El Tribunal Supremo de Brasil ha ordenado este viernes que el expresidente Jair Bolsonaro testifique en un plazo de diez días en el marco de la investigación sobre los ataques a las instituciones democráticas por parte de simpatizantes bolsonaristas el pasado 8 de enero, lo que se confirmó como un golpe de Estado frustrado.
"Ordeno a la Policía Federal que proceda con la audiencia de Jair Messias Bolsonaro en un plazo máximo de 10 días", ha afirmado el juez Alexandre de Moraes, agregando que la vista tendrá que ser notificada a la Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil.
Moraes ha señalado además que el testimonio de Bolsonaro, "en los términos señalados por el Ministerio Público", es "indispensable para el completo esclarecimiento de los hechos investigados". En concreto, se investiga el papel en la intentona del expresidente ultraderechista, que ha puesto en cuestión en repetidas ocasiones el sistema electoral brasileño, además de alentar los ataques a las instituciones democráticas.
Bolsonaro regresó a Brasil el pasado 30 de marzo tras pasar tres meses en Estados Unidos, cuando evitó estar presente en el acto de toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y mientras avanzaban las pesquisas sobre los ataques a las sedes de los tres poderes el 8 de enero.
El intento de golpe del pasado 8 de enero fue escenificado por miles de activistas de la ultraderecha que apoya a Bolsonaro y que asaltaron los edificios de tres poderes de la Nación en Brasilia, con la intención de forzar una intervención militar para derrocar al presidente Lula, quien había asumido el poder ocho días antes.
Ese día, Bolsonaro ya se encontraba en Estados Unidos, hacia donde viajó el 30 de diciembre, aún en su condición de mandatario, con la intención de no entregarle la banda presidencial a Lula, cuya victoria en las urnas en octubre pasado siempre puso bajo sospecha.
Los miles de bolsonaristas que asaltaron las sedes de la Corte Suprema, el Parlamento y la Presidencia el 8 de enero habían estado durante más de dos meses acampados a las puertas de los cuarteles del Ejército exigiendo un golpe, en una actitud antidemocrática que el líder de la ultraderecha no solamente no condenó, sino que hasta llegó a avalar.
Por esos sucesos fueron detenidas 2 mil 151 personas, de las cuales 294 permanece en prisión, en tanto que el resto responderá ante los tribunales en libertad.
El Supremo ha incluido a Bolsonaro entre los investigados, a fin de determinar si, aún estando ese día en Estados Unidos, incitó ese movimiento o si incluso tuvo algún papel en la planificación de la intentona golpista.
El exmandatario está investigado, además, en una decena de procesos que tramitan en la Justicia ordinaria y en otros cuatro que también están en la Corte Suprema, así como responde en otras causas ante la Justicia Electoral.
Una de estas últimas, que alude a sus agresivas campañas de descrédito contra el sistema de votación electrónico que se utiliza en Brasil, será juzgada en las próximas semanas y, en caso de ser hallado culpable, el líder de la ultraderecha puede perder todos sus derechos políticos durante ocho años. También está pendiente el caso de joyas sauditas regaladas a la Presidencia y no registradas.
(CON INFORMACIONES DE EFE Y EUROPA PRESS)