El plan del Gobierno conservador británico de enviar a Ruanda a migrantes que lleguen al Reino Unido por vías ilegales ha disparado la polémica a nivel nacional, pues numerosos diputados y organizaciones humanitarias cuestionan su legalidad, la ética y el coste.
El secretario de Estado Tom Pursglove declaró este viernes al canal ITV que el Ejecutivo empezará "pronto" a trasladar a los primeros solicitantes de asilo -en un principio varones solteros de los que concluya que en realidad son inmigrantes económicos- y mantuvo que el sistema será rentable para este país "a largo plazo".
El primer ministro, Boris Johnson, anunció el jueves el acuerdo por cinco años con Kigali como parte de su reforma migratoria destinada a "recuperar el control de las fronteras" tras el Brexit, en vísperas de unas elecciones municipales el 5 de mayo.
Futuro en Ruanda
El secretario de Estado dijo que el programa puede ampararse en la legislación vigente y no ha de esperar a que se apruebe el también controvertido proyecto de ley de Nacionalidad y Fronteras, por lo que podrá iniciarse "en los próximos meses".
El plan, sostuvo, pretende que las personas enviadas a Ruanda "puedan llevar una vida próspera" en el país africano, al tiempo que se rompe "el modelo de negocio de las bandas de traficantes" que fletan botes o camiones desde los campos de detención de Francia para pasar a Inglaterra por el canal de la Mancha.
Según el pacto alcanzado, Londres abonará a Kigali 120 millones de libras (145 millones de euros) para habilitar el programa de acogida y luego le pagará más por cada inmigrante recibido, un coste que la prensa cifra hoy en hasta 30.000 libras (36.200 euros) por cabeza.
Aunque se desconocen todos los detalles, el Ejecutivo ha indicado que de entrada enviará a África a los hombres llegados al Reino Unido por el canal desde principios de año a los que, según su criterio, no considere auténticos refugiados.
Ruanda, por su parte, analizará su situación con la intención de permitirles quedarse en ese país para construir una vida allí.
Cruel, ilegal y caro
Más de 160 organizaciones no gubernamentales condenaron ayer por "cruel y mezquina" la iniciativa, censurada también por diputados conservadores y el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, que la tildó de "impracticable" y con un coste "exorbitante".
Starmer opinó asimismo que es un "intento desesperado" de Johnson por desviar la atención de cara a los próximos comicios tras ser sancionado por la Policía por participar en fiestas ilegales en Downing Street durante la pandemia.
En su carta al primer ministro y a la titular de Interior, Priti Patel, las ONG exigieron que se abandone el programa ruandés y, en su lugar, se ofrezcan "soluciones humanas y eficaces" para quienes buscan refugio en el Reino Unido.
"Es una forma vergonzosamente cruel de tratar a la gente que ha venido en busca de protección, huyendo de la persecución o el conflicto", afirman.
Tanto estas entidades, incluida Amnistía Internacional, como los políticos subrayan el mal historial de protección de derechos humanos que tiene Ruanda y advierten de que el coste del plan será "astronómico" cuando se sumen todos los gastos de detención, transporte, escolta, legales o administrativos.
Las ONG se preguntan además si la gente será obligada a subirse al avión y si se contemplará el traslado de "supervivientes de tortura o de trata, niños y personas enfermas o con problemas graves de salud mental".
Johnson dijo en su presentación el jueves que el Reino Unido "cumplirá plenamente con sus obligaciones legales internacionales" e insistió en que Ruanda es "uno de los países más seguros del mundo" y "reconocido mundialmente por su historial de bienvenida e integración de migrantes".
Australia e Israel, que se cree que también tiene un pacto con Ruanda, son otros dos países que reubican en el extranjero a los inmigrantes en situación irregular, y Dinamarca estudia hacerlo.
En 2021, un récord de 28.526 personas llegaron a Inglaterra ilegalmente por el Canal de la Mancha, 8.404 más que en 2020.
Si bien esta cifra es minúscula comparada con los millones de refugiados que reciben otros Estados, el Gobierno de Johnson quiere reducirla para cumplir su promesa electoral.
En un contexto de hostilidad hacia la inmigración, los defensores de los derechos humanos y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) llaman la atención sobre el hecho de que los países ricos han abierto las puertas a refugiados del conflicto en Ucrania mientras se las cierran a otros de otras razas. (Judith Mora)