La ruta hacia un nuevo Haití pasa por garantizar que los nuevos líderes políticos no tengan más opción que actuar de manera decente, transparente y dentro de la ley. Para llegar a esta línea de partida deben ser castigados los responsables de la situación actual, pero son estos mismos señalados quienes deben ayudar a que ello suceda para que así el país avance y se instale en el punto cero de un nuevo inicio.
Esta es la síntesis de un artículo publicado en las últimas horas en la revista estadounidense de relaciones internacionales Foreign Affairs publicada bimestralmente por el Council on Foreign Relations (CFR), con sede en Nueva York, publicación que este año está celebrando un siglo de existencia.
El artículo, titulado "Estado de parálisis de Haití. Cómo romper la relación mortal entre la política y el crimen", y escrito por Renata Segura, titular de la Dirección Adjunta de Programas para América Latina y el Caribe de International Crisis Group, advierte que Haití recibirá dinero del exterior cuando llegue a esa línea de partida y esos recursos saldrán de las billeteras de los donantes que aún requieren ser convencidos de que esta vez no habrá corrupción ni negligencia.
El texto comienza por poner en contexto las circunstancias que ahora mismo tienen a Haití paralizado, con el primer ministro, Ariel Henry, señalado en crímenes como tantos otros políticos, jueces, policías, etc., y solo en sus últimos párrafos (los que Acento traduce a continuación) Renata Segura expone esa y otra alternativa de solución que vislumbrada y que apunta tiene en Guatemala un antecedente.
En Haití, el nudo gordiano es político. Si bien sus ciudadanos han dejado en claro que la solución a la crisis actual debe ser dirigida por Haití, y la mayoría desconfía de otra intervención internacional fallida, los socios extranjeros del país inevitablemente desempeñarán un papel importante en cualquier intento de resolverlo.
Una forma en que la comunidad internacional podría alentar la transición política y la reforma de la seguridad para que se sirvan mutuamente, en lugar de competir por los escasos recursos y la bendición diplomática, sería mediante el apoyo a la creación de una oficina conjunta especializada en Haití y la ONU encargada de enjuiciar a altos funcionarios, policías y jueces acusados de delitos graves, inspirado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que ayudó con éxito al Estado a llevar ante la justicia casos de corrupción y otros delitos de alto nivel.
Pero el final abrupto de la comisión guatemalteca demostró que este tipo de mecanismo judicial altamente intrusivo prosperará o morirá dependiendo de la voluntad del gobierno anfitrión.
Es poco probable que los donantes desembolsen los recursos para una empresa ambiciosa como esta a menos que sepan que el Estado haitiano estará comprometido con su éxito.
Sin una presión significativa, es poco probable que el primer ministro Ariel Henry apoye este tipo de equipo híbrido dadas algunas de las acusaciones en su contra.
Hay otras formas en que el estancamiento político actual y la lucha por formar un gobierno de transición podrían alentar una mayor muestra de compromiso para poner fin a la impunidad y detener la violencia. Si Henry y sus aliados pudieran llegar a un acuerdo para crear un gobierno viable, el arreglo podría incluir cláusulas de supervisión que establecerían ciertos puntos de referencia.
Para empezar, un gobierno recién formado debería responsabilizar a quienes robaron dinero del esquema Petrocaribe, un programa bajo el cual los países del Caribe pudieron comprar petróleo venezolano subsidiado a precios muy bajos para poder venderlo por una mayor ganancia y utilizar el resultado-dinero en proyectos de infraestructura.
Unos 2.000 millones de dólares, estima el Tribunal Superior de Cuentas de Haití, fueron malversados durante la participación de Haití en el programa.
Tanto este tribunal como el Senado haitiano han llevado a cabo investigaciones en profundidad que describen cómo estos recursos desaparecieron en bolsillos privados, incluido los de (el recientemente asesinado presidente Jovenel) Moïse.
Un mecanismo de justicia conjunto de las Naciones Unidas y Haití, en estrecha cooperación con el apoyo de las fuerzas del orden internacionales, podría liderar el camino para hacer que los culpables rindan cuentas.
El papel descomunal que los actores extranjeros han jugado en Haití a lo largo de su historia no hace que el compromiso internacional en el país sea sencillo, ni siquiera bienvenido, pero los haitianos no pueden aliviar su crisis actual sin el apoyo y el aliento del exterior.
La experiencia técnica y los recursos para reforzar las capacidades de investigación de las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia de Haití serían un paso significativo hacia la restauración de una competencia política que sea justa en lugar de sucia, así como para mejorar la legitimidad del Estado.
Ni la inestabilidad política ni las amenazas a la seguridad pueden abordarse de manera aislada. La creación de un gobierno de transición estable es un primer paso vital, pero el único camino a seguir es un compromiso real para acabar con las políticas depredadoras del pasado.