Las autoridades de Nicaragua despojaron este miércoles de la nacionalidad nicaragüense a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, al excomandante de la revolución Luis Carrión y otros sandinistas.

También a la veterana defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, al excanciller Norman Caldera, al exmagistrado sandinista Rafael Solís, al exembajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields, al periodista Carlos Fernando Chamorro y a otros 85 nicaragüenses acusados por delitos considerados "traición a la patria", según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.

En la resolución, leída por el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez, se ordena además "la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscrita a su favor, ya sea a título personal, o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, para responder por los delitos cometidos".

LOS DECLARAN PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA

Asimismo, a los acusados se les declaró prófugos de la justicia.

"Ténganse a los (94) acusados por traidores a la patria por lo que se les impone las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, respectivamente", señala la sentencia.

El magistrado Rodríguez dijo que los 94 nicaragüenses habían sido acusados por el Ministerio Público por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y de la comunicación, todo en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.

Los magistrados de apelaciones de Managua explicaron que tomaron esa decisión en base a la "Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense", que fue aprobada el jueves pasado de forma expedita, así como la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada el 22 de diciembre de 2020.

Las autoridades judiciales notificaron de esa sentencia al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Gobernación y al Consejo Supremo Electoral.

LOS 94 DESPOJADOS DE SU NACIONALIDAD

Además de los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y el obispo Silvio Báez, los otros nicaragüenses despojados de su nacionalidad son el excomandante de la revolución Luis Carrión, la veterana defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, el excanciller Norman Caldera, el exmagistrado sandinista Rafael Solís.

También el exembajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields, el exvicecanciller Salvador Stadthagen, el académico Ernesto Medina, el exministro de Educación Humberto Belli, la investigadora Elvira Cuadra, los opositores Kitty Monterrey, Eliseo Núñez, Enrique Sáenz, y Edipsia Dubón.

Además los periodistas Carlos Fernando Chamorro, Sofía Montenegro, Luis Manuel Chavarría Galeano, Jennyfer Ortiz, Lucía Pineda Ubau, Patricia Orozco, Camilo de Castro, y el corresponsal del diario español El País Wilfredo Miranda.

La lista incluye a dos antiguos colaboradores del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega: Julio López y Mónica Baltodano; defensores de derechos humanos, sacerdotes, ambientalistas, disidentes sandinistas, estudiantes, empresarios, comerciantes, entre otros.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

Exreos denuncian deterioro político en Nicaragua

Los ex prisioneros nicaragüenses desterrados a EE.UU. hace una semana, un grupo de 222 de los que cerca de 80 llegaron a Miami desde Washington, denunciaron este miércoles en esa ciudad del sur de Florida un empeoramiento de la situación política en su país y dijeron que valoran la oferta de nacionalidad de España.

Cerca de una decena de esos ex prisioneros nicaragüenses aprovecharon una conferencia de prensa tras reunirse con la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, que les ofreció apoyo para iniciar una nueva vida en Florida, para criticar el empeoramiento de la situación en su país.

Isaac Isaias Martínez, uno de los 222 nicaragüenses que el pasado jueves llegaron a EE.UU. después de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, enviara en un avión a Washington a un grupo de presos políticos detenidos en los últimos años, dijo este miércoles a EFE que ya trabaja para combatir al Gobierno de Managua desde Miami.

"La situación política es cada vez más difícil, pero ya trabajo para luchar desde Miami a través de las redes sociales", destacó Martínez, que llevaba 2 años encarcelado, antes de su destierro.

Martínez, acusado de conspiración y traición a la patria, entre otros cargos, explicó que hasta que fue enviado a prisión era el director de la emisora La Voz del Río San Juan, desde donde criticaba la política del Gobierno.

"Voy a continuar mi lucha desde la plataforma de Facebook para continuar el trabajo que realizaba en La Voz del Río San Juan", dijo.

Martínez se reunió este miércoles con la alcaldesa del condado de Miami-Dade, quien criticó con firmeza al Gobierno de Nicaragua por desterrar a sus compatriotas, que llegaron al sur de Florida por tener familiares o allegados en esta parte de EE.UU.

Levine Cava dio la bienvenida al colectivo y subrayó el apoyo "a la democracia y libertad que se da desde Estados Unidos", país que, como aseguró, se beneficia económicamente de la llegada de personas de Latinoamérica.

"Hoy renovamos nuestro compromiso con la libertad", dijo Levine Cava, tras pedir la colaboración de quienes quieran ayudar a los nicaragüenses como "patrocinadores" por medio de la acogida de estas personas que, de momento, viven en hoteles a la espera de que se regularice su estatus migratorio.

Otro de los nicaragüenses llegados a Florida es Víctor Manuel Soza, que dijo a EFE que llevaba 3 años en la cárcel cuando hace una semana fue subido a un avión.

Soza, de 60 años, explicó que fue encarcelado por su labor como activista en las redes sociales y que ahora teme por su esposa y tres hijos, que ha dejado en Nicaragua.

"España nos abrió sus puertas y es una posibilidad en la que pienso", destacó, tras insistir en que la situación en su país no hace sino empeorar día a día.

Resaltó que a ese empeoramiento de la situación contribuye el papel que juega la vicepresidenta, Rosario Murillo, quien, como dijo, ha tratado de colocar a personas afines en cargos de responsabilidad, lo que no ha hecho más que complicar la situación.

Yubrant Suazo, miembro del Consejo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, destacó que ahora la prioridad es pedir la libertad de todos los presos políticos en Nicaragua y que, al igual que parte de los 222 nicaragüenses desterrados, valora la oferta de España.

Estados Unidos denunció este lunes que aún quedan muchos presos políticos en Nicaragua, después de que 222 de ellos fueran excarcelados y desterrados la semana pasada a territorio estadounidense.

Nicaragua atraviesa una crisis política desde 2018 acentuada tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.