La ONU se mostró este jueves "alarmada" por el retiro de nacionalidad a decenas de personas críticas con el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, reclamó que se respeten sus derechos humanos y dijo estar lista para ayudar con el estatus de los expulsados.
El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, expresó la "alarma" del secretario general, António Guterres, por la "decisión del Gobierno de Nicaragua de despojar a 94 personas de sus derechos políticos y civiles" el miércoles, como ya hizo con los 222 presos políticos excarcelados y expulsados la semana pasada.
Los 94 nicaragüenses -defensores de derechos humanos, sacerdotes, ambientalistas, disidentes sandinistas, estudiantes, empresarios y comerciantes, entre otros- han sido también despojados del derecho a la propiedad, acusados de delitos contra el Gobierno y declarados prófugos de la Justicia.
La ONU reivindicó el derecho a la nacionalidad recogido en la Declaración universal de los Derechos Humanos y dijo que "nadie debería ser despojado de ella arbitrariamente", además de condenar la "persecución o represalia contra defensores de los derechos humanos o personas críticas" con el Gobierno.
En la última semana, 317 nicaragüenses fueron despojados de su nacionalidad, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado por el Gobierno del presidente Daniel Ortega junto a 222 presos políticos excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero.
Preguntado por si la ONU ha estado en contacto con países abiertos a ofrecer la ciudadanía a los afectados, como hizo España con los 222 nicaragüenses expulsados a principios de mes, el portavoz dijo no tener constancia pero aseguró que la organización está lista para "dialogar, si resulta útil", respecto a su estatus.