El Gobierno español destituyó este martes a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, tras una fuerte polémica por el espionaje al que fueron sometidos independentistas vascos y catalanes, así como los teléfonos del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa y de Interior.
La titular de Defensa, Margarita Robles, de quien depende el CNI, negó hoy que Esteban fuera "destituida", sino "sustituida" por Esperanza Casteleiro, persona de su máxima confianza en el Ministerio y con experiencia amplia en los servicios secretos españoles.
En rueda de prensa, la ministra evitó así vincular este cambio a los fallos de seguridad o la presión de los soberanistas para que se asumieran responsabilidades por el espionaje.
Los partidos independentistas habían exigido a Sánchez depurar esas responsabilidades al más alto nivel, incluso con la dimisión o destitución de Robles. Los rumores sobre la salida de la jefa de los servicios secretos se multiplicaban desde hacía días.
Esteban había reconocido recientemente, en una comisión del Congreso, que el CNI había espiado a una veintena de dirigentes independentistas con la autorización judicial pertinente que exige la ley.
Infectados con Pegasus varios teléfonos del Gobierno
Al margen, los celulares de Sánchez y Robles fueron infectados con el programa de ciberespionaje Pegasus en mayo y junio del año pasado, según informó el Gobierno hace una semana, aunque se desconoce, aseguró entonces, el origen de esas intrusiones "ilícitas y externas".
Un informe del Centro Criptológico Nacional (CCN) presentado hoy en el Consejo de Ministros certifica que también en junio fue atacado el teléfono del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En los tres casos se extrajeron diversas cantidades de datos.
Preguntada sobre la posibilidad de que el Ejecutivo español pida explicaciones a Marruecos, ante la sospecha de que estuviera detrás de esos ciberespionajes, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se limitó este martes a recordar que los hechos están denunciados en la Audiencia Nacional de España; el Gobierno sólo se manifestará cuando sean constatados y fehacientes.
En aquellos meses de mayo y junio, las relaciones diplomáticas de España con Marruecos atravesaban un profunda crisis, ya reconducida.
El Gobierno había autorizado que el líder independentista saharaui, Brahim Gali, fuera hospitalizado en España en abril; diez mil personas entraron irregularmente en la ciudad norteafricana española de Ceuta desde Marruecos en mayo, y la embajadora marroquí en Madrid fue llamada a consultas por su gobierno.
Tensión con los independentistas
Pese a la insistencia de la prensa, Robles no concretó hoy los motivos del cambio en la dirección de los servicios secretos, y lo justificó como una decisión para reforzar el CNI.
Cuando falta mes y medio para la cumbre de la OTAN de Madrid, argumentó que se trata de dar impulso a la inteligencia española en momentos complicados, con la guerra en Ucrania, los ciberataques y nuevas amenazas híbridas, y escoger para ello a "personas preparadas y cualificadas" que aportan un plus de conocimiento.
Robles hizo una defensa cerrada del CNI; añadió que siente la "plena confianza" de Sánchez y, frente a las peticiones de los independentistas, aseguró que no piensa dimitir. También se mostró de acuerdo con la desclasificación de la documentación sobre el espionaje que reclama alguna formación independentista catalana.
El Gobierno español, una coalición de izquierdas entre los socialistas y Unidas Podemos, depende sistemáticamente del apoyo parlamentario de un puñado de pequeños partidos de nacionalistas y soberanistas vascos y catalanes.
Sin embargo, la tensión con el gobierno soberanista de Cataluña no afloja, y su portavoz, Patricia Plaja, advierte de que el relevo de Esteban no es suficiente y pide desclasificar documentos. Uno de los espiados fue el presidente regional catalán, Pere Aragonés, en una etapa anterior, cuando era vicepresidente.
La oposición de conservadores, extrema derecha y liberales entiende, por su parte, que el Gobierno sólo ha buscado contentar a los independentistas. El líder del Partido Popular (centroderecha), Alberto Núñez Feijóo, culpó a Sánchez de "debilitar al Estado" para su supervivencia política.
Unidas Podemos, que gobierna con los socialistas, rebajó el tono crítico de días anteriores y urgió a no cerrar la crisis en falso.