Lo hecho hasta ahora en concreto por haitianos y por la comunidad internacional para comenzar a revertir la catastrófica situación en Haití es de tal tibieza que todo hace prever que al paso que se camina nada cambiará y más bien todo empeorará, evaluó Global Americans.
Bajo el título en inglés "Evitar desastres: un camino cada vez más estrecho en Haití", la organización sin fines de lucro Global Americans a través de este texto alertó con contundencia: "A menos que haya un cambio de rumbo pronto, todas las señales apuntan a una crisis política y humanitaria aún más catastrófica en Haití".
Así dice textualmente el primer párrafo del artículo que publicó la semana pasada, exactamente el del Consorcio de Políticas del Caribe y asociado senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y del Grupo Directivo de Think Tank Haiti (TTH), una asociación de la Université Quisqueya (Haití) y el Diálogo Interamericano, no tiene pelos en la lengua para secundar con ejemplos y hechos lo dicho recientemente por la OEA.
“Los últimos 20 años de presencia de la comunidad internacional en Haití han representado uno de los peores y más claros fracasos implementados y ejecutados en el marco de cualquier cooperación internacional”, admitió la instancia continental.
La traducción no oficial de Acento sobre este texto publicado añade:
El telón de fondo son años de agitación política, una economía colapsada y, en los últimos doce meses, el asesinato del presidente Jovenel Moïse, además de un gran terremoto, una crisis migratoria (principalmente en la frontera entre Estados Unidos y México) y un creciente protagonismo de pandillas violentas.
Caminan como sonámbulos
Pese a todo esto, el liderazgo político de Haití y también los actores internacionales parecen que caminan sonámbulos hacia el desastre.
Lo más desconcertante es la dinámica paralizante de la toma de decisiones en dos ámbitos:
1) El estancamiento en la búsqueda efectiva de un consenso político haitiano. Los encuentros directos recientes entre el primer ministro interino, Ariel Henry, y el “presidente” designado (un reconocido exjefe del Banco Central, Fritz Jean) en torno a la alternativa de gobernabilidad propuesta y elaborada por el llamado "Acuerdo de Montana", no ha traído ningún alivio a la situación.
Tampoco lo han hecho las reuniones al interior de la propia coalición política de Henry, construida esta en torno a un acuerdo suscrito el 11 de septiembre de 2021 y que luce cada vez más frágil y que además ya enfrenta desacuerdos internos y con el liderazgo del Acuerdo de Montana.
2) Una postura ambivalente, si no superficial, por parte de los actores extranjeros clave y sus discursos en los foros multilaterales, donde se repite como mantra la muletilla “solución liderada por Haití” sin concresiones efectivas.
Esto se verifica en la ausencia de una visión política estadounidense creíble y también, en el escenario multilateral, en la reciente renovación poco entusiasta en el Consejo de Seguridad de la ONU del mandato de la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH).
En lugar de conducir a paso firme hacia una esperada “solución liderada por haitianos”, algunas de estas acciones -e inacciones- parecen estar sembrando más desconfianza y no solo entre los haitianos.
Las opciones de palabra preferidas de Henry apuntan a un acuerdo de gobierno por consenso, pero en la práctica parecen estar ahora mismo limitadas a que no vayan más allá de un trato que él quisiera imponer para mantener el control.
Paralelamente, la inercia de la comunidad internacional, así como la ausencia de una alternativa de gobierno práctica a Henry tras el asesinato de Moïse, le ha dado al primer ministro pocos argumentos para hacer algo distinto a lo que hace.
Coordinar eficientemente con el extranjero
Para muchos haitianos el problema radica en que, tras el colapso del Estado en la mayoría de las áreas del gobierno nacional, se ha ensayado en los últimos años probando con amplias coaliciones de actores políticos que intentan definir caminos para salir de la crisis, pero sin coordinar eficientemente con fuerzas en el extranjero.
La profundización de la crisis política y constitucional que caracterizó los últimos 18 meses previos al magnicidio de Moise dio lugar al nacimiento de una amplia plataforma de la sociedad civil: la Comisión para la Búsqueda de una Solución Haitiana a la Crisis (de la que surgió el Acuerdo de Montana a fines de agosto de 2021), que luego se amplió estableciendo lazos con una coalición de partidos políticos, el llamado Protocole d’Entente Nationale (PEN).
Presentarse como una alternativa de gobierno viable al de Henry pudo haberse visto al principio como una exageración, pero a la postre se proyectó como un plan de transición refrescante, con visión de futuro y plausible.
Sin embargo, la ausencia ya entonces de resultados concretos y una creciente sensación de impaciencia han dado lugar a llamados a otras plataformas de consenso, algunas de las cuales abogan por una participación más visible de la diáspora, por ejemplo, la recientemente organizada Conferencia de Compromiso de la Sociedad Civil Haitiana para una Transición Pacífica.
Diversos diplomáticos estadounidenses, por su parte, se han acercado a la sociedad civil haitiana, incluidos los integrantes del Acuerdo de Montana, y también han interactuado con la creciente diáspora de Haití, y lo han hecho empeñados en que Washington refuerce su apoyo a una efectiva “solución liderada por Haití”, en lugar de esperar a que surja mágicamente un resultado milagroso.
Llueven las críticas a la política de EEUU caracterizada por la ausencia de un marco de lineamientos a más largo plazo, lo que resulta evidente si se compara con otras inquietudes políticas centradas, por ejemplo, en Ucrania, Taiwán y el Medio Oriente, entre otras zonas, así como en la misma política interna estadounidense.
Esfuerzos fragmentados y desconexión con la realidad callejera
Ahora bien, es cierto que EEUU y otros actores internacionales clave están involucrados en Haití, pero lo están en un conjunto de esfuerzos fragmentados que dan la apariencia de un compromiso disperso. Por ahora, estos esfuerzos se han centrado correctamente en hacer frente -en algo- a la explosión de inseguridad, pero serán esfuerzos insostenibles sin un consenso político creíble.
En definitiva, sobre Haití persiste una desconexión política entre la diplomacia multilateral y la realidad callejera.
Por ejemplo, una cumbre internacional a nivel ministerial en julio último, organizada por el Gobierno de Surinám, reiteró su compromiso ante los numerosos desafíos de Haití, entre ellos “enfrentar la grave inseguridad, restaurar las instituciones democráticas y hacer que resucite el desarrollo económico del país”. Pero una vez más, nada claro sobre cómo se logrará hacer realidad cualquiera de estos objetivos.
A la par y también en julio, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó un año más el mandato de la BINUH y enumeró una larga lista de tareas, pero pocas indicaciones de cómo llevarlas a cabo.
Los elementos destacados de esa lista incluyen "abordar la violencia de las pandillas, garantizar y proteger los derechos humanos, abordar el tráfico ilegal de armas y los flujos financieros ilícitos y, lo más notorio, promover un proceso político liderado por haitianos que permita la celebración de elecciones tan pronto como las condiciones de seguridad y los preparativos logísticos lo permitan”.
Aunque en las últimas semanas ha habido un aumento en la capacidad de la Policía Nacional Haitiana (PNH) para golpear a integrantes de algunas de las varias redes de las pandillas más activas, la capacidad real del Gobierno para ir más allá de eso es en la actualidad más que limitada.
Condiciones previas
Cambiar esta realidad y lograr un enfoque sostenible contra la violencia en curso en Haití sugiere abordar dos condiciones previas:
1) Una primera condición es 'política', en el sentido de que no hay un camino sostenible de solución sin un proceso de diálogo nacional haitiano que genere credibilidad. Esto, sin minimizar la importancia del apoyo internacional a través de mantener un fondo multilateral de ayuda, especialmente con aportes canadienses y estadounidenses, entrenamiento francés para la conformación de una brigada especializada SWAT para la PNH y una venta canadiense pendiente (y urgente) de vehículos policiales. Sin embargo, todos estos esfuerzos no revertirán la marea en el corto plazo.
2) Otra condición previa es 'conceptual', en el sentido de que el alcance geográfico de los bandidos, su letalidad y el impacto económico que ocasionan son tales que la terminología que hace referencia a la "violencia de pandillas" es cada vez más insuficiente.
La acción de estos grupos armados de delincuentes es fluida, están compuestos por coaliciones en guerra con otras pandillas y todos aterrorizan territorios cada vez más amplios, especialmente en la región metropolitana de Puerto Príncipe, la capital.
Este crecimiento delictivo es fruto de años de gobernanza pública disfuncional (a nivel presidencial es notable), de la politización de la PNH y, en los últimos años, de la interacción táctica entre algunas pandillas y seguidores de determinados liderazgos políticos.
Fuerzas Armadas de Haití
La incapacidad de la PNH para cumplir su misión básica podría hacer que se potencien nacional e internacionalmente los esfuerzos por restablecer las Fuerzas Armadas de Haití que fueron disueltas el año 1995.
Una economía colapsada, la corrupción generalizada y el cinismo público también generalizado sobre la existencia de un “gobierno” han creado un terreno extremadamente fértil para el crecimiento de las pandillas.
Un populista manipulador
Una comunidad de jóvenes desempleados, en su mayoría hombres, sin casi ninguna alternativa viable, tendrían que tener la opción de convertirse en la base para la movilización política del futuro, pero en el escenario de lo posible hay algo que debería alarmar a todos: el surgimiento de un populista manipulador.
Caldo de cultivo hay para que irrumpa un conocedor de los medios y del potencial político que se cosecha con ímpetus autoritarios.
Aunque Haití no es El Salvador y aún no encaja en el concepto de Douglas Farah de un “Estado criminalizado”, los esfuerzos salvadoreños para negociar con los líderes de la pandilla MS-13 no solo fracasaron sino que se convirtieron en el trampolín para la violencia patrocinada por el Estado contra todos los opositores al régimen y la aparición de un “autoritario Millennial”, como el presidente Navib Bukele.
En este contexto de combate al crimen, se pueden vislumbrar en este ámbito cuatro líneas con apoyo internacional:
Primero, la continuación del apoyo táctico continuo a la PNH. Incluso los éxitos limitados tienen un efecto psicológico positivo en la propia PNH y proporcionan una sensación más positiva a nivel comunitario de que no todo está perdido.
Elecciones con seguridades mínimas
En segundo lugar, el apoyo diplomático y económico relacionado con la seguridad ayudará a dinamizar y sostener una estructura de gobierno de transición y, al hacerlo, también se identificarán las necesidades específicas, técnicas y de personal, relacionadas con la seguridad mínima para que puedan celebrarse elecciones en algún momento de esta incierta línea de tiempo
En tercer lugar, la ejecución más creíble del concepto de "reconstrucción" que surgió tras el terremoto de 2010, asegurando esta vez una mejora significativa de la infraestructura pública y lo que ella brinda en cuanto a un programa efectivo de empleos y de revitalización del sector productivo.
Una lección clave de la experiencia de 2010 es que tal esfuerzo requiere de un compromiso básico de las instituciones y de las capacidades haitianas en todos los niveles.
Rendición de cuentas
Y cuarto, con un poco de creatividad, sentar las bases para crear un aparato capaz de abordar la falta de rendición de cuentas y transparencia de Haití en la mayoría de los aspectos de la gestión pública.
Esto debería ir más allá del fortalecimiento de las instituciones judiciales y del estado de derecho. Lo que ahora existe dibuja un régimen de impunidad y violaciones generalizadas de los derechos humanos.
Todos estos esfuerzos podrían inicialmente visualizarse mejor en el contexto de una iniciativa regional del Caribe, tal vez aprovechando la membresía de Haití en la Comunidad del Caribe (CARICOM) y las tradiciones sobre el estado de derecho que existe en los países asociados.
Paralelamente, para los legisladores estadounidenses la existencia de la Ley de Fragilidad Global (GFA, por sus siglas en inglés) como marco operativo para Haití es más que oportuna; la principal virtud de esta norma es su cronograma de 10 años. Además hay consenso sobre la necesidad urgente de un cambio de política estadounidense sincronizado con la GFA.
Este cambio de política también pasa por la necesidad de que se acelere el proceso de nominación y confirmación de un embajador estadounidense en Haití y que, además, toque una vena potencialmente tóxica en EEUU: que los legisladores asuman que la proliferación de armas en Haití es gracias a la laxitud de normas estadounidenses al respecto.
Ya en macro, se alza como muestra del abismo que existe en la actitud de la comunidad internacional hacia Haití la declaración de la Secretaría General de la OEA del pasado 8 de agosto, que no deja dudas sobre la necesidad de un cambio profundo de rumbo.
“Los últimos 20 años de presencia de la comunidad internacional en Haití -dijo la OEA- han representado uno de los peores y más claros fracasos implementados y ejecutados en el marco de cualquier cooperación internacional”. Duro, pero un resumen esencialmente honesto.