La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), volvió a condenar este viernes la violencia en las protestas de Perú e hizo un llamamiento al diálogo "a todas las personas involucradas".

"En los últimos días de las protestas, la Defensoría del Pueblo ha registrado 21 personas fallecidas y 210 heridas a causa de las manifestaciones", explicó la oficina en un comunicado, en el que aseguró que "estos números representan un crecimiento vertiginoso en comparación con los días anteriores".

La CIDH recordó también que ha aceptado la petición formal del Gobierno peruano de realizar una visita al país "preparatoria de una visita de trabajo por parte de integrantes de la Comisión en enero de 2024″.

Según anunció el organismo en la mañana de este viernes, la visita preparatoria se realizará entre los días 19 y 21 de diciembre.

"La CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia e insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para que los hechos de violencia que han resultado en graves afectaciones a la vida e integridad de las personas sean investigados de manera pronta", dijo el órgano este viernes.

Hace tres días, cuando solo se contaban tres fallecidos en los disturbios, la CIDH emitió un comunicado junto a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenando las protestas y pidiendo al Estado y a los manifestantes sostener un diálogo.

Las protestas comenzaron poco después de que el ya expresidente Pedro Castillo fuera destituido por el Congreso luego de que dictara la disolución del Parlamento, anunciara la conformación de un Ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, convocara a una asamblea constituyente y reorganizar el sistema de Justicia.

La nueva presidenta, Dina Boluarte, ha propuesto al Congreso adelantar las elecciones generales a diciembre de 2023 para atajar las protestas desatadas tras la destitución de Castillo, quien ha denunciado ser víctima de un golpe de Estado.

El jueves, Boluarte decretó un estado de emergencia ante el aumento de la violencia en las protestas.

Consejo de Estado de Perú respalda actuación de Policía y FFAA en protestas

El Consejo de Estado de Perú, que reúne a los presidentes de los tres poderes, mostró este viernes su respaldo a la Policía y a las Fuerzas Armadas "en el control" de las protestas antigubernamentales, en las que han fallecido 22 personas.

"Se ha respaldado a las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas en el control de la situación, creo que el país debe respaldar y darle un aliento a nuestras fuerzas para restablecer la paz y tranquilidad den el país", dijo el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila, al término de la reunión que se prolongó durante buena parte de la tarde.

En el encuentro participaron los presidentes de la República, Dina Boluarte; del Congreso, José Williams; del Poder Judicial, Elvia Barrios; del Tribunal Constitucional, Francisco Morales; la defensora del Pueblo, Eliana Revollar; y el contralor general, Nelson Shack.

Ávila también explicó que el consejo exhorta a que "cesen sus conductas", todos "los ciudadanos que están involucrados en estas acciones de violencia" en "muchas de las regiones del país.

"Pueden ser consideradas como conductas infractoras de delitos muy graves que pueden merecer responsabilidades penales e incluso privación de la libertad", subrayó.

En este sentido, destacó que el Ejecutivo ha comenzado "a promover mesas del diálogo para calificar reivindicaciones sociales que tienen los ciudadanos a plantear, pero no a través de la violencia, sino del diálogo y conversaciones entre ciudadanos y autoridades, pero nunca con la violencia".

Esa actitud "genera daño, afecta a la vida y la integridad" de los peruanos y no pueden "tolerar", señaló.

"Este Consejo de Estado se permite hacer esta invocación a los ciudadanos que nos están viendo, que desistan de esas acciones violentas y busquemos espacios de diálogo", concluyó.

Perú atraviesa días de crispación social y política desde el pasado 7 diciembre, día del fallido autogolpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo, hecho tras el cual el Congreso le destituyó y poco después fue arrestado. La justicia peruana ha decretado para él 18 meses de prisión preliminar preventiva.

La vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió inmediatamente el cargo como jefa de Estado, y tres días después estallaron manifestaciones, protestas y disturbios en la mayor parte del país, en las que, por el momento, 22 personas han fallecido y más de 200 policías han resultado heridos.

Fiscalía peruana pide 15 años de cárcel para Vizcarra

La Fiscalía de Perú solicitó 15 años de pena privativa de la libertad para el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio durante su época como gobernador del sureño departamento de Moquegua, anunció el Ministerio Público este viernes en su perfil de Twitter.

"(El) equipo Lava Jato formuló ayer requerimiento acusatorio contra Martín Vizcarra Cornejo y solicitó 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de cohecho pasivo propio", indicó el mensaje del Ministerio Público.

Detalló que la acusación fiscal incluye dos hechos, por una parte el proyecto "Lomas de Ilo", y por otra el proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Hospital Moquegua", señaló.

Además, la Fiscalía pidió contra Vizcarra nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En 2020, el fiscal Germán Juárez, del equipo que investiga el caso Lava Jato en Perú, solicitó ya en dos ocasiones interrogar a Vizcarra, pues las empresas ganadoras de las licitaciones en el departamento de Moquegua, donde fue un popular gobernador regional, son también investigadas al estar comprometidas en el "club de la construcción", un grupo de compañías supuestamente se repartían las obras públicas a cambio de millonarios sobornos.

La Fiscalía peruana informó este viernes que ha conseguido reactivar el mecanismo de Cooperación Judicial Internacional con las autoridades brasileñas en relación al caso Odebrecht, suspendido el pasado 1 de noviembre tras un pedido de la compañía.

"Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, junto a la procuradora ad Hoc, Silvana Carrión Ordinola, suscribieron el acta con la cual los representantes de la empresa CNO (Odebrecht) solicitan a la Procuraduría General de Brasil que reactive las solicitudes de cooperación internacional de la fiscalía peruana", reza un comunicado del Ministerio Público.

La decisión inicial del Ministerio Público Federal de Brasil fue adoptada como respuesta a una demanda de Novonor, antigua Odebrecht, que denunció la violación por parte de las autoridades peruanas del acuerdo firmado entre ambas partes, que incluye la "no utilización de pruebas producidas en Brasil" contra la empresa en aquella jurisdicción.