La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez fue condenada este viernes a 10 años de cárcel por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución cuando asumió el poder en 2019 en medio de una crisis social y política.
Luego de deliberar por más de ocho horas, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz determinó que Áñez cumpla la condena en la cárcel de Miraflores en la que está detenida de manera preventiva desde hace más de un año.
El Tribunal también anunció una sentencia de 10 años de cárcel contra el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, y el excomandante de la Policía Yuri Calderon, de quienes se desconoce su paradero.
En la mañana de este viernes los jueces del tribunal se trasladaron hasta la cárcel para tomar la última declaración de Áñez y luego hicieron lo propio en la prisión donde se encuentran dos exjefes militares acusados de ayudar a la exmandataria transitoria a llegar al poder.
Con estas diligencias el tribunal cerró la fase de debates del juicio y pasadas las 14.00 hora local (18.00 GMT) los jueces anunciaron que pasaban "a deliberar de manera ininterrumpida hasta dictar la correspondiente resolución, debiendo estar las partes procesales conectados vía virtual".
Riesgo de fuga
Áñez tuvo que enfrentar el juicio de manera virtual desde la cárcel, pues según las autoridades era una medida preventiva por la pandemia y luego argumentó que existía un "riesgo de fuga", pese a los insistentes pedidos de su defensa para que pudiera asistir personalmente a las audiencias.
"No fue un Gobierno fácil porque yo tuve el Gobierno, pero nunca tuve el poder, tuve bloqueos en la Asamblea Legislativa, por lo tanto era un Gobierno simplemente de transición", expresó Áñez en su declaración ante el juez.
La exmandataria interina manifestó que ella no tenía la "ambición" de asumir la Presidencia y que solo cumplió su deber y que, a su juicio, el "único ambicioso" fue el expresidente Evo Morales "que no respetó la Constitución" desde 2016 cuando hizo caso omiso a los resultados de un referéndum que le negaban aspirar a un cuarto mandato consecutivo.
A lo largo de las audiencias la exmandataria interina presentó varios quebrantos de salud, que según la parte acusadora eran maniobras para dilatar el juicio.
Jeanine Áñez fue detenida el 13 de marzo de 2021 en un operativo encabezado por el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, en su natal Beni y luego fue llevada a La Paz en un avión militar bajo un fuerte resguardo policial.
En principio la Justicia le abrió una causa por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración por la crisis postelectoral de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que para el oficialismo fue un "golpe de Estado".
De ese caso se derivó el proceso "golpe de estado II", por el que hoy fue condenada.
Jeanine Áñez asumió el 12 de noviembre de 2019 el mando interino del país como segunda vicepresidenta del Senado, dos días después de la renuncia de Morales y de todos los funcionarios en línea de sucesión Presidencial, y en medio de una crisis política y social que estalló tras los comicios de octubre de ese año entre denuncias de fraude a favor del entonces presidente.
Opositores bolivianos rechazan condena
Los principales líderes de la oposición boliviana rechazaron este viernes la condena de 10 años de prisión contra la expresidenta interina Jeanine Áñez y acusaron al órgano Judicial de haber actuado sin independencia.
"El masismo acaba de cometer uno de los crímenes políticos más infames de la historia boliviana, al usar al sistema de justicia servil para condenar sin ninguna prueba ni delitos a una expresidenta constitucional", escribió en Twitter el expresidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005).
"El retroceso de la democracia y del estado de derecho es vergonzoso", agregó el también líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana.
El expresidente Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002) calificó en Twitter de "infame" la sentencia y denunció que a Áñez se le negó un juicio de responsabilidades y le fue vulnerado el "principio de legalidad".
"La procesan dopada y la condenan por 'inconstitucional', cuando fue avalada" por el Tribunal Constitucional, el Congreso, controlado entonces por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) "y reconocida por comunidad internacional", agregó Quiroga.
El gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, consideró en sus redes sociales que "la justicia actuó como brazo operativo del MAS" y "organizó un proceso ficticio para desconocer la lucha legítima de todo un pueblo en contra del fraude electoral de Evo Morales".
"Los 21 días no fueron un golpe de Estado, fue el despertar de los ciudadanos para salvar la democracia. El abuso de la justicia masista al condenar a la expresidenta Jeanine Áñez no cambiará en nada esa verdad", añadió Camacho, quien desde la presidencia del Comité Pro Santa Cruz lideró en 2019 las protestas ciudadanas contra el presunto fraude.
Esa entidad cívica lamentó en un comunicado que el MAS y "su justicia corrompida" dieran "una nueva estocada" al sistema democrático y judicial del país con un "vergonzoso fallo que solo pone en evidencia la falta de independencia de los poderes del Estado".
El comité reiteró la denuncia de que "Evo Morales y sus cómplices" cometieron un "monumental fraude" en los fallidos comicios generales de 2019 y "huyeron cobardemente del país".
La entidad defendió que Áñez asumió la Presidencia "legal y constitucionalmente" tras una "cadena de renuncias" y sostuvo que "la mentira descomunal que intenta imponer el MAS no la cree nadie".
El partido opositor Unidad Nacional expresó en un comunicado su rechazo a una sentencia emitida por "jueces manipulados por el poder" y denunció que en el proceso se cometió "un abuso tras otro", empezando por procesar a una expresidenta por la vía ordinaria cuando se le debió iniciar un juicio de responsabilidades.
También cuestionó que se decida "qué pruebas y qué testigos podían presentar los acusados" y que las audiencias se desarrollen sin su presencia física en el juzgado, entre otros.
A prisión por asumir el poder en 2019
La expresidenta interina Jeanine Áñez es la primera condenada por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia en 2019, en un proceso que se desarrolló por la vía ordinaria y que para ella es un "legado de la ignominia, el abuso y la persecución política".
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz la condenó a 10 de años de cárcel, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución cuando asumió la Presidencia transitoria en 2019.
Áñez tuvo que enfrentar el juicio desde la cárcel en la que está detenida de manera preventiva desde hace más de un año, pues según las autoridades existía "riesgo de fuga" y pese a que su defensa exigió la presencia física de la exmandataria en el tribunal en el que se desarrolló el caso.
Este viernes en su última declaración Áñez cuestionó que se le haya negado "un debido proceso", le acusaron de delitos "que no ha cometido", no le permitieron defenderse en libertad y que ese tribunal no tenía la competencia de juzgarla porque en su calidad de expresidenta le correspondía un juicio de responsabilidades, que también le negaron.
La exmandataria interina presentó varios quebrantos de salud a lo largo del juicio que fue instalado en abril de este año y que fue aplazado en al menos dos ocasiones debido a sus crisis de salud y algunos recursos que planteó su defensa por observaciones a los procedimientos de la corte encargada del caso.
El "calvario" de Áñez empezó el 13 de marzo de 2021 cuando en un operativo, encabezado por el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, y varios funcionarios de la Fiscalía, fue arrestada en su natal Beni y luego fue llevada a La Paz en un avión militar bajo un fuerte resguardo policial.
En principio la Justicia le abrió una causa por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración por la crisis postelectoral de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que para el oficialismo fue un "golpe de Estado".
De ese caso se derivó el proceso "golpe de estado II", por el que hoy fue condenada.
El encarcelamiento de Áñez ha estado marcado por problemas en su salud como hipertensión, crisis nerviosas y depresión, con momentos en los que se provocó lesiones o la huelga de hambre que mantuvo por más de dos semanas para exigir poder defenderse en libertad.
Jeanine Áñez asumió el 12 de noviembre de 2019 el mando interino del país como segunda vicepresidenta del Senado, dos días después de que la renuncia de Evo Morales y de todos los funcionarios en línea de sucesión presidencial.
Áñez era, hasta ese entonces, una política con poca relevancia que tuvo que activar el mecanismo de sucesión, sin el quórum necesario en el Parlamento, donde la mayoría le pertenecía al partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), acción que fue respaldada en su momento por el Tribunal Constitucional tras una interpretación a la norma sobre casos de vacío de poder.
Al parecer Áñez presentía su nuevo futuro. Al finalizar su mandato interino en 2020 dijo que no tenía intenciones de salir de Bolivia y que ante un eventual proceso en su contra estaría disponible para responder.
La abogada de profesión y oriunda de San Joaquín, una pequeña población del departamento amazónico de Beni, gobernó el país durante cerca de un año, mandato que fue extendido ante la imposibilidad de celebrar elecciones por la pandemia.
Áñez fue presentadora de televisión e inició su carrera política en 2006 cuando fue electa representante departamental en la Asamblea Constituyente que redactó la nueva Constitución Política del Estado promulgada en 2009 por Evo Morales.
En 2010 fue elegida senadora por el departamento de Beni en representación de la desaparecida alianza Plan Progreso y Convergencia Nacional.
En 2015 asumió su segunda legislatura, en la que se opuso a un cuarto mandato de Morales y centró su trabajo para prevenir la violencia en contra de la mujer.
En 2020 siendo aún presidenta interina se presentó a las elecciones presidenciales de 2020, luego de que en varias ocasiones dijo que no lo haría, pero declinó su aspiración al reconocer que su partido se ubicaba cuarto en las encuestas.
Posteriormente en 2021 se presentó como candidata a las elecciones subnacionales de marzo de ese año para la Gobernación de Beni, pero nuevamente la suerte no estuvo a su favor y quedó de tercera en las votaciones.
Áñez aún debe responder en otras causas en su contra como el caso "golpe de Estado I" y un proceso por responsabilidades que debe aprobar el Parlamento. (Con informaciones de EFE y Europa Press)