La llegada de una fuerza multinacional que ayude a la Policía de Haití a erradicar la violencia de las bandas armadas aún tendrá que esperar unos meses y ni siquiera tiene una fecha definida, aunque el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por fin el despliegue de efectivos internacionales.
Aunque la violencia es un problema de largo tiempo en el país, desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, la situación de inseguridad en Haití ha ido degenerando hasta el terror a manos de las pandillas en sus luchas por controlar el territorio, principalmente el área metropolitana de Puerto Príncipe.
La escalada de violencia llevó al primer ministro de Haití, Ariel Henry, a solicitar la intervención internacional en octubre del año pasado, ante la imposibilidad de frenar a las bandas, que asesinan, violan, roban y secuestran a la población como parte de sus enfrentamientos.
Un año después de esa petición de auxilio, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes el despliegue por un año (prorrogable) de una fuerza multinacional de asistencia a la policía de Haití en virtud de una resolución aprobada por 13 votos a favor y dos abstenciones (China y Rusia), sin ningún voto contrario entre los 15 miembros del Consejo.
Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, al menos 2.439 personas han muerto en lo que va de año como consecuencia de la violencia de las bandas que, además, han secuestrado a al menos 951 personas en este 2023, refleja un informe publicado el 28 de septiembre.
Una violencia que no deja de crecer, tal y como pone de manifiesto el hecho de que en el segundo trimestre de 2023 se registró un aumento del 14 % en el número de víctimas de asesinatos, lesiones y secuestros relacionados con las bandas.
En el citado periodo se registraron 1.860 víctimas de estos crímenes, en comparación con el trimestre anterior (enero-marzo de 2023) en el que se reportaron 1.634 víctimas, según un informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh).
Las bandas también utilizan las violaciones en masa para aterrorizar a la ciudadanía, cometiendo abusos sexuales para que los presencien los familiares de las víctimas, para luego matar a los varones y prender fuego a las viviendas de las áreas que pertenecen a territorio de las bandas rivales.
Además, fruto de la violencia, miles de haitianos viven en campamentos improvisados sin los servicios básicos, se refugian en colegios e instituciones públicas y plazas, en las zonas que aún no están bajo el control directo de las bandas, convirtiéndose en desplazados internos.
Las atrocidades se suceden sin que la Policía Nacional Haitiana (PNH) pueda hacer frente a los pandilleros, lo que llevó a la población a buscar la Justicia por sus manos con ejecuciones sumarias de presuntos miembros de bandas armadas o sus cómplices, a través del movimiento de autodefensa "Bwa Kalé" ("madera pelada" en criollo).