El 28 de noviembre de 2021, mientras Víctor Manuel Pérez y Francisco Agüero se casaban en Costa Rica, en Nicaragua la mujer trans Leslie Olivera vendía su cuerpo al mejor postor. Dos escenas opuestas que reflejan cómo las políticas públicas de un país pueden facilitar la felicidad o llevar a la resignación a las personas LGBTI+.

Pérez y Agüero son jóvenes profesionales que se juraron amor en medio de las adversidades comunes de las personas LGBTI+, pero el poder casarse no solo les dio un nivel de felicidad y compromiso con el que antes no contaban, también les permitió hacer planes de familia, tener bienes en común, establecer un negocio juntos y expresarse abiertamente como matrimonio.

El matrimonio costarricense incluso puede adoptar hijos, si así lo desean, adquirir créditos en pareja o heredar como cónyuge.

Del otro lado de la frontera Olivera no solamente no puede casarse con la persona de su elección, sino que tampoco puede reunirse con otros miembros de la comunidad LGBTI+ en las calles en busca de aceptación.

Según la abogada especializada en temas de género, Argelis Montano, el matrimonio igualitario no se limita a "la pareja feliz", también está relacionado con derechos y oportunidades que se adquieren o se dejan de gozar.

Si el matrimonio igualitario es tema de debate en algunos países y no resuelve del todo el problema de la aceptación, en Nicaragua ni siquiera es una posibilidad, dado que la crisis social ha impedido que la comunidad LGBTI+ se exprese con toda la fuerza de sus colores debido al rigor con que gobierna el sandinista Daniel Ortega, afirmó un activista a EFE que prefirió omitir su nombre.

"Les ha afectado porque en los Días de la Diversidad Sexual, en años anteriores, hacían marchas, festivales, pero de un periodo para acá no se puede hacer. Para ellos (comunidad LGBTI+) es negativo, porque con los carnavales, con las marchas, se visualizan, dan a conocer a la sociedad que están ahí, que quieren participar y que están en este mundo viviendo y queriendo ser aceptados", explicó.

Contexto que favorece la violencia

Según el activista, los miembros de la comunidad LGBTI+ no siempre denuncian agresiones en su contra en Nicaragua, ya que no son tomados en serio por las autoridades policiales, lo que los convierte en personas vulnerables ante la violencia.

"En nuestro Código Penal existe el delito de discriminación, pero si una persona de la diversidad va a interponer alguna denuncia, la denuncia no es captada, porque es gay, es lesbiana, porque anda en la calle, que toma licor, entonces, no es bien visto en la Policía Nacional", sostuvo.

A pesar de que Nicaragua derogó en 1994 la "sodomía", que sancionaba la homosexualidad, sus efectos han sido mínimos, de acuerdo con el activista.

Un estudio realizado por el programa feminista La Corriente documentó 70 incidentes sufridos por la comunidad LGBTI+ en Nicaragua en 2021, 67 de los cuales fueron agresiones, incluyendo 40 en contra de personas trans.

"Las agresiones y actos de discriminación que a diario se cometen en contra de lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas trans nos hablan claramente de una sociedad que poco ha avanzado en el reconocimiento y el respeto a los cuerpos disidentes", dijo La Corriente.

Ese estudio es uno de los más recientes sobre el tema, en un país donde las autoridades han cancelado más de 3.000 ONG, según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), incluidos organismos que promovían aceptación e inclusión social de la comunidad LGBTI+.

Costa Rica, la otra cara

Pérez, un nicaragüense que cruzó la frontera para huir de la crisis de su país, suspira con alivio, ya que no solo encontró al amor de su vida en Costa Rica, sino que además pudo casarse con él.

"No tenía planificado en ningún momento casarme, hasta que vine a Costa Rica, un país más abierto, aunque conservador, un país que ha permitido, no digo accedido porque no es un derecho que nos han regalado, tener los mismos derechos", sostuvo.

Desde que entró en vigor el matrimonio igualitario en Costa Rica, el 26 de mayo de 2020 gracias a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que lo determinó como un derecho humano, un total de 843 parejas de la comunidad LGBTIQ+ han legalizado su vida en pareja, menos del 3 % de las 31.861 bodas heterosexuales, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos costarricense.

Un miembro de la comunidad LGBTI+, que también prefirió no dar su nombre, se mostró resignado frente al contraste entre ambos países.

"Sabemos que en Nicaragua la identidad de género no está permitida, todavía no hay una ley que acepte nuestro cambio de identidad", comentó.

En Costa Rica, Pérez y Agüero se muestran satisfechos cada vez que hablan de sus proyectos conjuntos. Pero en Nicaragua, Olivera, quien ha sufrido agresiones, está convencida de que la legislación, tal como está, no le favorece "en nada" como miembro de la comunidad LGBTIQ+.