La candidata del correísmo, Luisa González, y el empresario Daniel Noboa tomaron este domingo ventaja en el inicio del escrutinio de las elecciones presidenciales extraordinarias de Ecuador, después de procesado el 10 % de los votos.
Hasta el momento González, que se postula por el movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), ostenta el 32,61 % de los votos, mientras que Noboa cuenta con el 24,66 %, porcentajes casi idénticos a los arrojados por el exit poll no oficial.
En tercera posición en el escrutinio oficial figura el asesinado Fernando Villavicencio, con el 16,33 % que recaerá sobre su sustituto, el periodista Christian Zurita, mientras en cuarto lugar aparece el exlegionario y empresario especialista en seguridad Jan Topic, con el 14,60 %.
De mantenerse estas tendencias habría una segunda vuelta el 15 de octubre entre los dos candidatos más votados, pues para ganar en primera vuelta se necesita conseguir al menos el 40 % de votos y una diferencia de menos de diez puntos sobre el resto.
En total son ocho las candidaturas en liza para suceder al actual mandatario, el conservador Guillermo Lasso, y completar su periodo 2021-2025, interrumpido por el jefe de Estado en mayo pasado al invocar el mecanismo constitucional de la "muerte cruzada".
De esa forma, el mandatario disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, cuando se disponía a votar su destitución como último paso de un juicio político donde la oposición le había acusado de presunto peculado (malversación), un cargo que él niega y rechaza, y forzó la convocatoria de estos comicios extraordinarios.
Más de 13,4 millones de ecuatorianos fueron convocados este domingo a las urnas para elegir a un nuevo gobernante y a los 137 nuevos integrantes de la Asamblea, además de dos consultas ambientales para prohibir el petróleo y la minería, respectivamente, en sendas áreas naturales.
Los comicios se desarrollaron sin mayores incidentes y tuvieron una participación del 82,26 %, en medio de un estado de excepción decretado por el Gobierno tras el asesinato de Villavicencio para reforzar la custodia y seguridad de los centros de votación con la Policía y las Fuerzas Armadas.
El proceso se lleva a cabo en la peor crisis de seguridad del país, por una ola de violencia que las autoridades atribuyen al crimen organizado y al narcotráfico y que ha hecho que Ecuador pase en cinco años de 5,8 a 25,32 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022, la cifra más alta de su historia.