El incendio de un tribunal de Haití, luego del asesinato de un detective de la policía por parte de la pandilla más grande del país, ha llevado a la policía y al poder judicial, ya bastante débiles, al borde del colapso.
Un reporte publicado afirma InSight Crime, la fundación dedicada al estudio y a la investigación de amenazas, para la seguridad nacional y la ciudadana en América Latina y el Caribe, el 29 de julio, el jefe del Sindicato Nacional de Policías Haitianos (Syndicat National des Policiers Haïtiens, Synapoha), Lionel Lazare, reprochó a las autoridades por su falta de acción para proteger a la familia del inspector de policía Réginald Laleau, quien fue asesinado el 24 de julio.
Según medios locales, la pandilla más grande del país, 400 Mawozo, asesinó a tiros a Laleau cuando asistía a un servicio religioso. El homicidio se produjo después de una serie de enfrentamientos entre 400 Mawozo y la policía ese mismo día más temprano, según informó el Jamaica Observer.
La esposa de Laleau, Damouche Joseph, dijo que ella y su familia se habían visto obligados a esconderse debido a los temores de que la pandilla también viniera tras ellos. Según Lazare, las autoridades no han hecho ningún comentario sobre el asesinato de Laleau, y la familia ha recibido muy poco apoyo.
Los comentarios de Lazare se produjeron tras otra semana de violencia en Haití, en la que un tribunal fue incendiado en Croix-des-Bouquets, cerca de la capital de Haití, Puerto Príncipe, presuntamente por parte de miembros de 400 Mawozo. Esta acción se dio como respuesta a las operaciones policiales luego del asesinato del inspector Laleau, informó Haití Libre.
Este incendio fue el segundo ataque de este tipo en un lapso de seis semanas, y causó graves daños al tribunal, así como la pérdida de documentos legales. En junio, un tribunal del centro de Puerto Príncipe fue saqueado por otra pandilla que quemó archivos judiciales y pruebas, según Associated Press. El tribunal permanece en parte bajo el control de la pandilla.
Análisis de InSight Crime
Los atentados contra las autoridades y el segundo ataque a los tribunales en un corto período llaman la atención sobre la profunda crisis en la que se encuentran tanto la policía como el sector judicial del país.
La violencia, causada por organizaciones criminales como 400 Mawozo, le ha costado caro a la fuerza policial del país, pues 32 policías fueron asesinados entre principios de este año y el 28 de julio.
Por otro lado, los ataques a los tribunales han desmoralizado aún más a la inoperante institución.
En febrero de este año, cuatro organizaciones de derechos humanos de Haití y Estados Unidos presentaron un informe sobre la difícil situación del poder judicial de Haití ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH). El informe señala que el sistema judicial había empeorado con respecto a una evaluación de 2016.
“El poder judicial continúa en un estado de disfunción crónica, lo que se debe, entre otras razones, al aumento de la interferencia política, las amenazas contra los actores judiciales, la falta de recursos y las persistentes fallas para atender a los más pobres y vulnerables de Haití y ser más accesible para ellos”, se lee en el informe.
La impunidad generalizada, la corrupción desenfrenada y la escasez de personal llevan, según el informe, a que se avance poco en los casos que cursan en las cortes. Y para colmo de males, los tribunales del país enfrentan la amenaza adicional de incendios y saqueos.
Hasta el momento no ha habido indicios de una respuesta estatal tangible, ya que las autoridades no han logrado recuperar el control total de la corte saqueada en el centro de Puerto Príncipe.
La policía haitiana se enfrenta a una ola de violencia en la comuna de Cité Soleil, en Puerto Príncipe, donde los enfrentamientos entre pandillas causaron la muerte de cientos de personas en el mes de julio. El alcalde de Cité Soleil, Joël Janéus, dijo a Le Nouvelliste que el Estado había abandonado a la comuna.