Provincia condenó el desalojo de seis sacerdotes jesuitas, que estaban a cargo de la UCA, de su residencia en Nicaragua.
El allanamiento de la residencia de los sacerdotes ocurrió el sábado pasado, un día después de que el Gobierno nicaragüense oficializara la cancelación de la personalidad jurídica de la UCA, otorgada el 13 de agosto de 1960, y ordenara el decomiso de sus bienes.
LA VERSIÓN DEL GOBIERNO
En el acuerdo ministerial de este miércoles, la cartera de Gobernación sostuvo que la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua fue ilegalizada por "incumplimiento a las leyes", debido a que tenía su junta directiva vencida desde el 27 de marzo de 2020 y no reportaron sus estados financieros del período fiscal entre 2020 y 2022.
Gobernación la acusó de obstaculizar "el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro" de esa cartera, de no promover políticas de transparencia en la administración y manejo de la Asociación, y que el ente regulador desconocía "las actividades que realizan, la ejecución de sus proyectos y si estos son acorde a sus objetivos y fines".
Las relaciones del Gobierno del presidente Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcados por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.