El oficialismo chileno inscribió este lunes dos pactos de cara a las elecciones de consejeros constitucionales que se celebrarán el próximo 7 de mayo para elegir a los 50 nombres que redactarán la propuesta de nueva Constitución, y descartó así la posibilidad de presentar a todo el progresismo unido bajo las mismas siglas.

Tras un primer intento frustrado en un plebiscito de septiembre, sigue existiendo el consenso nacional mayoritario de la necesidad de cambiar la Constitución actual, instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Tras varias semanas de negociaciones, las fuerzas políticas de la coalición de Gobierno acordaron presentarse a los comicios, por una parte, con el pacto "Todo por Chile", que agrupa las fuerzas de la centro-izquierda tradicional, y por la otra "Unidad para Chile", que suma la coalición de izquierda Frente Amplio, a la que pertenece el presidente Gabriel Boric, el Partido Comunista y, como principal novedad, al Partido Socialista (PS).

Precisamente, el PS se convirtió en protagonista de las conversaciones al cambiar sus socios históricos y "naturales" de la centro-izquierda por las fuerzas que se sitúan un poco más a su izquierda. La decisión se ha dilatado, tras una división interna en las filas de su partido.

“Estamos contentos de poder estar en una mayoría para enfrentar esta lucha ideológica, de formas de ver la sociedad y nuestros adversarios no están al lado, están al frente, son la ultraderecha, la demagogia y el populismo”, aseguró la presidenta del partido, Paulina Vodanovic, tras ratificar el pacto en el Servicio Electoral SERVEL, el organismo del voto chileno.

Desde el inicio, los socialistas apostaron por un pacto único del oficialismo y la Democracia Cristiana, e incluso aseguraron que la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), militante del PS, estaba dispuesta a encabezar la lista con la unidad como única condición.

Sin embargo, la reiterada negativa a sumar por parte de la cúpula del Partido por la Democracia (PPD), y reforzada luego por su líder, el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006), hizo fracasar esta posibilidad.

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, sostuvo que "esta es una apuesta por las convicciones" y que "los resultados dirán si nos equivocamos", en cuyo caso, dijo, "pagaremos los costos".

La semana pasada el PS y el PPD, socios históricos desde el retorno a la democracia y juntos en el actual Gobierno del presidente Gabriel Boric, bajo el conglomerado Socialismo Democrático, mantuvieron una disputa ante la cual, finalmente, nadie quiso ceder y cada uno optó por su camino. Aunque ambos aseguraron que esto no afectará a las relaciones internas en el Ejecutivo, para algunos puede ser el inicio de cambios en las alianzas habituales.

OPOSICIÓN EN "CHILE SEGURO"

En el otro carril, la oposición mantendrá intacto el pacto de la coalición de derecha Chile Vamos, que para las elecciones de consejeros constitucionales bautizaron como "Chile Seguro".

Los conservadores se presentarán por separado del ultraderechista Partido Republicano.

El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, que integra el conglomerado "Chile Seguro", dijo en un punto de prensa que el pacto no solo incorpora a los tres partidos de Chile Vamos, sino que también a los movimientos sociales y a figuras independientes.

VIEJAS FIGURAS DE LA POLÍTICA

El nuevo proceso constituyente, que inició con la designación de los 24 integrantes del Comité de Expertos por parte del Congreso, está marcado por el retorno de viejas figuras de la política chilena, como Hernán Larraín, quien fue senador y ministro del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) y será el primer presidente de la Comisión de Expertos.

Después del fracaso del anterior proceso, liderado por una mayoría de convencionales no militantes e independientes, la experiencia se ha convertido en un elemento clave para los partidos.

También se considera el recorrido político de los aspirantes, ya que la ley inhabilita a los consejeros para postular a otro cargo de elección popular los primeros cinco años tras la aprobación del nuevo texto.

HACIA UN NUEVO PLEBISCITO

El pasado 11 de enero, la Cámara de Diputados despachó a ley la reforma constitucional que habilita el segundo proceso constituyente para que Chile tenga una nueva Carta Fundamental en el plazo de un año.

Tras las elecciones del 7 de mayo, el Consejo Constitucional dispondrá de hasta cinco meses para elaborar la propuesta de texto que luego será sometido a plebiscito por parte de la ciudadanía, en una votación universal y obligatoria al igual que sucedió en septiembre de 2022.