El cuerpo hallado este viernes bajo cemento en el barrio de Maipú, en Santiago de Chile, corresponde al exmilitar venezolano antichavista Ronald Ojeda, secuestrado hace diez días por cuatro sujetos que se disfrazaron de policías chilenos y que luego dejaron abandonado el vehículo utilizado en el hecho delictivo que fue declarado de "investigación secreta" por la justicia chilena.
El Fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, informó esta noche que el teniente coronel venezolano Ronald Leandro Ojeda Moreno, de 32 años, fue asesinado poco después de ser secuestrado la madrugada del miércoles 21 de febrero, en un hecho atribuido por la oposición venezolana al régimen de Nicolás Maduro.
“La data de muerte aproximada señala que es entre siete y 10 días, coincidente con la fecha en que se produjo el secuestro”, declaró Barros a los periodistas.
El fiscal dijo que el hallazgo del cuerpo fue fruto de “una operación compleja vinculada al crimen organizado” y que hasta ahora existe un detenido, un ciudadano venezolano de 17 años “que se encuentra de manera irregular en el país”, y que hay otras órdenes de detención pendientes de ejecutar.
Confirmó que se han allanado propiedades en diferentes zonas de la capital chilena al estrecharse el cerco hacia los secuestradores.
Previamente el fiscal dijo: “En horas de la tarde se logró encontrar un cuerpo sepultado, al interior de una maleta, bajo una estructura de cemento. Se está determinando quién sería la víctima”.
La denuncia del secuestro en Chile del venezolano Ojeda Moreno fue reportada por su familia primero a Carabineros y luego a la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos uniformes fueron utilizados por los secuestradores que lo sacaron en ropa interior y descalzo del edificio donde residía como refugiado político en el municipio de Independencia, en el sector norte de Santiago.
Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela
El excomisario venezolano Iván Simonovis, fugado de una cárcel de su país y huido al extranjero, apuntó como responsable a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela.
No obstante que el ahora fallecido fue declarado recientemente traidor a la patria y expulsado formalmente de la Fuerza Armada Bolivariana, el móvil del secuestro y ahora del crimen no está claro porque, a diferencia de los secuestros que se han ejecutado en Chile a partir de 2022, todos del tipo extorsivo, en el caso de Ojeda los captores no pidieron dinero ni se comunicaron con la familia de la víctima.
Corte Penal Internacional rechaza apelación de Venezuela y sigue investigación de crímenes de lesa humanidad
Caracas apeló en noviembre y los representantes del gobierno de Maduro sostuvieron que Venezuela no podía investigar adecuadamente las acusaciones de Khan porque la información de la fiscalía era imprecisa.
Pero este viernes la CPI no dio seguimiento al recurso.
"La Sala de Apelaciones rechaza el recurso y confirma la decisión impugnada", informó el juez Marc Perrin de Brichambaut, magistrado del tribunal, con sede en La Haya, alegando que no se hallaron "razones convincentes para apartarse del fallo" ya emitido.
La indagatoria se centra en las denuncias sobre la represión de las manifestaciones desencadenadas por la detención de varios dirigentes de oposición y decisiones del Tribunal Supremo orientadas a amordazar a la Asamblea Nacional donde la oposición tenía mayoría.
– "Decisión infundada" –
Este viernes, Venezuela denunció una "decisión infundada" por parte de la CPI.
"La verdad es que el sistema de justicia venezolano ha estado en primera línea para la investigación y para la resolución de los casos donde se haya cometido algún tipo de delito, pero que nada tiene que ver con delitos previstos en el Estatuto de Roma y delitos de lesa humanidad", declaró la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
"Toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de delitos que […] han sido o están siendo investigados y sancionados por […] el sistema de justicia venezolano", apostilló por su parte la Cancillería en un comunicado.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo por su parte, que "en Venezuela no se han cometido delitos de lesa humanidad".
"Nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos no ha declinado", afirmó Saab, tras asegurar que desde 2017 han sido condenadas 555 agentes por "violaciones de derechos humanos".
En cambio, el fiscal de la CPI aplaudió el fallo, que confirma, según él, que "los procedimientos penales nacionales del gobierno de Venezuela no reflejan suficientemente el alcance de la investigación" prevista por su oficina.
La oenegé venezolana Provea afirmó que junto con la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) aplauden la decisión, destacando "su gran relevancia en un clima de impunidad" y de "persecución de personas defensoras de derechos humanos".
En la misma línea, la oenegé Human Rights Watch consideró que el dictamen de la corte "es un rayo de esperanza para las víctimas de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro".
En 2018, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá denunciaron la situación en Venezuela ante la CPI y la corte inició una investigación preliminar.
En noviembre de 2021, el fiscal Khan abrió una investigación formal y firmó entonces un acuerdo con Maduro en el que Venezuela se comprometía a garantizar que el tribunal pudiera trabajar adecuadamente en el país.
La CPI, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.
Se trata de un tribunal de última instancia, que sólo interviene si los países no quieren o no pueden investigar por sí mismos.